El drama que dejó bombardeo militar en Guaviare por muerte de menores

El pasado 2 de marzo, el ministro de Defensa, Diego Molano, dio la noticia sobre un importante operativo ejecutado en contra de las disidencias de Gentil Duarte: un bombardeo a un grupo perteneciente a uno de los primeros anillos del terrorista, cuyo campamento se encontraba en la selva del Guaviare, en jurisdicción del municipio de Calamar, y en el que murieron diez milicianos y tres más fueron capturados.

Como indica el procedimiento, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía arribaron al sitio para trasladar los cuerpos de los fallecidos a Medicina Legal en Villavicencio. Pero, con el paso de los días, lo que parecía el triunfo de un operativo militar en contra de Gentil Duarte se ha convertido en el primer gran escándalo que afronta Molano como cabeza del Ministerio de Defensa.

Siete días después del bombardeo, Hollman Morris dijo que había recibido información de que en la acción murieron siete menores de edad. Esa fue la chispa que encendió el escándalo. Por redes circuló un listado con los nombres de 12 menores de edad de las veredas de los municipios de San José del Guaviare y Calamar, que se encontraban desaparecidos.

Ante la posibilidad de que esos niños fueran los caídos en la acción militar, algunos padres viajaron a Villavicencio para preguntar si estaban entre los cadáveres. Entretanto, en los medios circuló una información apócrifa en la que supuestamente Medicina Legal ya había identificado la edad de los cuerpos sin vida y que solo uno pertenecía a una menor de 16 años. El 10 de marzo, la noticia fue desmentida por el organismo.

Al cierre de esta edición, todavía no se tenía certeza de quiénes fueron los fallecidos en el bombardeo ni cuántos menores de edad eran. Para entender qué fue lo que pasó y quiénes cayeron en la acción militar, SEMANA viajó a la zona. Estuvo en diferentes puntos del Guaviare y el Meta, y conoció el contexto del bombardeo en el que murieron los jóvenes Danna Liseth Montilla, de 16 años, Yeimi Sofía Vega Merchán, de 15 años, y Jhonathan Sánchez Zambrano.

HISTORIAS EN LA SELVA

Llegar al corregimiento Cachicamo es toda una hazaña. Queda a cinco horas del casco urbano de San José del Guaviare, y puede demorarse más tiempo en épocas de lluvia. “Este territorio siempre ha sido señalado como la oveja negra (...). Lo que la gente no sabe es que acá en el campo se vive diferente, acá el Gobierno no ha querido invertir”, dijo Luis Carlos Bonilla, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Cachicamo. Allí la educación es deficiente al igual que la salud. En lo corrido del año, no han podido ocupar la vacante de un médico rural, y el puesto de salud es atendido por un auxiliar de enfermería.

De ese poblado era Danna Liseth Montilla, la primera menor de edad identificada por Medicina Legal. Tenía tan solo 16 años. Su padre, Jhon Montilla, no sale del asombro. Hace unos meses ella se fue de su hogar. Salió de casa de los abuelos, llegó a la de unos tíos y luego se marchó, al parecer, con un novio a trabajar en el campo. Montilla perdió contacto con ella y, cuando volvió a tener noticias de su paradero, fue en la morgue de Medicina Legal de Villavicencio. La familia de Danna dice que extrañará las cartas que ella escribía en fechas especiales y el apoyo en la crianza de sus hermanos menores. “Era una niña alegre y curiosa, todo lo preguntaba cada vez que venía a visitar a su papá, porque no vivían juntos, ella preguntaba todo y corría por el campo”, así la recuerdan algunos de sus vecinos.

Nueve horas tardó el cuerpo sin vida de Danna en llegar desde Villavicencio hasta Cachicamo, en donde no hay salas de velación, por eso fue necesario improvisar. Una mesa alargada de madera, forrada con un mantel plástico de colores, soporta el ataúd. Debajo de este y en cada uno de los extremos hay unas velas blancas. Botellas de gaseosa y de cerveza hacen las veces de candelabros. Al lado, dos velones pequeños blancos reposan en una mesa de plástico donde armaron una especie de altar. Allí están las fotos y los santos a los que les tienen mayor devoción, una Virgen y un Cristo crucificado.

Mientras se adelantaba el velorio de Danna, una de sus vecinas, Luz Amparo Merchán Ruiz, recibió la noticia por redes sociales de que su hija de 15 años, Yeimi Sofía Vega Merchán, al parecer estaría entre la lista de menores dados de baja por las Fuerzas Militares. Buscó la manera de llegar a Medicina Legal de Villavicencio, donde el viernes 12 de marzo le confirmaron lo que tanto temía.

