El documento de Timochenko que generó una guerra en el partido de las FARC

Las desmovilizadas FARC, ahora en la vida civil, siguen librando múltiples luchas. La principal, la de su propia supervivencia física. Cerca de 250 excombatientes han sido asesinados después de la firma de la paz. Pero su supervivencia política tampoco pasa por tiempos prósperos. Han pasado dos años y medio desde que los exguerrilleros de las FARC aterrizaron en el Congreso, pero las peleas por el poder y las divisiones internas ponen en duda su futuro.

Unos dicen que son discusiones normales de cualquier partido político y otros creen que es el resultado de ser primíparos en la democracia, pero los menos optimistas aseguran que podría ser el principio del fin de una colectividad surgida del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Las peleas internas tienen muchas causas y han generado una guerra fratricida de un partido que debería estar unido. Las expulsiones de algunos miembros, las pujas de poder y las disidencias amenazan la construcción de un futuro más estable para el desmovilizado grupo, que tiene asegurados los primeros años su presencia en el Congreso, pero que luego deberá jugársela en franca lid en las urnas.

El antiguo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, envió un informe al presidente de Comunes en la que muestra una radiografía cruda de lo que está pasando. “Contra semejantes realidades se levanta un sector fanático de la guerra, que coincide con los más avezados voceros de la ultraderecha, para señalar de fallidos y fracasados los Acuerdos de La Habana, invitando a los reincorporados a la retoma de las armas como la única salida viable para nuestro país”.

Este es el texto completo:

“Reciban un saludo fraternal por parte del Consejo Político Nacional, al que se une el deseo sincero de que esta reunión Plenaria del Consejo Nacional de los Comunes se convierta verdaderamente en un salto adelante en nuestro trabajo.

Nuestro país atraviesa por una profunda crisis y vale la pena pensar en ella, comprender su naturaleza y dilucidar la mejor forma de superarla, sobre la base de que son los pueblos los protagonistas de su historia y por ende los únicos que pueden transformarla. Nosotros podremos atisbar el camino, pero sin la participación multitudinaria de millones de compatriotas decididos a cambiar las cosas, el futuro no será muy distinto.

Como revolucionarios tenemos que tener claro que la salida está en la fuerza de masas que logremos integrar, no hay que esperar un gran personaje que venga a salvarnos. Las alternativas individuales o personalistas desnudan sus limitaciones prontamente. Para nuestro país es evidente que solamente una gran convergencia de todos los sectores democráticos, de avanzada, de izquierda, progresistas, logrará imprimir realmente un viraje de importancia.

Siempre sostuvimos la bandera de la paz, porque supimos leer en la mente y la actividad de los colombianos y colombianas que esa era la más inmediata de sus aspiraciones. Muy a pesar de muchos, el pueblo de nuestro país no está con la guerra ni las soluciones violentas. Por el contrario, si alguien quiere hacer política consecuente del lado del pueblo, tiene que asimilar su rechazo a los violentos. Es por eso que el largo conflicto armado que vivimos estaba llamado a ser solucionado por la vía de un Acuerdo de Paz, que afortunadamente logramos concretar no sin enormes costos y sacrificios en vidas humanas.

Algunos interpretan de mala fe que dedicar nuestra actividad a la paz y la implementación de lo acordado es una forma de expresar nuestro arrepentimiento por las décadas de lucha con las armas. Se equivocan. Son el Estado colombiano y su régimen político los generadores y perpetradores de las peores violencias. Fue contra eso que nos alzamos. Por un país distinto, democrático, justo, tolerante y en desarrollo constante para el beneficio de las mayorías.

Nuestra lucha armada terminó cuando concertamos un Acuerdo capaz de encaminar nuestra nación hacia esos destinos. En adelante nuestra tarea sería la de trabajar denodadamente, al lado de las gentes que aman la paz y la democracia, por hacer realidad ese Acuerdo. No se puede avanzar con la vista mirando atrás. Terminar una lucha no significa alcanzar el propósito final, sino emprender otra desde una base más alta. Y esa otra lucha no necesariamente será más fácil. Es así como se teje la historia, por eso suma siglos y siglos de luchas.

