El documento de 89 páginas al que tuvo acceso SEMANA y que describe de principio a fin ‘El Cartel de la Aerocivil’

La corrupción aterrizó de barriga en la Aerocivil hace una década y los delincuentes armaron allí su nido. SEMANA destapa una olla podrida de denuncias por narcotráfico, contratos tramposos, estafas, venta de servicios y hasta nóminas paralelas con funcionarios fantasma que solo aparecen para cobrar los sueldos. Hay evidencias de una organización criminal dedicada a cobrar millonarias coimas por legalizar horas de vuelo y expedir licencias para los pilotos.

Las denuncias comprometen a cargos directivos, contratistas, funcionarios en las regionales, controladores y hasta bomberos. Todo, en un círculo de complicidad e impunidad expuesta con cientos de documentos, soportes y correos llenos de advertencias por el voraz apetito por quedarse con el dinero público. Lo peor es que hasta la fecha no se han tomado medidas.

No se trata solo de un saqueo. Hay una alarmante lista con nombres de cerca de 100 funcionarios presuntamente vinculados con redes de narcotráfico que, de forma sincronizada con delincuentes, apagan los radares o los sacan de funcionamiento justo en los momentos en que las avionetas repletas de cocaína surcan los cielos o llegan al país con maletas llenas de efectivo.

SEMANA tuvo acceso exclusivo a las denuncias. Hay audios, videos, correos, declaraciones de funcionarios y arrumes con cientos de folios en los que se documentan las irregularidades omitidas durante años por directivos y organismos de control. Una bomba corrupta que, según las fuentes, esperan que estalle ahora en el “Gobierno del cambio”, desnudando la forma como se robaron la Aerocivil. Hay denuncias de irregularidades con contratos de servicios o necesidades de tecnología, infraestructura y comunicaciones. Llama la atención la compra de sillas ergonómicas que se pagaron a casi 11 millones de pesos cada una.

Es de destacar que el director (e) de la Aerocivil, Francisco Ospina Ramírez, en entrevista con SEMANA aseguró que tiene conocimiento de algunos hechos relacionados con narcotráfico que están en manos de la Fiscalía y que ya hay condenas. Aclaró que, si bien la Aerocivil monitorea el espacio aéreo, es la Fuerza Aérea la llamada a ejercer la vigilancia y tiene “la responsabilidad de verificar actividades ilícitas a estas aeronaves”.

Ospina reveló que tiene reportes, advertencias e investigaciones internas por los radares que se apagan en determinadas regiones, aunque dice que no hay zonas que queden ciegas por cuenta de estas actividades delictivas de los funcionarios de la Aerocivil. Las evidencias indicarían otra cosa. “Tenemos un caso con un funcionario que hizo una transferencia inadecuada, eso lo capta y reporta al sistema. Se trata de unos funcionarios que estaban tratando de traer una señal de un cerro a otro; en esa transferencia se desconectó una señal por unos minutos”, dijo el director encargado.

Respecto de las áreas abandonadas que se denuncian en los documentos en poder de SEMANA, Ospina Ramírez aseguró que efectivamente hay problemas en zonas como el oriente de Colombia, pero dijo que allí hay unos respaldos con otros radares que incluso se comparten con la Fuerza Aérea. Otras son las observaciones que hacen los funcionarios que están en esos puntos del país.

La contratitis

Una enfermedad que aqueja a las entidades públicas es la contratitis y la Aerocivil no es la excepción. En la entidad se expandió con una desbordada y millonaria adjudicación que argumentan como necesaria, pero que los funcionarios consideran una excusa, muy técnica, para robar.

Los contratos van desde la reparación de pistas en aeropuertos, equipos para garantizar el aterrizaje de los aviones, las comunicaciones entre pilotos y controladores, hasta sillas de lujo para funcionarios.

En la lista de contratos, por grado de descaro, llama la atención uno que costó casi 300 millones de pesos y cuyo objeto se resumió así: “Adquirir sillas ergonómicas para el personal ATC de la regional Centro Sur”. En principio no habría nada raro, pero cuando se pone la lupa se establece que son apenas 23 sillas, cada una por casi 11 millones de pesos.

Las sillas llegaron a precio de trono de rey y, según el documento conocido por SEMANA, fueron asignadas a los encargados del Centro de Control y la Torre de Control en Bogotá.

Las especificaciones o necesidades no justifican su exorbitante valor. Según el formato de contrato de compraventa, las sillas “deben contar con un diseño innovador y elegante”. Otras condiciones parecen una burla: “El espaldar debe proporcionar apoyo a la espada” y el “tapizado de las sillas no debe motivar el resbalarse del asiento”. La compra se autorizó en plena pandemia.

