Los graves hostigamientos del ELN a los indígenas en Chocó de los que nadie habla

El acuerdo humanitario para rescatar a Chocó de la crisis violenta se hace agua. Aulio Isarama Forastero fue la última víctima mortal que dejó el asedio en que viven las comunidades. Más allá de los señalamientos, todavía no hay responsables y el vacío que dejó el gobernador indígena se hace cada vez más grande: 1.142 personas que se desplazaron después del asesinato.

"Ante el temor generalizado y las amenazas recibidas por parte del ELN, las familias se han desplazado paulatinamente en diferentes fechas y como medida de protección hacia diferentes municipios los cuales no se cuenta con albergue disponible”, dijo este martes el jefe del equipo negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, después de que las partes se reunieran con representantes de la comunidad en Quito.  

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La visita de los representantes indígenas se enmarca en el seguimiento que el Gobierno y el ELN vienen haciendo de la propuesta "Acuerdo Humanitario Ya". La delegación, conformada por tres líderes indígenas, manifestó ante la mesa de diálogos las preocupaciones de sus comunidades en el territorio.

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SEMANA habló con el Juan Camilo Restrepo sobre la propuesta que le hizo a la Unidad de Víctimas de tomar cartas en el asunto y los efectos que estas violaciones tienen en la tregua bilateral.

SEMANA.: ¿El acuerdo humanitario que surgió de la Mesa en Quito está aliviando la crisis humanitaria que se vive Chocó?

Juan Camilo Restrepo.: Ha servido, pero no es suficiente. El pasado viernes recibimos a los representantes del colectivo Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó que hicieron un análisis muy descarnado, franco del problema. El punto es que gran parte de lo que se está presentando en la región es causado por el grupo del ELN que opera en esa región: el Frente Occidental. 

SEMANA.: ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las problemáticas de las que hablan los representantes?

J. C. R.: Uno de los puntos que más preocupa precisamente tiene que ver con un tema que denunció las Naciones Unidas. Hay 1.200 indígenas -en su mayoría emberá- que fueron desplazados a la brava de sus territorios por miembros de este frente.

SEMANA.: ¿Qué acciones se tomaron desde la Mesa en Quito?

J. C. R.: Se trata de una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. A las comunidades se les está negando el derecho de permanecer tranquilamente en sus territorios ancestrales. Por eso, se está coordinando con la Unidad de Víctimas un acompañamiento - retorno a las zonas. Probablemente este es el desplazamiento más grande que existe en Colombia en este momento.

SEMANA.: Pero, ¿hay garantías para retornar?

J. C. R.: Esta denuncia fue presentada a las dos partes en la Mesa. El problema es que no es el único tema que preocupa. Todavía hay enrolamiento de menores de 15 años y episodios de minas antipersonales en los caminos ancestrales. Ante la magnitud de la situación, la idea es que la Unidad de Víctimas, que ya tiene experiencia, sea la encargada de hacer el estudio sobre terreno. Al final, lo que se quiere es propiciar un retorno los lugares de origen con los mayores niveles de seguridad posibles.

SEMANA.: Y en la Mesa, ¿hay efectos?

J. C. R.: Se vienen cometiendo delitos e infracciones a las normas penales que son y están siendo judicializadas. Además, este puede ser el inicio de infracciones a las obligaciones acordadas durante el cese al fuego. En ese sentido, se puso una formal queja ante la mesa de veeduría y verificación coordinada por las Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Allí es donde se reciben, evalúan y calibran las quejas que al cese al fuego presenten las partes.

SEMANA.: ¿Esta situación que se viene presentando en Chocó amenaza la tregua bilateral que se pactó hasta el 9 de enero?

J. C. R.: En general, las actuaciones recientes del Frente Occidental del ELN se han convertido en una piedra en el zapato de todo esto. Están teniendo unos comportamientos criminales y alevosos contra la población civil. De ahí que se haya reiterado algo que el Gobierno le ha repetido a los delegados de Quito: "se debe acreditar cuanto antes un representante del frente Occidental del Chocó. Es una certeza de que estas negociaciones se están haciendo con todo el ELN y no con un pedazo".

SEMANA.: ¿Qué respuesta han encontrado en el ELN?

J. C. R.: Hasta ahora ninguna, más que un silencio evasivo.

SEMANA.: ¿Qué caminos quedan para evitar que la tregua se ahogue y se salga de control del Gobierno?

J. C. R.: Además del trabajo con la Unidad de Víctimas, se han presentado quejas formales a los veedores para que evalúen esto como una infracción. Pero en lo que sí seguimos insistiendo es en la necesidad de que el ELN acredite a un representante del Frente Occidental. Esto no sólo es para que ponga la cara por el grupo pacífico, sino también para que con él se puedan negociar medidas humanitarias que ayuden a desescalar la violencia. 

SEMANA.: ¿La situación es generalizada para el Chocó, o sólo en el Alto Baudó?

J. C. R.: La verdad es que en el Chocó se están presentando hechos por todas partes. Sin embargo, las mayores tropelías contra la población indígena que comenzaron con el asesinato del gobernador indígena, y han seguido con estos desplazamientos, se concentran es en el Alto Baudó.

SEMANA.: ¿Le preocupa el mensaje de desconfianza que se alimenta?

J. C. R.: Sí me preocupa, pero sobre todo por lo que está sucediendo en el Chocó a manos del Frente Occidental. La mejor manera de superar todo esto es poniendo descarnadamente toda la verdad sobre la Mesa, cómo lo venimos haciendo.