Realizamos este pleno mandatados por la Asamblea Nacional de los Comunes celebrada el pasado mes de enero, una de cuyas conclusiones generales contempló: “Nuestra Plataforma Política estará enfocada en la construcción de una paz completa, estable y duradera con justicia social, para ello es necesario avanzar en un Pacto Político Nacional, integral, multisectorial, participativo y democrático que excluya para siempre la violencia y las armas de la política colombiana…”

No hay duda entonces del propósito que debe animar esta reunión plenaria. Estamos llamados a cumplir con el histórico deber de preparar organizativa y políticamente a nuestro partido, con miras a enfrentar con éxito los retos que tenemos por delante. Es claro que en los días que corren nuestro país no se cambia con amenazas, sino con propuestas políticas claras, que sean hechas suyas por una inmensa mayoría, capaz de aplastar en las urnas a la derecha ultramontana y reaccionaria al servicio del imperialismo.

Por eso, la Asamblea Nacional de nuestro partido aprobó también la propuesta de su comisión electoral, que comienza de este modo:

“La propuesta de una gran convergencia por la paz, la vida y la democracia aprobada en nuestro congreso constitutivo, y ratificada por el VII pleno, cobra mayor validez en este momento luego de año y medio de firmado el Acuerdo, y 2 y medio de enfrentar un gobierno enemigo de la paz, pese a lo cual sigue creciendo el respaldo nacional e internacional al Acuerdo y cada vez mayores sectores entienden la necesidad de alcanzar para 2022 un gobierno y unas mayorías parlamentarias que asuman su cabal implementación para la terminación definitiva de la violencia política en Colombia y alcanzar una paz estable y duradera”.

Estamos aquí a fin de afilar las herramientas necesarias para conseguir que ese planteamiento se convierta en realidad. Para ello requeriremos de un análisis correcto de situación nacional, a la vez que de una decisión única por la cual trabajar absolutamente unidos en nuestro partido.

Sabemos que el planeta entero pasa por una grave crisis, puesta de presente por lo que conocemos todos como la pandemia por la covid-19. Lo que no podemos aceptar quienes soñamos con un mundo sin explotadores ni explotados, es que la crisis sea la pandemia, o que sea consecuencia de la misma. El coronavirus ha puesto en evidencia el mundo abiertamente desigual e injusto en el que vivimos.

Nos ha mostrado a qué intereses privilegian en verdad los Estados, a quién sirven realmente los gobiernos, la valoración colosal de los mercados frente a la dignidad humana. Es más, la pandemia misma ha resultado ser una consecuencia del orden económico y político vigente en nuestro planeta. Los regímenes políticos la ignoraron inicialmente, incluso Trump lo hizo prácticamente hasta el final de su gobierno. Los sistemas de salud demostraron su incapacidad, particularmente en los países más pobres. Las vacunas y su distribución están demostrando la primacía del interés de lucro por encima de la salud de la población mundial.

Desde luego, nuestro país no ha sido la excepción. Como sí lo ha sido Cuba, cuyo mérito histórico y sentido de humanidad la han dispuesto a enviar a los más diversos países médicos y equipos para enfrentar la pandemia, pese a las difíciles condiciones por las que pasa su población, por cuenta del monstruoso bloqueo norteamericano. La Colombia de Duque, por el contrario, ha sido la demostración palpable de lo que significa el capitalismo salvaje.

Aquí los confinamientos obligatorios y las repetidas cuarentenas han condenado a la quiebra, al hambre y la soledad a millones de compatriotas que clamaban por una ayuda del Estado. Para nadie es un secreto que el sector financiero, así como los grandes consorcios económicos, han sido los receptores de la mayor parte de los subsidios y ayudas estatales.