Ospina Ramírez le dijo a SEMANA que la compra de estas sillas se hizo mediante una subasta inversa con tres oferentes y justamente se escogió la propuesta más económica, que resultó ser la de casi 11 millones de pesos. Advirtió que los requerimientos salieron de la ARL y se incluyeron en las condiciones de la adquisición.

Otro contrato en la mira es para el mejoramiento de los servicios aeroportuarios y la navegación aérea del aeropuerto de Riohacha. La Contraloría hizo una serie de observaciones en el informe que presentó el pasado 2 de noviembre.

El contrato se firmó por más de 20.000 millones de pesos y las observaciones del organismo de control reflejan cambios de fondo en las condiciones iniciales. En otras palabras, lo que se contrató no se hizo y, sin previo aviso, se desarrollaron obras que no quedaron fijadas.

El documento de 89 páginas, conocido por SEMANA, describe siete observaciones, cada una más grave que la anterior. Por ejemplo, advierte sobrecostos del 940 por ciento en el suministro e instalación de luces en el aeropuerto de Riohacha; estudios y diseños que no usó el contratista, pero que sí pagó la Aerocivil por más de 1.000 millones de pesos, sumado a que la Aerocivil no cargó la información completa en el Secop.

Al respecto, Ospina Ramírez aseguró que son procesos de contratación que se firmaron hace algunos años y que son susceptibles de verificación por los entes de control. Agregó que por eso compartieron la información con el ánimo de esclarecer cualquier inquietud. “Hay un listado de contratos sujeto a revisión y justamente ese forma parte de ese listado”, dijo el funcionario.

Ese mismo problema lo padece la comunidad de Puerto Carreño, en Vichada, que espera modernizar su aeropuerto. Ahí el asunto es escandaloso, ya que terminó en una pelea legal. La Aerocivil, según una fuente, decidió conciliar sin muchos reparos por una obra que nunca se realizó, pese a que giró un anticipo de 3.450 millones de pesos.

La Aerocivil contrató la adecuación del aeropuerto por 9.500 millones de pesos con un consorcio, pero en el contrato dejaron, misteriosamente, una cláusula de controversias que obligaba a la entidad a conciliar en caso de que algo le disgustara al contratista, como efectivamente ocurrió.

Las obras en el aeropuerto tenían fecha de vencimiento el pasado 31 de julio de 2022, cuando se supone que serían entregadas. Pero ocho días antes la interventoría advirtió que los retrasos eran del 86,13 por ciento.

El último día para el vencimiento del contrato se otorgó una prórroga hasta el 23 de noviembre, pero ni siquiera llegaron a esa fecha. En septiembre el mismo contratista solicitó la suspensión, y la Aerocivil, en lugar de ejecutar las garantías o pelear por los recursos públicos, prefirió conciliar con el incumplido. De acuerdo con las denuncias, ahora tiene que pagar cerca de 10.000 millones de pesos.

El director encargado de la Aerocivil aseguró que no es cierto. Dijo que no hay una conciliación en curso con este contrato, pero reconoció los problemas en la ejecución. Sin embargo, los denunciantes lo contradicen e insisten en que la conciliación está fijada: “O si no, para qué una cláusula de controversias que obliga a las partes a conciliar”.

En esos términos, con semejantes observaciones, hay un centenar de contratos que no cuadran para los expertos de la Aerocivil. Proyectos de modernización y actualización tecnológica con productos que son obsoletos o que terminan en bodegas y oxidados.

La lista de contratistas, de acuerdo con los denunciantes, es la misma desde hace una década. La Aerocivil compra y guarda. Incluso, se advierte que en algunas oportunidades ha pagado por repuestos que ya estaban en los almacenes, es decir, les venden los mismos productos que compraron con anterioridad.

El pasado 30 de julio de 2022 al despacho del director encargado de la Aerocivil llegó otra comunicación que tenía por asunto “Denuncia corrupción al interior de la Aerocivil”. Se trata de diez páginas con hechos presuntamente ocurridos durante su administración y anteriores. Contratos y más contratos, bien redactados, pero presuntamente mal ejecutados.

En la denuncia, de la que no se conoce respuesta, los contratos suman más de 100.000 millones de pesos en tecnología que, en criterio de los mismos funcionarios de la entidad, resulta innecesaria por razones tan simples como la incompatibilidad con los equipos de la Aerocivil. El inventario de irregularidades, ahora en poder de SEMANA, es abrumador.

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