El drama de Soacha: la guerra de bandas que se libra al sur de Bogotá

Dos masacres, un libro bomba contra el alcalde, reclutamiento de menores, un atentado contra agentes de la Sijín. Todo ha ocurrido en los últimos meses y en las goteras de Bogotá. Soacha, el municipio más grande entre los vecinos de la capital, padece una violencia azuzada por la pobreza y por varias de las estructuras criminales más poderosas del país.

El último de estos hechos ocurrió el 24 de septiembre. Hombres armados entraron a una casa de familia en la Ciudadela Sucre y les dispararon a los hermanos José y Farid Carrascal y a su cuñado Javier Moreno. Tenían 20, 23 y 25 años. Otros dos hermanos y tres niños de uno, tres y cinco años, que también estaban en la vivienda, se escondieron debajo de las camas. Luego salieron a auxiliar a los heridos. José y Javier murieron al llegar al hospital. Farid aguantó tres días y falleció el domingo.

Los investigadores de la Policía explicaron la masacre como una venganza entre bandas dedicadas al microtráfico que se disputan las fronteras dentro del municipio. Esta semana, en el mismo sector donde ocurrió el crimen, las autoridades capturaron a diez personas e incautaron dos armas de fuego. Los señalaron de secuestro, extorsión y tráfico de drogas. También indagan si alguno de los detenidos puede estar vinculado con la masacre. El caso refleja el ciclo de la violencia en Soacha. Danny Caicedo, secretario de Gobierno del municipio, le dijo a SEMANA que este año contabilizaron 23 bandas dedicadas especialmente al microtráfico y la extorsión. De esas han desmantelado nueve, pero el municipio está atrapado en una especie de círculo vicioso.

Una alerta de la Defensoría del Pueblo emitida el 22 de agosto explica que en Soacha operan organizaciones criminales más poderosas, vinculadas a la Oficina de Envigado, las disidencias e incluso al ELN. Estas instrumentalizan a esas bandas de los barrios. Luego las autoridades las investigan y las desarticulan, pero casi de inmediato vuelve el reclutamiento y surgen otras nuevas. Y así la violencia continúa.

Los más jóvenes son la carne de cañón de esos intereses criminales. Según cifras del grupo de información sobre criminalidad de la Dijín, la mayoría de los capturados por homicidios en la provincia de Soacha (que incluye a Sibaté), entre 2017 y junio de 2020, tenían de 18 a 23 años. De los detenidos, 130 tenían ese rango de edad. Les siguen personas entre los 24 y los 29, más de 80. Incluso hubo al menos diez capturas de menores por participar en asesinatos. Además, el 70 por ciento de los procesados por tráfico de drogas y porte de armas tienen entre 18 y 29 años, y hay casos registrados desde los 14.

El reclutamiento de los más jóvenes se facilita en un municipio con tantas carencias. “Llega un jefe a reclutar muchachos para que expendan droga y los muchachos ante el hambre, la falta de educación y la falta de comida ven eso como una gran oportunidad de sobrellevar la vida”, explica Juan Carlos Saldarriaga, alcalde del municipio. Soacha sufre un problema de presupuesto derivado de su crecimiento urbano acelerado. La Alcaldía calcula que tiene más de un millón de habitantes, más que capitales como Bucaramanga o Santa Marta. Buena parte de sus moradores pertenece a grupos vulnerables, especialmente desplazados y migrantes venezolanos. Y el presupuesto del municipio se queda corto para cubrir tantas necesidades en educación o salud.

Ese es el caldo de cultivo perfecto para organizaciones interesadas en asumir el control de una ciudad que sirve de ruta para el tráfico de drogas y armas a Bogotá y al norte del país. Y que se mueven desde comunas como Cazucá, que se conecta con Ciudad Bolívar, al sur de la capital. Además de que, por sí sola, Soacha es una gran plaza para el microtráfico.

En septiembre del año pasado, la disidencia del frente Martín Villa de las Farc, que tiene su base en Arauca, quemó dos buses de transporte público en el Alto de las Rosas. Según informó el Ejército, esa agrupación, que extorsiona a los transportadores, habría contratado a una estructura del municipio para ejecutar el ataque. Tres hombres de 19, 20 y 22 años fueron capturados como presuntos responsables. Ese es uno de los indicios de los negocios de los grupos residuales de la guerrilla en Soacha.

Según los informes de la Defensoría, una banda conocida como Los del Berna, que controla el sector de La Capilla, cerca a la frontera con Bogotá, tiene nexos con esa misma disidencia. Este grupo reclutó al menos a diez menores de edad. Un líder de la zona dice que por allí han visto a niños de hasta diez años con revólveres. Otras denuncias apuntan a que incluso han hecho túneles entre las viviendas para escapar de los operativos de las autoridades.

El 26 de mayo, la Policía capturó en Soacha a alias Doña Ana, señalada de manejar las finanzas del frente José María Becerra del ELN, y quien está en trámite para ser extraditada a Estados Unidos. Según las pesquisas, ella se encargaba de recibir dinero del envío de cargamentos a Centroamérica y luego de ubicar las ganancias en caletas y comprar propiedades, especialmente en Bogotá y Cali. La Defensoría reportó que el ELN tiene “un inestable posicionamiento en la comuna III del municipio, ligado al transporte y comercialización de sustancias psicoactivas y armamento”.

La banda más consolidada es los Paisas. Nació en Antioquia, ha estado vinculado a la Oficina de Envigado y llegó a Soacha en 2016. Concentra su fuerza sobre todo en Cazucá. Allí ha capturado a varios combos de jóvenes a quienes usa para hacer el trabajo sucio. Estas bandas “son periódicamente desarticuladas y reemplazadas por nuevas bandas. Es así como los procesos de reclutamiento de jóvenes siguen vigentes a pesar de los múltiples golpes de las autoridades”, dice la Defensoría. El año pasado, alias el Montañero, jefe de los Paisas, fue capturado y al parecer eso debilitó al grupo, lo que al final podría desembocar en que otras organizaciones desafíen su hegemonía. Sin embargo, la banda sigue azotando a las comunidades más vulnerables. A principios de año, reclutaron al menos diez jóvenes en Altos de Cazucá y los llevaron a Antioquia para trabajar para los Paisas. Al menos uno de ellos habría muerto en ese departamento, según las denuncias de organizaciones sociales.

Con ese mapa del crimen, este año se han presentado hechos preocupantes. Además de la masacre de hace más de una semana, en abril sucedió otra. Tres miembros de una familia murieron asesinados porque, al parecer, uno de ellos pertenecía a la banda los Chuncos, que controla las ollas del barrio Corinto. Y el 31 de julio, una patrulla de la Sijín que se movía por la Autopista Sur fue atacada con un artefacto explosivo. Tres policías resultaron heridos. Ni el alcalde Saldarriaga se ha salvado. Hace tres meses una encomienda de un libro llegó a su despacho, pero causó sospecha porque cuando lo movían emitía un sonido raro. Llamaron al remitente, quien dijo no haber enviado nada. Luego, perros antiexplosivos lo olfatearon y descubrieron la bomba. Al final, la Policía detonó el paquete de manera controlada.

A lo largo del año, las autoridades han desmantelado varias bandas. Este mes, por ejemplo, capturaron a ocho miembros de Los del Parque, dedicados al microtráfico. Las poderosas organizaciones sacan el mayor provecho, mientras los más jóvenes ponen el pellejo y la vida. Cuando caen, los reemplazan. Y así se perpetúa la violencia de un pueblo que, aunque queda en el centro del país, es uno de los más marginados.