Precisamente en estos días se conoció que los grupos Sarmiento, Santo Domingo y Ardila Lülle suman 5 billones de pesos en dineros destinados por el ministro Carrasquilla a sus empresas, develando el modelo de acumulación vigente a costa de la miseria general. Mientras tanto, somos testigos del espectáculo circense montado por el Gobierno nacional con la llegada de las vacunas a Colombia, en un número que avergonzaría a cualquier otro gobierno o pueblo.

El gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático o Álvaro Uribe, que es decir lo mismo, antes que ocuparse de la suerte de los colombianos y colombianas abandonados a su suerte, decidió destinar sus principales baterías a desacreditar y atacar impunemente los procesos democráticos alternativos que no son de su agrado. Las repúblicas hermanas de Cuba y Venezuela sufren embates difamadores e intervencionistas, del mismo modo que una posible victoria del correísmo en Ecuador se convierte en importante objetivo a impedir para el régimen colombiano.

Esa actitud del Gobierno actual empata definitivamente con su obsesión contra la paz en nuestro país. El desinterés absoluto que demuestra por las garantías a la vida y la seguridad pactadas para los firmantes de la paz, así como para los líderes sociales y comunitarios, solo puede explicarse como la decisión soterrada de propiciar la eliminación de las voces que disienten en las regiones con el orden político, económico y social impuesto violentamente a la sombra de sus políticas.

Las Naciones Unidas, diversos gobiernos de Europa, organizaciones internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos se han dirigido directamente al gobierno nacional, poniendo de presente la grave crisis humanitaria que se vive en amplias regiones de nuestra geografía, la mayoría de ellas incluidas en los planes de desarrollo contemplados en el Acuerdo de Paz, sin que se produzca reacción distinta a la negación de lo evidente mediante cifras amañadas. Lo que existe es un modelo de acumulación ilícita, funcional a los poderes regionales y nacional, verdadera causa de ese desangre y del cual el Gobierno actual se desentiende olímpicamente.

La presión internacional al gobierno Duque por la adopción de medidas que detengan la oleada criminal que se cierne sobre el país resulta abrumadora. Y tiene relación directa con el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, algo que todos los días le es reprochado a la actual administración. El regreso del partido demócrata al gobierno de los Estados Unidos ha significado una ruptura abierta con la política de Trump con relación a los Acuerdos de La Habana, y según declaraciones oficiales coincide con el conjunto de la comunidad internacional. El Gobierno colombiano es asediado por esta para que cumpla con los Acuerdos sin más dilación.

Eso demuestra la vigencia política de los Acuerdos de La Habana, que solo sectores profundamente reaccionarios consideran inútiles e incluso perjudiciales. A esa presión internacional se suman los sectores nacionales de izquierda, democráticos, alternativos, progresistas e incluso figuras importantes del centro del espectro político, que coinciden en incluir en sus plataformas como una de sus principales banderas la implementación de los Acuerdos.

Contra semejantes realidades se levanta un sector fanático de la guerra, que coincide con los más avezados voceros de la ultraderecha, para señalar de fallidos y fracasados los Acuerdos de La Habana, invitando a los reincorporados a la retoma de las armas como la única salida viable para nuestro país. Salta a la vista la ceguera de quienes proclaman algo así, en curiosa coincidencia con el discurso de la ultraderecha, llenándola de argumentos y motivos para atacar los Acuerdos y plagar de estigmas a los líderes sociales y firmantes de la paz, cuya vida peligra cada día más.

Nuestra ruta es clara, la gran convergencia por la paz, la vida, la democracia y la justicia social, por la defensa e implementación integral de los Acuerdos de La Habana. Con el propósito claro de propinar una derrota aplastante a la derecha que nos gobierna, llevando por primera vez al poder a una fuerza distinta, que nos enrumbe hacia un destino mejor. Todos nuestros empeños deben dirigirse a eso. Requerimos de un gobierno democrático y un parlamento mayoritariamente favorable a él, que haga posible las reformas de todo orden que sean necesarias.