En la puerta de la morgue no pudo contener el llanto. “La doctora me acaba de decir que mi hija sí está acá. Muerta en combate”. Luz Amparo le contó a SEMANA que hace dos años su hija se fue de la casa enamorada. “Una noche se me voló. Yo le dije hasta mañana, Dios la bendiga, y al otro día no apareció. Yo empecé a buscarla a ella y al novio por la región, pero nadie me daba razón”, narró. “Me dicen que fue muerta en combate, así y ya”.

Solo escucha que la juzgan de diferentes lados; en las noticias dicen que los menores que estaban allá se convertían en máquinas de guerra. Y frente a los señalamientos, repitió: “Solo sé que yo tenía a mi hija estudiando y anoche se me voló. Los hijos podrán ser lo que sean, pero uno de papá sufre con su muerte. Ella era una niña, mi niña”, dijo, antes de que ese nudo que se le hace en la garganta se convierta en llanto.

En la zona se respira la tensión que dejó el bombardeo. Entre la vereda Picalojo y Puerto Nuevo, más de 70 militares estaban patrullando la zona, lo que la comunidad entiende como un desatino: “En lugar de sentir apoyo, sentimos que los están provocando, enviando a los soldados de manera desafiante cuando tenemos tanto dolor, porque nos entregaron a nuestros hijos muertos y aparte de todo los llaman máquinas de guerra; para nosotros esto es un infanticidio”, afirmaron los pobladores con rabia en su rostro.

“En lugar de entregar herramientas para salir adelante, entregan plomo y bala”, gritó desde lejos otro de los habitantes de la zona. Un río separa a Cachicamo de Nueva Colombia, perteneciente a Vista Hermosa, Meta, el lugar donde sepultaron a Jhonathan Sánchez Zambrano, otro de los jóvenes muertos tras el bombardeo, reclutado cuando era menor de edad. Jhoana Zambrano es su mamá. Estaba cerca a la tumba improvisada con ladrillos y plástico negro despidiendo a su hijo mayor; solo alcanzó a decir que era muy especial y que lo extrañaba, pero el llanto no la dejó continuar con el relato.

Fue su papá, Freily Sánchez, quien tomó la vocería: “La última vez que hablé con mi hijo fue en diciembre y me dijo que estaría trabajando para ayudar con los gastos de la casa. Él quería darles a sus hermanos lo que nunca pudo tener. Cuando Jhonathan era pequeño, yo no tenía plata ni para regalarle un carrito de juguete. Ahora está muerto y no pudo cumplir su sueño de ser ganadero”.

Estas tres historias dan cuenta del drama del reclutamiento infantil sufrido en esta región, que se ha intensificado desde 2016 cuando Gentil Duarte formó su disidencia. Desde ese año hasta 2020, hay más de cinco alertas tempranas que denuncian en la zona el incremento del reclutamiento de menores. Ante ese problema, que está lejos de acabarse, pues claramente los grupos ilegales, culpables de este drama, no van a dejar de realizar esta execrable práctica, surge la pregunta: ¿cómo adelantar la lucha contra los grupos armados sabiendo que sus ejércitos están conformados por menores de edad?

Cabe anotar que el derecho internacional humanitario especifica que en combate un mayor de 15 años puede ser considerado objetivo militar. En ese sentido, las Fuerzas Militares (FF. MM.) y el mismo ministro de Defensa han dejado claro que estos menores eran peligrosos. El general Jorge Hoyos, comandante de Operaciones Especiales de las FF. MM., le manifestó a SEMANA que todas las personas que estaban allá “son combatientes ilegales, alzados en armas que se encontraban en el sitio, y todos estaban protegiendo la estructura de este símbolo del mal”.

Ese es un punto que se debate desde diferentes frentes. Para los psicólogos es claro que un joven de 16 años, a pesar de su estatura y de portar un arma y un uniforme, no cuenta con el desarrollo sociocognitivo para comprender plenamente esta decisión y sus implicaciones, dijo Alejandro Baquero, miembro del consejo directivo del Colegio Colombiano de Psicólogos.

Lo cierto es que los directos responsables de que los menores estuvieran en el lugar son las disidencias de las Farc. Aprovechándose de las brechas socioeconómicas, captan a los jóvenes con un discurso de igualdad, pero en realidad los están utilizando estratégicamente como escudo para fortalecer el cerco de seguridad de los criminales más peligrosos. La única manera de que esa realidad cambie es que el Estado haga presencia en el territorio con verdadera inversión social.