¿El Ejercito conocía los planes del M-19?

Cuando la Fiscalía reabrió el expediente por las desapariciones del Palacio de Justicia, tuvo que escudriñar en todos los archivos castrenses para establecer responsabilidades y competencias de determinados mandos de la fuerza pública.

En la reconstrucción de los antecedentes que rodearon la toma del Palacio por parte del M-19, confirmó lo que desde entonces se advertía. Que el asalto subversivo estaba anunciado y que el Ejército conoció, a través de varios documentos, las intenciones del grupo insurgente.

Esa información reposa en los expedientes de la Fiscalía y fue consignada en la providencia que acusaba al coronel Alfonso Plazas Vega, hasta la fecha, el único oficial de alto rango condenado por las desapariciones.


En las inspecciones judiciales realizadas entre 2005 y 2007 se encontró un documento que llegó al Comando General del Ejército el 16 de octubre de 1985 en donde se anuncia que el M-19 se tomará el Palacio de Justicia. La toma se produciría, según ese documento, el 17 de octubre, una vez estuvieran todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

También se encuentra el documento del B2 en donde pone en conocimiento del Dinte, el DAS y la Policía este hecho y se encuentra manuscrita la orden de que se impida en la fecha mencionada o en posteriores y se tomen las medidas pertinentes para conjurar este hecho.


Ese documento decía lo siguiente

“El M-19 planea tomarse el edificio de la Corte Suprema de Justicia el jueves 17 de octubre cuando los 24 magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo de la embajada de Santo Domingo. Harán Fuertes exigencias al Gobierno sobre diferentes aspectos, entre ellos el tratado de extradición”.

Después de ese texto aparece una inscripción a mano que dice “D2 Coordine seguridad para evitar estos hechos en la fecha señalada o en otras con los organismos correspondientes de EJC y PNC”.

Ese documento también registra el reporte al Comando del Ejército al Dinte y otros organismos de inteligencia y seguridad del Estado, mediante el memorando 2789 CG2 ItM-252 para jefatura Dinte, M2, A2, Dijin, Central INT DAS

El memorando completo está firmado por orden BG Jaime Gómez Martínez Jefe de Departamento del D2 EMC y también está acompañada la firma del Coronel Argemiro Cruz García.

La Fiscalía también asegura que desde 1984 y en particular en 1985, “se esperaban acciones de grandes magnitudes”, con ocasión del recrudecimiento de las acciones del M-19.

“Era más que conocida la posible toma del Palacio de Justicia y la fecha aproximada de la misma y que la finalidad de la presunta toma era el secuestro de los 24 magistrados de la Corte Suprema. Además, la reunión fallida para reanudar el proceso de paz de Álvaro Fayad en marzo de 1985 con el Procurador, y la amenaza de violencia se evidencia desde los primeros meses del año 85 que llevaron a una gran escalada”, señala las conclusiones de la Fiscalía.

Para esa fecha, el Ejército tenía desplegados tres planes de acción contra la guerrilla. Eran los Planes Tricolor, el Plan GEMA y el Plan Escorpión, instructivos en los que se enmarcó los operativos de retoma del Palacio, que correspondieron a la Brigada Trece de Bogotá.


El Plan Tricolor, puesto en marcha desde 1984, establecía la intensificación de “operaciones de acción sicológica, inteligencia y contra-inteligencia, de control y combate contra los grupos subversivos para controlar su expansión y crear condiciones favorables para la destrucción”.

"Las operaciones, según el Plan, deben caracterizarse por su persistencia, presión constante, continuidad y fuerza a fin de conseguir resultados decisivos. El planteamiento militar debe estar orientado hacia una acción militar drástica y continua contra los grupos alzados en armas para destruirlos o impedirles la unidad de los mismos y la extensión de la subversión en los sectores rural y urbano, apartándose de aquellas tareas encaminadas al control delictivo cuya competencia es de responsabilidad primaria de la Policía Nacional y otros organismos del Estado.

(...) Ante el incremento de la acción subversiva es importante que se mantengan unidades de reacción inmediata, entrenadas y organizadas”.

El Plan GEMA, de contra inteligencia, establecía el “control de personas, documentos, armas y explosivos”, y en esa disposición se enmarcan acciones como la de los interrogatorios al que fueron sometidos cuantos eran liberados del Palacio en la Casa del Florero.

Lo que la Fiscalía ha querido demostrar con la recopilación de estos antecedentes es que es que el asalto armado al Palacio de Justicia estaba anunciado y el que el Ejército estaba alertado. Pero como no se pudo controlar, reaccionó de acuerdo a los planes ya establecidos, y así operaron para retomar el control.