Necesitamos dialogar, como lo estamos haciendo, con todos los sectores y voces que coincidan con esa gran meta. Nuestro deber es contribuir en todo cuanto esté a nuestro alcance porque se venzan las prevenciones y diferencias, los celos y los personalismos, las viejas rencillas y las ambiciones. No es fácil, lo sabemos, pero tenemos que hacerlo.

En la actualidad pueden observarse dos claras tendencias. De un lado la que se junta alrededor del partido Verde, con Fajardo, Claudia López, Robledo y otros lideres. De otro lado el llamado Pacto Histórico que agrupa la Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, Decentes, MAIS, entre otros. Podemos decirlo aquí entre nosotros, la primera de tales opciones parece más proclive a la defensa de la paz desde la defensa de los intereses del régimen vigente, mientras que la segunda, a la que se han sumado personalidades como Roy Barreras y Armando Benedetti, así como reconocidas figuras del arte y la cultura populares, resulta a todas luces más cercana a la defensa de la paz, la vida y los Acuerdos que proponemos nosotros.

Hay que reconocer, sin embargo, y de nuevo solo para nosotros, que existen fuertes resistencias a aceptarnos como integrantes de esas alternativas. Nuestros parlamentarios más consecuentes han venido desarrollando una intensa actividad de acercamientos y conversaciones, a la vez que manejando las cosas de tal modo, en conjunto con la dirección partidaria, que conseguimos que el Pacto Histórico considerara incluirnos dentro de su propuesta. Eso no significa que ya lo hayamos logrado definitivamente, pero a la vez nos implica el reto de perseverar en ese propósito.

Somos protagonistas de una curiosa y absurda paradoja, los firmantes de la paz, los que tras una larga lucha logramos concertar con el Estado los Acuerdos de La Habana, un pacto sin antecedentes en la historia contemporánea y que no hubieran alcanzado nunca esos sectores por sí solos, somos apartados con desconfianza de la lucha política por su cumplimiento, en razón a que fuimos FARC, actores del conflicto, aun siendo partido político legal e integrantes de la bancada de oposición en el Congreso de la República. Es uno de los retos más importantes que tenemos por delante.

Tenemos la confianza de que este Pleno sabrá aprobar los derroteros necesarios para sacar adelante nuestra decisión. Y aquí retomo el segundo gran tema al que hacía alusión al comienzo de este informe. Nuestro partido necesita una dirección unida, consecuente, firme en sus propósitos y que trabaje incansablemente por ellos.

Somos conscientes de que al dar el paso de las armas a la vida legal, en 2017, conocíamos a grandes rasgos a nuestros camaradas, fundamentalmente por sus actuaciones de carácter militar, financiero u organizativo, quizá las tres que más contaban en nuestra vida anterior. Creíamos que estábamos identificados ideológica y políticamente, pues éramos parte de una organización que tenía más de medio siglo de lucha y todos, unos más otros menos, habíamos pertenecido a ella.

No habíamos ejercido la política en los términos a los que nos vimos abocados ahora, de manera legal, abierta, sin clandestinidad alguna, sin órdenes operativas concretas que pudieran balancearse al final de la misión cumplida. Nuestro aterrizaje en la legalidad envolvió sin duda cosas nuevas para todos, particularmente para quienes asumimos la política como tarea principal.

Creímos por ejemplo, que al estar el conjunto del Secretariado Nacional de acuerdo con los términos a acordar con el Gobierno, luego obraríamos al unísono con la estrategia y táctica que diseñamos entre todos. Más aún cuando realizamos una Conferencia Nacional en la que por unanimidad todos los delegados votaron por la aprobación de lo firmado, así como por la dejación definitiva de las armas y nuestra conversión en partido político legal.

