El drama del “barrio Noruego” de Bogotá: el campamento de desplazados que todos olvidaron

Antonio Martínez tiene 56 años y otrora fue un hombre próspero. Tenía negocios en varios municipios del Caquetá como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Curillos, Rionegro, etc. Cuenta que hace dos décadas fue conocido por ayudar a electrificar el departamento y era el dueño de bares, discotecas y fuentes de soda en toda la región.

Su buena fortuna atrajo la atención de las columnas Teofilo Forero y el bloque sur de la extinta guerrilla de las Farc, quienes lo persiguieron y secuestraron, además de asesinar a varios de sus conocidos y familiares, así como destruir su casa con un carro bomba, en hechos sucedidos en San Vicente en el año 2002.

Ese mismo año tuvo que salir huyendo del Caquetá para nunca más volver. Desde entonces es un hombre pobre, dueño solo de la ropa que lleva puesta y únicamente acompañado por su nueva pareja sentimental, tras el asesinato de su esposa.

Su flagelo fue reconocido públicamente en 2012 por el guerrillero Ricardo Pastrana Guzmán, quien admitió haber dinamitado su hogar. A través de varios actos administrativos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Gobierno nacional reconoció su condición de desplazado y víctima del conflicto armado, tras lo cual debía recibir 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) o sea 15 millones 450 mil pesos. Un dinero que nunca llegó.

“Mis pérdidas superan los 2 mil millones de pesos, porque no son solo los hechos victimizantes los que me reconocieron, sino los predios que me quitó las Farc, la casa que me explotaron y mi secuestro. Un secuestro no tiene un valor posible para resarcir”, cuenta apesadumbrado el corpulento hombre, quien tiembla de rabia mientras muestra los documentos que le entregaron.

Mientras los números de ocho y diez dígitos danzan en la cabeza de Antonio, sus manos tratan de pelar una cebolla que encontró casi entera en el basurero de un supermercado cercano. Para poder comer, este hombre y su familia salen a reciclar por el exclusivo sector de la calle 94 con carrera 11, en el norte de la capital colombiana.

Allí, en la acera que hace parte de un edificio que alberga las oficinas de la Embajada del Reino de Noruega en Bogotá, Antonio y sus compañeros montaron desde el 30 de noviembre de 2020 un improvisado campamento, hecho con tablas viejas desechadas por comercios aledaños, láminas, carpas para camping y cobijas viejas.

“Aquí vivimos 45 personas, la mayoría adultos mayores que pasan de los 55 años. También hay algunos jóvenes y familias con niños. Aquí todo el mundo viene del Huila, del Caquetá, Chocó, Tumaco, Cundinamarca, la costa Atlántica, etc.”, relata don Eduardo Gómez, desplazado de Yacopí, quien funge como el “maestro de obra” de estas improvisadas viviendas en la calle.

¿Por qué viven frente a la Embajada de Noruega?

Este país actuó como garante de los acuerdos alcanzados entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc, en el marco del proceso de paz negociado en La Habana, Cuba. Viendo que los actos administrativos en los cuales se les cataloga como desplazados no fueron cumplidos por el gobierno de turno y no se les brindó ayuda alguna, se dirigieron a la embajada buscando que la comunidad internacional ejerciera presión sobre el Estado colombiano.

“Nadie de los de Noruega salió nunca a hablar con nosotros, pero no perdemos la esperanza. Aquí nos organizamos las tareas y, mientras unos buscan comida o cocinan, los otros están pegados al teléfono, buscando que los procesos de cada uno se muevan”, revela Antonio.

Los días en este lugar han sido tortuosos, pues estas personas desplazadas tienen que lidiar con la sed, el hambre, el inclemente clima bogotano y, peor aún, la discriminación de los comerciantes y residentes del sector. Denuncian que han usado toda clase de tretas abusivas y peligrosas para obligarlos a abandonar el campamento, incluso poniendo en riesgo su salud.

“Para evitar que encontremos comida en la basura con la que podamos sobrevivir aquí, los restaurantes y los supermercados le echan cloro, jabón, creolina e incluso pintura a los desechos orgánicos que sacan en los contenedores, y eso ya ha enfermado a varios de nosotros”, cuenta Eduardo.

Aunque en un principio un buen samaritano les facilitaba agua para beber y asearse, luego cortó su ayuda de manera intempestiva. “Como que los vecinos se le emberracaron y el señor nos dijo que lo sentía, que no nos podía regalar nada más”, explica Antonio.

Como exploradores de otros tiempos, algunos miembros jóvenes del grupo se dirigieron a la montaña que queda arriba de El Chicó, cruzando la carrera séptima, y allí encontraron un pequeño pozo con agua. Es cierto que no es limpia, pero al menos es potable -aseguran-, además de ser el lugar donde pueden acudir a asearse y a realizar sus necesidades fisiológicas.

