¿Qué plata le destinará el Gobierno Duque a la paz en el 2021?

Cuando se firmó la paz con las Farc, una de las grandes inquietudes que surgió tuvo que ver con los recursos necesarios para sacar adelante el acuerdo suscrito con la extinta guerrilla. En 2018 se calculó que el costo total ascendería a 129,5 billones de pesos en los próximos 15 años. Una cifra mayúscula, teniendo en cuenta que algunos de los temas implican saldar deudas que arrastra el país desde hace décadas.

En esencia, los recursos tienen que llegar a los seis puntos que constituyen la columna vertebral de los diálogos con las Farc. Es decir, reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, e implementación, verificación y refrendación.

Ahora, la firma del acuerdo en el Teatro Colón entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, cumplirá cuatro años. Y ha surgido una discusión por cuenta del presupuesto para la paz en 2021.

Las alarmas sonaron el 25 de agosto a raíz de un informe que presentó el alto consejero presidencial Emilio Archila, responsable de la estabilización y consolidación de los acuerdos, ante la Comisión Primera de la Cámara.

Ese día, Archila reflejó en sus cuentas una gran diferencia entre los dineros solicitados al Ministerio de Hacienda para el próximo año y los que finalmente quedaron asignados en el presupuesto general de la Nación que discute el Congreso.

Para nadie es un secreto que, por cuenta de la pandemia, el margen fiscal del país cambió drásticamente. Los cálculos de la Dian indican, por ejemplo, que este año se podrían dejar de recaudar unos 24 billones de pesos, un hueco que el Gobierno trata de cubrir a punta de endeudamiento y que, seguramente, intentará tapar con una reforma tributaria el año próximo. En ese contexto, varios sectores le han exigido al Gobierno adelgazar al máximo los gastos de funcionamiento e, incluso, pensar en cerrar delegaciones diplomáticas en países donde realmente no se necesitan.

Archila divulgó las cifras de lo que el Gobierno llama la implementación de la política de paz con legalidad. Y entre lo requerido y lo asignado hay evidentes diferencias. Por ejemplo, para avanzar en la reforma rural integral solicitaron 2,3 billones de pesos y les asignaron 1,2 billones. Uno de los déficits más notorios estuvo en la inversión de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial: pidieron 627.000 millones de pesos y dispusieron finalmente de 98.263 millones de pesos.

En el capítulo de atención a víctimas, se comprometieron 86.442 millones de pesos, lo que significa 261.000 millones de pesos menos frente a los dineros pedidos inicialmente.

En cualquier Gobierno es normal que los técnicos del Ministerio de Hacienda, a la hora de definir un presupuesto, disminuyan las expectativas de las entidades del Estado. Históricamente, las necesidades superan la plata disponible y más en la difícil coyuntura que atraviesa el país.

Sin embargo, en medio del recrudecimiento de la violencia y las masacres, cualquier peso sumado o restado a la paz tiene una enorme trascendencia. En últimas, una decisión presupuestal en este tema se lee como un mensaje político sobre las prioridades de la Casa de Nariño.

En el caso del presidente Iván Duque, la sensibilidad es mucho mayor, ya que la oposición lo ha señalado de querer hacer trizas los acuerdos junto con su bancada del Centro Democrático.

Por esa causa, los mensajes de alerta enviados en los últimos días por representantes como Juanita Goebertus (Alianza Verde) o José Daniel López (Cambio Radical) despertaron preocupación sobre 2021. La inquietud radica en si el monto alcanza para el gigantesco desafío de concretar la paz en territorios que se están convirtiendo nuevamente en escenarios disputados por grupos armados ilegales.

En los últimos años, tanto Goebertus como López se han caracterizado por ser juiciosos en la veeduría al acuerdo suscrito entre el Gobierno Santos y las Farc, el 26 de septiembre de 2016.

Calculadora en mano, Archila asegura que la asignación global para la paz el próximo año será de 10,7 billones de pesos, lo que significa un aumento del 9 por ciento frente a los 9,8 billones destinados en 2020. Señala que la inversión pasará de 2,4 billones de pesos a 5,7 billones y los gastos de funcionamiento se reducirán de 7,4 billones a 5.

El Gobierno afirma, en primer lugar, que Duque tiene la voluntad de meterle la ficha a la paz en un escenario realista de estrechez fiscal y teniendo en cuenta que los acuerdos implican políticas públicas de largo aliento que buscan resolver problemas estructurales que vienen de décadas atrás.

Las cuentas de la Casa de Nariño no solo se remiten al presupuesto general de la Nación, sino a una especie de bolsa, en la que también cuentan los aportes de privados, como ProAntioquia, Argos o la Federación de Cafeteros. Y también los recursos de origen internacional, provenientes del Fondo Europeo, el Fondo Multidonante, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o los aportes bilaterales. También se encuentran las donaciones de filántropos, como Howard Buffett.

La oposición, sin embargo, hace una lectura completamente diferente. Goebertus advierte que solo una inversión en serio en esos territorios permitiría contrarrestar el resurgimiento de la violencia en regiones como el nordeste antioqueño, el Catatumbo, el norte del Cauca, los Montes de María y el sur de Bolívar. La representante de la Alianza Verde dice que eso no está garantizado en el presupuesto de 2021 y que el tema no es solamente la construcción de la paz o el desarrollo rural, sino la propia seguridad nacional.

Goebertus y López hablan de una desfinanciación que sufrirán entidades clave en el componente de desarrollo rural. La diferencia radica entre lo que se proyectó en el presupuesto y lo que finalmente se aprobó para las entidades. Por citar dos casos, la Agencia Nacional de Tierras ve reducidos en 14,1 por ciento los recursos de inversión, y la Agencia de Desarrollo Rural, en 45 por ciento.

López añade que lo destinado en 2021 no resulta suficiente dada la gravedad de la violencia que afecta zonas como Cauca o Nariño. Y advierte que, si los recursos no aumentan de forma significativa y se mantiene el ritmo actual, el Estado puede tardar unos 43 años en indemnizar a todas las víctimas.

Hoy, el Gobierno cuenta con una hoja de ruta que debe cumplir. Se trata de 501 indicadores del documento Conpes, expedido en 2018, que definió el plan de implementación del acuerdo de paz, una tarea que debe prolongarse como mínimo hasta 2031.

Incumplir lo pactado no le conviene al Estado ni a las Farc, cuyos exintegrantes también tienen por delante el deber de responder por sus obligaciones, reconocer los delitos cometidos, reparar a las víctimas y abandonar discursos desafiantes o negacionistas que no contribuyen a una necesaria reconciliación.

En las próximas semanas, el Congreso votará el presupuesto general de la Nación para 2021, tasado en 314 billones de pesos. Todas las miradas estarán puestas en la deuda y la reactivación de la economía ante los estragos de la pandemia por pérdida de empleo y cierre de empresas. Tal como quedó configurado, los sectores de educación, salud, trabajo y defensa recibirán la mayor cantidad de recursos.

Sin embargo, las afugias económicas del presente no pueden impactar negativamente la inversión en el acuerdo de paz, que ayuda a pensar en un mejor futuro. De por medio está no solamente la palabra del Estado, sino la necesidad de reparar a las víctimas, sacar adelante una reforma rural de fondo y llevar inversión y desarrollo a los territorios más golpeados por la guerra. El país debe cerrar cualquier espacio para que resurja la violencia.