Nuestras sorpresas comenzaron cuando comenzamos a escuchar de un sector su poca fe en lo acordado, cuando no en repetidas ocasiones su condena total. Para todos era clara la identidad de pensamiento y acción entre Iván Márquez y Jesús Santrich, aunque el primero de ellos guardara silencio o defendiera al segundo, siempre que salían a relucir sus declaraciones y posiciones contrarias a lo aprobado. El propósito de defender la unidad, de no provocar una división en nuestras filas partidarias, condujo a tolerar muchas de esas manifestaciones contrarias.

Hasta que sucedió lo que todos conocen. Algo que solo podía haberles sucedido a ellos, empecinados en una línea de acción que contradecía por completo lo previsto en el Acuerdo Final, y que alimentaron con una sumatoria de acusaciones, no solo infundadas sino temerarias contra otros miembros de la dirección nacional. Hay que decir, pese a lo afirmado en contrario por ellos, que el partido y su dirección brindaron a Santrich y Márquez toda la solidaridad que fue posible, aun con las dudas que sus permanentes declaraciones despertaban.

Estaba claro que no había la identidad ideológica y política que creíamos existía al interior nuestro. Iván Márquez y Santrich se encargaron de organizar una especie de partido dentro de nuestro partido, valiéndose de las más diversas maniobras, empleando la calumnia sin límites y aprovechándose de la intención del resto de la dirección de evitar a toda costa una división. Esa historia es larga y muchos la conocen. El resultado final fue hacerle un daño enorme a nuestro partido. Seguidores de sus opiniones continuaron en nuestras filas como especies de quintacolumnistas, denostando de nuestra dirección cada vez que podían, y lo que es peor, acudiendo a los grandes medios y redes sociales que los recibían con aplauso.

La práctica resultó estimulante para otros muchos que en el fondo no se identificaban con las políticas trazadas por nuestro partido. Y que en sus propios ámbitos y por diversos medios se dedicaron por otras razones a trabajar contra nosotros. Tesis como las del partido horizontal, sin direcciones ni orientaciones, en el que todo es discutible en todo momento, hicieron carrera principalmente entre algunos sectores urbanos que con frecuencia atacaron las decisiones adoptadas, con el falaz argumento de que no se les había pedido su opinión. De allí surgirían otros contradictores nuestros, que finalmente también se abrieron con uno u otro pretexto.

En determinado momento de nuestro trabajo fue evidente que en el seno del Consejo Político Nacional existían posiciones encontradas. Es cierto que si se trata de un colectivo democrático, hay que escuchar y respetar todas las opiniones. Pero también lo es, si es cierto que seguimos el principio leninista del centralismo democrático, que una vez adoptada por mayoría una decisión, todos estamos obligados a trabajar por su implementación sin oponerse a ella.

Lo cual comenzó a ser abiertamente cuestionado por varios integrantes, siempre en minoría, del Consejo Político Nacional. Los camaradas Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez, y advierto que no me referiré más a este último porque murió recientemente, tomaron la decisión incomprensible de no asistir nunca más a las reuniones del Consejo Político Nacional, actitud en la que perseveraron por varios años. En el caso de Joaquín, responsable nacional de educación, sumó a su ausencia el desentendimiento absoluto de su responsabilidad dejando huérfana su cartera.

Los argumentos de Joaquín para su inasistencia resultaban cada vez más traídos de los cabellos. Una vez, para un pleno en Melgar, arguyó que si nos reuníamos cerca de la base militar de Tolemaida, muy probablemente el Ejército podría hacer un desembarco y nos capturaban.

No obstante el desentendimiento absoluto de su responsabilidad, comenzó a expresarse repetidamente en contra del resto de la dirección, repitiendo los argumentos de otros detractores, sin interesarse de algún modo por averiguar la realidad de los hechos, cosa que como miembro de la dirección estaba a su alcance. Peor aún cuando sus cartas al partido o a su dirección, acusándonos sin fundamento alguno de todo cuanto se le ocurría, salían por los medios antes de que fueran leídas en el evento al que las enviaba. Olímpicamente se excusaba en que no era su culpa si alguien filtraba a los medios lo que enviaba, sin el menor sentido crítico.

