El difícil camino que le espera a Sergio Fajardo en la Contraloría

Fajardo atraviesa el momento más amargo de su carrera política de cara al 2022. Un fallo de responsabilidad fiscal en su contra por omisión por parte de la Contraloría General, tras el escándalo de Hidroituango, se convierte en una espada de Damocles en su contra. Una cosa es el exgobernador de Antioquia imputado durante el primer semestre de 2021, pero otra bien distinta es con una decisión en su contra en primera instancia.

El exgobernador de Antioquia insiste en su inocencia y en que se defenderá hasta último momento, pero el escenario para él en el organismo de control es espinoso, lo suficiente para que varios abogados expertos en derecho fiscal consultados por SEMANA coincidan en que difícilmente saldrá bien librado.

La primera instancia en su contra la decidió la Contraloría Delegada para Investigaciones Especiales y la segunda estará a cargo de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General, ambas instancias bajo la sombrilla y el poder del contralor Carlos Felipe Córdoba, quien convirtió el escándalo de Hidroituango en una de las investigaciones más sonadas de su administración, a escasos meses de concluir.

En ese orden de ideas, la suerte de Fajardo está cantada, excepto que algo extraordinario ocurra. El problema para el exgobernador es que enfrenta una campaña presidencial estrecha, donde él se sostiene en el segundo lugar de intención de voto después de Gustavo Petro, y este tipo de decisiones juegan en su contra.

Lo peor es que los tiempos no parecen estar de su lado. Actualmente, el equipo jurídico del exmandatario adelanta el recurso de reposición y apelación de la decisión fiscal. Y aproximadamente en tres meses, el organismo fiscal podría confirmar la decisión de primera instancia o absolver a Fajardo.

Si la decisión sale a su favor, el fallo se convertiría en un trofeo para el antioqueño, quien aprovechará para insistir en que, como funcionario público, ha sido investigado, pero siempre ha salido victorioso ante los organismos judiciales, lo que le podría, incluso, sumarle puntos en su carrera política. Si la Sala Fiscal confirma la decisión de primera instancia, la carrera política para Sergio Fajardo podría frustrarse al menos en la próxima contienda.

La razón obedece a que un fallo de segunda instancia tiene efectos jurídicos casi de inmediato. Su nombre aparecería en el boletín de responsables fiscales y le genera una inhabilidad para ocupar cargos públicos a menos de que se reintegre la totalidad de los recursos del daño causado en Hidroituango, es decir, 4,33 billones de pesos, una cifra que difícilmente se podrá pagar. El problema, en este caso, es que las partes no tienen mayores activos para recuperar parte del dinero.

Si confirman el fallo contra Fajardo, él no se quedaría con los brazos cruzados. Podría acudir al Consejo de Estado para que deje en firme o tumbe la decisión de la Contraloría, pero eso no ocurrirá en cuestión de meses. Las decisiones del Alto Tribunal pueden llegar a tomarse hasta los tres y cuatro años, lo que no favorecería al candidato paisa.

Otra de las salidas es solicitar medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una alternativa que seguramente la defensa jurídica de Fajardo ya está explorando. Él, por ejemplo, podría pedir una medida de protección alegando que le están afectando sus derechos políticos porque tiene una aspiración política de público conocimiento antes de que iniciara el proceso contra Hidroituango, y sus delitos están siendo truncados por una decisión de una autoridad administrativa (Contraloría), y no por un juez.

A Gustavo Petro le favoreció esa medida. Sin embargo, como podría ocurrirle a Fajardo, la decisión llegó tarde, cuando el jefe de la Colombia Humana ya no era Alcalde de Bogotá. En el caso del antioqueño podrían hallarle la razón, pero cuando haya pasado la campaña política y haya perdido la oportunidad de competir en el 2022.

Fajardo tendría una opción más: instaurar una tutela contra el posible fallo en su contra argumentando que la decisión le generó un perjuicio irremediable porque está inhabilitado y cuando se pronuncie el Consejo de Estado no podrá aspirar a la presidencia.

Fajardo dedicará los nueve meses restantes de su carrera presidencial a defenderse, a dar explicaciones a la opinión pública y a tratar de avanzar en su aspiración, seguramente epicentro de ataques por parte de sus opositores que aprovecharán la decisión fiscal en su contra para poner en entredicho su nombre.

Además, la Fiscalía también acusó a Fajardo ante la Corte Suprema por la firma de un préstamo económico cuando fue gobernador de Antioquia que, al parecer, no contó con estudios económicos y el departamento terminó perdiendo recursos por la fluctuación del dólar.

Estas investigaciones le restan al exmandatario y sin duda podrían llevar a sus contrincantes de la Coalición de la Esperanza, e incluso al propio Alejandro Gaviria, a aventajarlo en los próximos meses.