Inassa: el rebote del ‘pelotazo’

Un año después de la des-titución de Edmundo Rodríguez Sobrino como presidente de Interamericana de Servicios (Inassa), sociedad que tenía el control de Triple A de Barranquilla y de otras empresas en la región, las autoridades de España comenzaron esta semana a recolectar en Colombia las piezas del complejo rompecabezas del caso de corrupción que tiene en vilo a la política española y del que Rodríguez es uno de sus protagonistas.

Fiscales anticorrupción de Colombia y España allanaron las oficinas de Inassa en Barranquilla el martes pasado, y en extensas jornadas registraron los archivos de la compañía desde 2002, año en el cual Canal de Isabel II (CYII), la empresa pública más grande de la Comunidad de Madrid, compró a Inassa, y a partir de allí creó un emporio de 21 firmas a este lado del Atlántico. Lo que ha quedado claro en las últimas semanas es que este grupo actuó durante años como una rueda suelta, lo que permitió que políticos del Partido Popular (PP) lo usaran para desviar recursos para las elecciones. y para sus bolsillos.

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Los oficiales españoles buscan en los archivos de Inassa pruebas de las supuestas triangulaciones que Rodríguez Sobrino y demás directivos hicieron en Colombia y Panamá. Rodríguez Sobrino fue destituido de la presidencia de Inassa porque apareció en los Papeles de Panamá como propietario de tres sociedades offshore en Hong Kong. En las diligencias estuvieron una funcionaria de la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado de España, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Española y expertos en contabilidad e informática, quienes, de acuerdo con algunas versiones, se habrían llevado documentos y copias de los computadores que arrojarían luces sobre la compra que Inassa hizo de la compañía brasileña Emissao, en noviembre de 2013 por tres veces su valor. De esta operación inflada se cree que fueron desviados más de 25 millones de dólares para el PP.

Según los magistrados encargados de investigar esta transacción, Rodríguez Sobrino “dirigía una operación defraudadora de los intereses de la administración de Madrid”. De igual forma, creen que existen claros indicios que involucrarían a Inassa en el supuesto pago de sobornos para quedarse con obras públicas en Panamá, República Dominicana y Colombia.

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De igual forma, diputados autores de los debates en la Asamblea de Madrid contra CYII piden que se investiguen los millonarios contratos que se hicieron, durante años, con prestigiosas oficinas de abogados en España y Colombia, así como de periodistas y publicidad, a través de Inassa, Triple A Barranquilla, Metroagua, R&T, Inassa Panamá y Assa en Riohacha.

Según las investigaciones llevadas a cabo en la península, Triple A contrató durante 12 años, entre 2004 y 2016, unos 40 abogados por 7.777 millones de pesos; Metroagua, de Santa Marta, contrató a 123 abogados por 3.351 millones de pesos, mientras el servicio de agua de la ciudad era cada vez peor. R&T contrató entre 2003 y 2016 los servicios de 30 abogados por 3.248 millones de pesos, mientras que la propia Inassa en Colombia contrató 13 firmas de abogados por 1.142 millones. En 12 años, Inassa y las empresas bajo su control societario contrataron los servicios de centenares de abogados por 17.300 millones.

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Y cuando se creía que las diligencias habían concluido, agentes de la Fiscalía de ambos países encontraron 262.000 euros en el apartamento 1803 del edificio Alto Prado, de propiedad de Patricia Rodríguez Revuelta, una de las hijas de Edmundo Rodríguez Sobrino.

Este hallazgo es un golpe para Rodríguez Sobrino, a quien el pasado 8 de junio tres magistrados de la Audiencia Nacional le negaron una solicitud de libertad condicional. Con las diligencias adelantadas esta semana, se espera que muy pronto la Justicia en España y Colombia aclaren si las inversiones realizadas por Canal de Isabel II en América se hicieron dentro de la ley, sin sobrecostos, sin evasión o si, como presumen en España, los directivos en Colombia desviaron recursos públicos de la Comunidad de Madrid a bolsillos privados. Y el hallazgo de los 262.000 euros en el apartamento de Edmundo Rodríguez Sobrino es un mal indicio.