El duro regaño de una juez a la primera línea

Entre lágrimas, los presuntos integrantes de la llamada primera línea calle 80 recibieron la decisión de una juez de control de garantías de enviarlos a la cárcel por más de cinco delitos y como responsables de la actos de terrorismo, ataques a instituciones, al servicio de Transmilenio y a la Fuerza Pública. La juez estudió el material probatorio que presentó la Fiscalía y al resolver la medida de aseguramiento lanzó duros reparos a los procesados.

Para la juez, mientras algunos ciudadanos ejercen de manera honesta, respetuosa y ordenada su derecho a la protesta, quienes ahora fueron judicializados, al parecer, se esfuerzan por empañar la movilización pacífica mediante la violencia y los actos de intolerancia contra sus propios conciudadanos.

“No son desocupados, desadaptados generando caos y desorden dando rienda suelta a sus pulsiones antisocial. No, todo lo contrario, son actores políticos serios, leídos, con plataforma y con demandas clarísimas y diagnósticos muy rigurosos de la realidad social que si bien alteran la cotidianidad y pueden dar lugar a traumatismos viales, no lo hacen generando violencia o en contravía de la pacífica convivencia, sino exclusivamente para llamar la atención de la sociedad y producir un nivel de concientización sobre un problema cuya solución ya no admite más dilaciones y que amerita un cambio profundo de la institución”, dijo la juez.

Insiste la juez que los ciudadanos, que legítimamente demandan por sus derechos, terminan en la mitad de un caos que ocasionan los integrantes de las llamadas primeras líneas, impidiendo o frustrando el objetivo principal de la movilización. Son, los ahora capturados, un problema más, un “lastre” para la sociedad.

“Protestan para que ustedes puedan estudiar, terminar el colegio e ir a una universidad y encontrar oportunidades de trabajo, con una remuneración justa y conseguir, como es debido, el sustento y puedan darle un futuro a sus hijos, una vida distinta a las que les ha tocado vivir y no ser un lastre para la sociedad, una carga para sus propias familias”, explicó la juez.

Aseguró en su decisión, que la oportunidad construida a partir de la movilización pacífica y la exigencia de los derechos de los ciudadanos termina afectada por culpa de personas que no entienden las diferencias en una democracia y ven a sus otros vecinos como enemigos a quienes deben atacar de manera violenta por no compartir sus ideales.

“Ante la gran oportunidad de escribir una nueva historia, de generar espacios de encuentro y transformación desde la diferencia para construir el nuevo Estado colombiano donde primen la discusión con argumentación, el respeto por el otro la equidad, la legalidad, la seguridad, el bien común y la vida, pero esa oportunidad de oro se viene a pique por personas que no entienden que el disenso el pluralismo y la diferencia”, explicó en su decisión la juez.

Dijo la juez que hizo carrera en el país la idea de resolver los problemas mediante la violencia, entre los mismos ciudadanos. Criticó que los ahora capturados arremeten contra la fuerza pública como si los funcionarios fueran el Estado y no hijos, hermanos y padres de otros ciudadanos.

“Porque pretendemos resolver los problemas apelando a la violencia y el delito. No se apaga el fuego con fuego. Los presuntos abusos de las fuerzas del orden, algunos de los cuales aquí se ventilaron, no se corrigen incrementando las zozobras de sus congéneres”, señaló el despacho al tomar la decisión de enviarlos a la cárcel.

Advirtió, en la lectura de su decisión, que los ahora capturados no pueden compararse con los ciudadanos que salen a protestar y exigir sus derechos de forma pacífica, “que buscan una justa reivindicación a sus demandas aquellos que a pesar del hambre y de la desesperanza exigen una oportunidad laboral”. Dice que quienes entorpecen la protesta mediante la violencia son “alborotadores, gamberros, patanes, camorreros y forajidos”, que imparten una absurda publicidad de sus ideas.

“Sobre la gravedad el expediente haciendo entonces palmario que esa actitud que presuntamente asumieron es demostrativa de falta de frenos inhibitorios en una partera de quemar personas y de ver sangre, de insensibilidad social y un desafuero inusual en personas que en su mayoría tiene 20 años y los otros que escasamente superan la treintena”, señaló la juez.

Para la justicia es claro que los 13 capturados representan un peligro para la sociedad, de ahí que la medida de aseguramiento en centro carcelario se hace necesaria para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que ellos se atrevieron a amenazar.