Si de algo puede autocriticarse el Consejo Político Nacional fue por un exceso de tolerancia. Si bien algunos plantearon su destitución siguiendo el procedimiento ante la Comisión de Ética, por abandono total de sus responsabilidades, la decisión mayoritaria fue esperar siempre para conversar con él. De hecho, cuando se presentó a un Consejo Político, el resto de la dirección se reunió con él en busca de conciliar con su actitud, cosa que por demás resultó completamente inútil. Por el contrario, en Pondores hizo cuanto trabajo pudo en contra de la dirección.

Del penúltimo Pleno del CNC para acá, Joaquín Gómez decidió volver a las reuniones del CPN, donde fue recibido con espíritu fraterno dada su antigua condición en las FARC. Desafortunadamente su actitud siempre ha sido la de atacar todo lo hecho por el partido y sus mecanismos de reincorporación, pretendiendo derribar con sus andanadas el trabajo paciente que todo el partido ha ido construyendo sin su colaboración, en medio de las dificultades conocidas. Eso no es respeto por la democracia ni el centralismo democrático, sino liberalismo simple y puro.

Podría señalar aquí repetidas posiciones y actuaciones de los camaradas Victoria Sandino y Benkos Biojó, elevados al Consejo Político en el primer Consejo Nacional de los Comunes. Benkos es hermano de Pablo Atrato, separado del partido por su permanente trabajo en contra del mismo. No lo culpamos por inclinarse por sus lazos fraternales, pero es cierto que prefirió estos a su compromiso político con nuestra causa. Este camarada jamás formalizó ante el Consejo Electoral su pertenencia al Consejo Político Nacional, como sí hicieron los demás. Pero luego quiso responsabilizar de ello a los demás miembros de la dirección, apoyándose en una supuesta conspiración racista contra él y su hermano.

Él y la camarada Victoria decidieron por su propia cuenta excluirse de su responsabilidad en el CPN. Aunque no obraron como Joaquín, ausentándose por completo. Sino asistiendo a las reuniones y absteniéndose de opinar y votar. Actitud contraria al espíritu revolucionario de tomar parte en la discusión y toma de decisiones, que viola la democracia interna, el centralismo democrático y la dirección colectiva.

Otro elemento a considerar fue, pues no le encuentro presentación, la demanda de nulidad que presentaron ante el Consejo Nacional Electoral de la Segunda Asamblea Extraordinaria. Su deslealtad es monumental. No opinan ni votan en el CPN, pero luego salen a hacer oposición pública a las decisiones adoptadas democráticamente por la mayoría de los integrantes del Consejo Político y el Consejo Nacional de los Comunes. Sus cartas, entrevistas y videos públicos para atacar al partido y su dirección son conocidos por todos. En ello también participa con singular protagonismo Joaquín Gómez.

Una decisión adoptada ante dificultades iniciales por el Consejo Nacional de los Comunes fue la de evitar recurrir a instancias distintas a las partidarias para solucionar contradicciones internas, cosa que los camaradas han violado abiertamente, al recurrir ante instancias administrativas y judiciales para echar atrás las decisiones democráticamente adoptadas en los mecanismos partidarios pertinentes. Es evidente que no pueden seguir haciendo parte de nuestra dirección, con independencia de sus cargos, en los que por cierto su desempeño deja mucho que desear. Por el contrario, la senadora Sandino, de manera irresponsable y ofensiva contra los guerrilleros y exguerilleras, acusó en el Senado de violadores y abusivos a los mandos y combatientes, en una actitud que todavía genera enorme indignación en la militancia.

He señalado desde el comienzo la necesidad de contar con una dirección política unida, cohesionada, comprometida con el cumplimiento de las decisiones de nuestra Asambleas Nacionales y Plenos del Consejo Nacional de los Comunes. Estamos aquí porque creemos en lo que pensamos y hacemos, porque creemos en nuestro partido y en sus dirigentes.