Frente a la acera donde duermen, se mantiene día y noche un CAI móvil con dos patrulleros, quienes siempre están apostados a las puertas de la embajada. Aunque pudiese interpretarse como una salvaguarda para estas pobres personas, lo cierto es que están allí para vigilarlos.

“Aquí ha venido la Alta Consejería Distrital de Víctimas y dice que la gente que vive por acá que no nos regale nada, que no nos aliente. No nos ayudan en nada y para ellos somos menos que perros”, dice Eduardo con tristeza.

En este lugar el miedo es un término relativo, pues no tienen nada que perder. Han intentado desalojarlos, envenenarlos e incluso una de sus integrantes murió dentro del campamento. “Stella tenía 46 años y era desplazada del Caquetá. Sufría de diabetes y era hipertensa, por lo que la comida que consumía aquí la terminó enfermando. Un día se puso muy mal, llamamos a la ambulancia, por lo que vinieron por ella y se la llevaron al hospital. A los cinco minutos de llegar allá nos dijeron que se había muerto”.

Estas personas han creado una camarilla tan unida, que en medio del desasosiego y la precariedad han comenzado a considerarse familia. “Nosotros ahora somos el barrio Noruego, así nos pusimos. Aquí todos nos ayudamos y nos queremos, porque a fin de cuentas no tenemos a nadie más en el mundo”, dice Antonio mientras abraza a su mujer.

¿El Estado se olvidó del “barrio Noruego”?

Los desplazados piden que se les cumpla con la indemnización prometida, además de una vivienda saludable, la restitución de tierras y el acceso a otras tierras por puntuación, como establece la ley. El asunto es que todas estas peticiones no dependen de una sola entidad, por lo cual SEMANA se comunicó con todos los involucrados en este triste caso.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (gobierno Duque)

Desde el 2 de diciembre de 2020, la unidad asegura haber hecho presencia en las inmediaciones de la Embajada de Noruega con un profesional de la Dirección Territorial Central, con el propósito de generar un diálogo con los voceros de las diferentes organizaciones presentes en el lugar.

En el marco del diálogo adelantado se asumió como primer compromiso el levantamiento del censo de las personas presentes en el lugar en ese momento, con el fin de realizar en los siguientes días la gestión de contacto a los teléfonos suministrados (segundo compromiso) por las mismas personas, de tal forma que se tuviese mayor éxito en la comunicación. Aseguran que al final fueron 210 personas las censadas.

De otro lado, aclararon que la entidad no cuenta con una ruta extraordinaria diferente a las ya establecidas para acceder a la medida de indemnización por vías de hecho. La entrega de la medida de indemnización administrativa establecida en la ley se realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 1049 de 2019.

Finalmente, fue posible identificar que, de las 255 víctimas reconocidas en el RUV, 71 personas —que representan el 28 %— recibieron por lo menos algún pago durante el año 2020 y lo corrido de 2021 (hasta el 30 de julio). De estas 71 personas, 50 recibieron pago de Ayuda Humanitaria en lo corrido de 2021. Las demás víctimas, no registran pagos durante este periodo.

Alta Consejería Distrital para las Víctimas (Alcaldía mayor de Bogotá)

Aseguran que han realizado acciones de atención psicosocial, orientación jurídica y priorización a seis sistemas familiares que han ingresado en la ruta de atención humanitaria de la alca consejería.

“Es importante mencionar que se ha evidenciado deterioro en las condiciones de salud de los ocupantes, en particular por el diagnóstico de covid positivo de varios de sus ocupantes. En este sentido, la Secretaría de Gobierno y de Integración Social ofertaron la posibilidad de un albergue para las personas con prueba positiva, lo que permitiría que guarden el distanciamiento y aislamiento en condiciones dignas. Sin embargo, solamente un núcleo familiar aceptó la oferta”, explican en su comunicado de prensa.

Por último, durante el mes de agosto se sostuvo una reunión entre población, alcaldía local y Subdirección de Integración social, en la que se ofertaron servicios de emergencia social a los núcleos que continúan en la vía por un periodo de tres meses. En este sentido, se tomaron documentos y la población está a la espera de respuesta por parte de la entidad.

Secretaría de Integración Social de Bogotá

La entidad reveló que, con la prestación de su servicio Respuesta Social, logró el desarrollo de diálogos sociales que permitieron conocer las necesidades de esta comunidad y con los que se materializaron más de 30 atenciones directas a familias para autorizar ayudas de apoyo alimentario.

* La comunidad desplazada niega que cualquiera de estas acciones se haya adelantado y denuncian que nadie, excepto la alcaldía local y la Personería de Bogotá, se ha acercado.