El duro ‘jalón de orejas’ de la Procuraduría por inclumplimientos a la oposición

Todo un ‘rosario’ de preocupaciones fue el que envió la Procuraduría al Congreso de la República frente al cumplimiento del estatuto de la oposición.

El estatuto señala que tanto a nivel nacional (Congreso) como departamental (asambleas) y municipal (concejos), los partidos deben tomar una posición frente a la administración de turno, bien sea si quieren ser bancada de gobierno, independiente o de oposición.

Ser oposición trae sus dificultades, pues la mayoría de veces se trata de partidos que están en minoría, pero también da ciertos beneficios, muchos de los cuales, según el Ministerio Público, no se están cumpliendo.

“Preocupa a la Procuraduría que, después de tres años de implementación del Estatuto de la Oposición, la autoridad electoral no ha logrado garantizar los recursos necesarios para que las organizaciones políticas puedan acceder a los medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético”, indica el Ministerio Público.

La entidad, en un informe de 44 páginas enviado al Congreso, indica también que las organizaciones políticas declaradas en oposición no cuentan con información sistematizada que les permita dar cuenta sobre el acceso a medios de comunicación en la instalación de corporaciones públicas de elección popular, así como de las solicitudes de acceso a medios de comunicación en las intervenciones de gobernadores y alcaldes.

“Persiste la confusión sobre los diferentes espacios a los que las organizaciones políticas declaradas en oposición pueden acceder a los 36 medios de comunicación social del Estado, en alocuciones presidenciales e intervenciones oficiales de alcaldes y gobernadores y derecho de réplica”, agrega el documento.

Uno de los asuntos que mayor complejidad reviste para las organizaciones declaradas en oposición es el acceso a la información, especialmente para la labor de hacer control político a la administración de turno.

En este sentido, la Procuraduría señala que las organizaciones políticas aún no cuentan con un registro de solicitudes sistematizado que les permita dar cuenta del cumplimiento del derecho de acceso a la información y documentación oficial.

“Frente a la participación en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas a nivel nacional se está garantizando este derecho, no obstante, la información aportada por las organizaciones políticas a nivel territorial es muy limitada y en la mayoría de los casos no está disponible, lo que dificulta el seguimiento frente al cumplimiento de este derecho”, indica el documento.

Respecto a la realización de la sesión exclusiva sobre la ejecución del plan de desarrollo, la información disponible a nivel territorial es limitada, lo que dificulta el seguimiento frente al cumplimiento de este derecho.

El documento, firmado por la procuradora general Margarita Cabello, sostiene además que tras tres años de expedida la Ley 1909 de 2018, aún no se cuenta con el programa de protección y seguridad para los partidos y movimientos políticos declarados en oposición.

Buen ‘negocio’

Más allá de estas complejidades, está claro que ser de oposición también puede llegar a ser un buen negocio.

El estatuto de oposición en su artículo 12 establece que los partidos que se declaren de esta tendencia tendrán financiación adicional, equivalente al 5 % del total que reciben todos los partidos. SEMANA conoció el monto adicional que recibieron estas colectividades –la mayoría de centroizquierda– en 2021. El que más recibió fue la Alianza Verde, con 1.516 millones de pesos; le sigue el Mais, al que se le giraron 565 millones; luego viene el Polo, con 415 millones. El partido Comunes, de las antiguas Farc, tuvo una financiación por 377 millones. Como quien dice, hacer oposición paga.