El documento con el que la Fiscalía pidió la preclusión del caso Uribe

Un sencillo documento de cuatro páginas resume una de las decisiones con mayor trascendencia que ha hecho la Fiscalía en los últimos años: pedir la preclusión del proceso del expresidente Álvaro Uribe. Se trata de un formato estándar con el cual se hace ese tipo de solicitud que incluye los datos de todas las partes: los dos abogados del expresidente: Jaime Lombana y Jaime Granados. Y las víctimas: el senador Iván Cepeda y su abogado Reinaldo Villalba. Así como el exfiscal Eduardo Montealegre, su exvicefiscal Jorge Perdomo y el abogado Jorge Enrique SanJuan. El escrito lo firma el fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene el caso de Uribe.

El proceso contra Álvaro Uribe dio este viernes un giro trascendental. Después de varios meses de análisis, la Fiscalía anunció una decisión crucial: pidió la preclusión del proceso contra el expresidente. Se trata de una decisión a favor del exmandatario en medio del convulsionado y complejo camino que ha tenido su expediente en la Justicia, que desde 2018 –cuando la Corte Suprema decidió abrir el caso– ha estado lleno de sobresaltos y ha desatado todo tipo de controversias y polémicas.

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El fiscal Gabriel Jaimes, quien lidera el caso, “tomó la decisión de radicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez”, señaló el comunicado del ente acusador.

“¡Gracias a Dios!”, señaló el exmandatario en un trino. “Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”, agregó.

Con esta decisión, la Fiscalía manda un duro mensaje: que a su juicio no existen los suficientes elementos para acusar formalmente a Uribe en la investigación que se adelanta en su contra por supuestamente haber manipulado testigos. El expresidente siempre argumentó que en la Corte Suprema de Justicia no tenía garantías.

“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, aseguró la Fiscalía en el escrito en el que dio a conocer al público su decisión.

La Fiscalía se encuentra en una situación atípica. El caso pasó a la justicia ordinaria, pero el proceso no comenzó de cero. Un juez ordenó que el expediente debía trasladarse entendiendo que ya se había surtido la fase de imputación. Esta decisión dejó el expediente en un contexto bastante inusual, pues a la Fiscalía, que no había imputado, sí comenzó a correrle los términos para tener que tomar la decisión de formular una acusación. Ese es el plazo final que se vence este sábado 6 de marzo.

La solicitud de preclusión se puede considerar una victoria para el expresidente, pero no es definitiva. El caso queda así sumido en un laberinto de diligencias que harán que el proceso del exmandatario se prolongue mucho más. Lo primero que vendría es que un juez del Circuito citará a una audiencia para escuchar los argumentos de la Fiscalía frente a la preclusión.

El fiscal Gabriel Jaimes, en ese escenario, deberá asistir a esa audiencia y sustentar allí por qué considera que el caso del expresidente, quien ya está imputado por el delito de manipulación de testigos, debe cerrarse y no llegar a juicio. Según el comunicado, allí la Fiscalía presentará sus argumentos y “las mismas podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados”.

La situación sería inédita en la justicia. El caso, si se apela, llegaría al Tribunal Superior de Bogotá, y si se pide la casación, de nuevo a la Corte Suprema.

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Para sustentar la decisión, la Fiscalía tiene no solo todo el material que le trasladaron de la Corte Suprema, sino una serie muy extensa de diligencias que ha hecho en las últimas semanas, en las que ha escuchado decenas de testimonios. La mayoría de los protagonistas del caso asistieron a la cita con el ente acusador. Como novedad, hubo un testigo nuevo: el Tuso Sierra, a quien la Corte Suprema no quiso escuchar, pese a que lo mencionó 65 veces en el auto que ordenó la detención del expresidente.

Hubo otro que habló extensamente en la Corte Suprema, pero no asistió a su cita con la Fiscalía: Juan Guillermo Monsalve. El abogado del testigo estrella contra Uribe advirtió que no asistía por las presiones que vivía el condenado exparamilitar. Presiones que, según el jurista Miguel Ángel del Río, defensa de Monsalve, se relacionaban “indiciariamente con la urgencia del despacho en precluir las investigaciones en favor del acusado”.

Para la defensa de Uribe, la inasistencia de Monsalve solo confirma que no tiene cómo sustentar lo que dijo en la Corte Suprema ante la Fiscalía. La situación de Monsalve ha cambiado. En los últimos meses se le han destapado escándalos como sus celulares, lujos en la cárcel y una supuesta finca que la Fiscalía le investiga y que –según la defensa del expresidente– habría comprado con dinero que recibió por cambiar su testimonio.

La decisión de la Fiscalía encenderá una enorme polvareda política y judicial en el país. Las reacciones están por verse. La misma Fiscalía, en su comunicado, aseguró que “invita a la ciudadanía a seguir la audiencia de preclusión en la fecha que disponga la Judicatura y conocer con detalle los argumentos de la decisión, para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos”.