Por eso también debo señalar aquí a la camarada Liliana Castellanos. Vuelvo a nuestro primer Pleno y a la integración del CPN. Se argumentó que por ley había que dar participación a cuatro mujeres como mínimo en la dirección. No nos conocíamos bien entonces, pero la camarada fue un mando destacado en la confrontación armada, por lo que le atribuimos méritos para integrar la dirección permanente de nuestro partido.

No pudimos entender cómo terminó por dar por fundadas las abominaciones concebidas por nuestros contradictores internos, que en su momento decidieron tomar como caballito de batalla al camarada Carlos Antonio Lozada. Son reiterados los espacios en los que se le ha escuchado afirmar que Carlos Antonio es responsable directo de la muerte del Mono, razón por la que no soporta su presencia. Buena parte de la militancia es conocedora de sus afirmaciones y no puede aceptarlas.

No se corresponden con su carácter de militante honesta de nuestro partido, y menos con su lugar en la dirección nacional permanente del mismo. Hoy nos conocemos mucho mejor tras cuatro años de trabajo continuo, enfrentando todo tipo de adversidades. Las externas y las internas. Estoy seguro de que otros nombres, con méritos probados, pueden ser tomados en cuenta para la integración de nuestra dirección política. Lo que más requerimos es la confianza en lo que decidimos y en los cuadros que designamos para llevar adelante nuestra actividad revolucionaria.

Por eso quiero referirme también al camarada Jairo Estrada, un hombre al que conocimos cuando desarrollábamos los diálogos en La Habana, militante activo del Partido Comunista Colombiano desde la Juventud Comunista, profesor universitario y autor de varios libros sobre temas económicos y políticos. Tenemos que reconocer su colaboración consagrada y su contribución positiva en los tiempos de la mesa de conversaciones.

Con él hemos compartido la actividad en la dirección e incluso lo designamos al frente del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, nos representa en la CSIVI, así como en su momento nos represento en Voces de Paz llevando la vocería nuestra y defendiendo el acuerdo ante el Congreso.

Llegados al día de hoy, también resulta oportuno considerar su continuación en el CPN. En su desempeño en la dirección ha asumido la posición de abstenerse de opinar, de hacer presencia sin participar en el debate. Él y nosotros somos claros de las profundas diferencias que separan su pensamiento de nuestra línea política. Estamos claros de su visión política y son respetables, pero esta dirección es la de un partido revolucionario que requiere unidad en su dirección.

Hay un hecho sí que quisiera resaltar. El camarada ha sido de esos cuadros que pese a ocupar puesto en la dirección de nuestro partido, nunca ha militado en una comuna del mismo ni cumplido con sus deberes como militante. Solo cuando se programó la reciente Asamblea Nacional de los Comunes y se exigieron los requisitos para poder participar en ella, el camarada se inscribió en una Comuna, aunque por su propia voluntad no asistió a la Asamblea Nacional.

Mucho se nos ha reclamado al Consejo Político Nacional por no haber actuado a tiempo a fin de evitar fricciones y divisiones internas. Reconozco con humildad esa crítica. Solo pido un poco de comprensión ante las dificultades que vivimos internamente, y que en gran medida impidieron la adopción de las decisiones oportunas. Eso precisamente es lo que aspiramos no vuelva a ocurrirnos. Un partido sin una dirección unificada y sólida no puede salir adelante, esa es nuestra principal enseñanza tras esta experiencia de dirección.

Finalmente, dado que la asamblea nacional determinó realizar los ajustes necesarios al CPN, considero pertinente que la totalidad de sus integrantes pongamos nuestra designación a consideración del pleno del Consejo Nacional de los Comunes, para que esta instancia, que nos honró con su designación a esta responsabilidad, ratifique a quienes considere y designe a su vez los relevos de quienes no han venido cumpliendo cabalmente su trabajo de acuerdo a las orientaciones emanadas de nuestros máximos eventos partidarios.

Muchas gracias.

Rodrigo Londoño Echeverry”