El Ejército, en la mira por presuntos delitos sexuales

Uno de los escándalos más grandes afrontados por el Ejército Nacional durante 2020 fueron las denuncias por delitos sexuales en contra de menores de edad que comprometen a uniformados. El más sonado: el abuso sexual cometido, al parecer, por siete soldados a una niña indígena embera chamí en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda, ocurrido el pasado 24 de junio.

Este caso forma parte de cientos que reposan en los escritorios del Departamento Jurídico de la Dirección de Asuntos Disciplinarios y Administrativos del Comando de Personal, entre otras oficinas del Ejército, y que aparecen relacionados en la respuesta a un derecho de petición enviado por SEMANA. El documento revela un preocupante panorama: en la última década, entre el 1 de enero de 2010 y el 10 de julio de 2020, se han registrado 303 hechos por posible abuso y acoso sexual llevados a cabo por miembros del Ejército.

Entre los denunciados hay 24 oficiales (10 en retiro y 14 activos), 109 suboficiales, 104 soldados profesionales y 40 soldados regulares. De esos procesos, hay 14 sanciones disciplinarias y 49 decisiones de archivo o fallos absolutorios. En materia penal, el Ejército desconoce el estado de cada proceso, argumentado que la Fiscalía es la encargada de llevarlos.

Un dato aún más preocupante del documento son los 162 casos cometidos contra menores de edad. En la mayoría de los hechos, las víctimas son varones: 53 corresponden a niñas, y 109, a niños. Por ejemplo, en 2014, tres niñas denunciaron ser víctimas de delitos sexuales, y cuatro niños dijeron lo mismo, entre ellos, un menor de 11 años que vivía en el municipio de Mariquita, Tolima, cuyo caso documentó la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico). “La víctima es hijo de una mujer que le abrió las puertas de su casa a un soldado profesional (…) el joven militar aprovechó la cercanía y la confianza que su anfitriona depositó en él, para acceder en repetidas ocasiones al niño”, dice el expediente de Coalico. El menor le contó a una amiga de la familia que tenía miedo de que le pasara algo a su madre, porque el militar lo había amenazado. Una vez denunciado el hecho pasaron seis años para que se hiciera justicia. En mayo de 2020, el soldado fue condenado a 13 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años.

Para Yohana Jiménez, defensora de los derechos de la niñez, hay poco conocimiento de los casos de menores de edad varones, porque a las víctimas les da vergüenza denunciar y porque se cree erróneamente que la violencia sexual es exclusivamente contra las mujeres. “Pero la violencia contra los niños no es una cuestión de género, y no podemos permitir que esto siga pasando”, afirma.

Al analizar los datos suministrados por el Ejército, se observa un crecimiento exponencial en los casos desde 2016, año en el que se reportan 19 denuncias (6 niñas y 13 niños), un incremento del 316 por ciento comparado con 2015 cuando hubo 6 denuncias. Y entre 2016 y 2019 la cifra se duplicó al alcanzar los 41 casos. Por el momento, no se puede establecer si este aumento se debe a que las víctimas denuncian cada vez más. SEMANA obtuvo la versión de una víctima y el testimonio es estremecedor. Entre lágrimas, la esposa de un cabo primero del Ejército le contó a esta revista que el 7 de diciembre de 2018 fue la peor noche de velitas que han vivido sus hijas. “Ese día mi esposo llevó a la casa, en la escuela de Artillería en Bogotá, a su compañero y amigo, un cabo segundo que necesitaba adelantar un trabajo de sistemas; y como mi esposo es bueno en eso, le ayudaría. Pero ese militar traicionó la confianza y abusó sexualmente de mi niña de 4 años”.

Los dos militares estaban reunidos en el estudio, y las niñas de 9 y 4 años, en la habitación contigua. Cuando el papá salió a quitarse el uniforme, la niña fue al estudio, y el cabo segundo, según narra la menor, le bajó la ropa interior y tocó sus partes íntimas. La niña salió llorando y le contó lo sucedido a su padre. Él denunció el caso a sus superiores, pero se negaron a abrir investigación preliminar contra el uniformado o a trasladarlo.

“Nos tocó denunciar al coronel, al jefe de mi esposo, por omisión, le decía que no estaba entre sus competencias aperturar una investigación”. Ella no logra entender cómo un coronel del Ejército desestimaba esa gravísima situación. “Después de que le abrieran investigación al cabo, a la vez empezó una persecución contra mi esposo por hacer estos hechos públicos”, comentó. Al respecto, Ángela María Robledo, congresista por el partido Colombia Humana, considera que los altos mandos en varias oportunidades no se han tomado este tema en serio, “porque les parece que reconocerlo es quitarle legitimidad y atacar el honor de las Fuerzas Armadas”.

A esa situación de impunidad y persecución se suma otra preocupación: la investigación no avanza en la Fiscalía, situación que no sorprende a los que denuncian los casos de abuso sexual a menores. “Uno de los factores en común que vemos en las denuncias que conocemos es que la Fiscalía actúa con tanta lentitud que eso desestimula las denuncias”, afirmó Robledo, y señaló que, si bien ella cree en la institucionalidad, considera que está pasando algo en este Gobierno que pareciera querer ocultar las faltas que cometen algunos uniformados. “Hemos intentado hacer un debate sobre las Fuerzas Armadas y no ha sido posible. Estoy segura de que el debate que fue aplazado tiene que ver con este tapen, tapen. No hay una voluntad real por erradicar todas las formas de violencia sexual”.

Frente a estos casos, el Ejército afirma haber tomado cartas en el asunto. Aclaran que la institución cuenta con centros penitenciarios de mediana y alta seguridad, en donde hay nueve uniformados condenados por cometer delitos sexuales. También señalan que han emitido lineamientos para prevenir estas conductas. A partir de 2019 se efectuó un mayor enfoque en las medidas de prevención de niños y adolescentes. Emitieron la cartilla Derecho al Futuro, dirigida a restablecer y no continuar con la vulneración de derechos de los menores recuperados o desvinculados de los grupos armados ilegales. Y en 2020 se incrementaron los esfuerzos para evitar que las cifras de posibles víctimas sigan engrosando las estadísticas. Entre las estrategias, las capacitaciones dadas a los uniformados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Sin embargo, con el paso de los años, la cifra de posibles casos de abuso y acoso sexual aumenta. En repetidas oportunidades, el Congreso ha solicitado que se realice un mejor filtro a la hora de incorporar miembros a las filas de las Fuerzas. El Comando de Reclutamiento responde que ellos hacen tres evaluaciones de aptitudes psicofísicas, médica, odontológica y psicológica; la última es la que más puntaje da. Pero advierten que es difícil identificar quién puede ser un posible abusador sexual. Basado en especialistas, el Ejército afirma: “Los hombres que agreden sexualmente no son diferentes en la mayoría de sus características y rasgos al resto de los hombres”.

Para reducir esos riesgos, tres meses después de incorporado el personal se hace otro examen que confirme si es apto o no para continuar en el servicio. Por su parte, Robledo considera que el problema del abuso y acoso sexual por parte de militares no se debe a patologías individuales, sino a un contexto institucional. “En las Fuerzas Militares, entre ellas el Ejército, hay una cultura de machismo y patriarcado, en la que el que manda es el más machote y muestran su poderío sometiendo a otro sexualmente”, afirmó.

Este tema debe volverse prioridad para todas las instituciones del Estado, porque, más que estadísticas, cada uno de los casos representa el dolor de un menor y de una familia que espera justicia.