El equipo del fiscal ‘ad hoc’

Desde hace un par de semanas el fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, el exdecano Leonardo Espinosa Quintero, anda en una camioneta blindada y protegido por un robusto esquema de seguridad que le fue concedido por la Fiscalía General de la Nación.

El nuevo funcionario ya cuenta con oficina y un equipo que poco a poco está recopilando los expedientes del más complejo entramado de corrupción que haya conocido el país, y frente al cual el fiscal general Néstor Humberto Martínez y su escudera María Paulina Riveros, se han declarado impedidos.

La oficina de Espinosa está a solo unos metros de la sede principal de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá, donde hasta hace poco era decano de la Facultad de Derecho. La Fiscalía le asignó varios espacios allí (calle 74 con carrera 14), en el edificio donde funciona la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses.

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El fiscal ad hoc ya eligió los tres fiscales delegados con los que trabajará. El primero, Rafael Sandoval López, es fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un penalista experto en procesos de casación penal (litigios ante el máximo tribunal) quien ha tenido amplia trayectoria en la academia. Antes de ser nombrado, López se ocupaba de su oficina y dentro de sus clientes se cuentan firmas como el banco BBVA, Colsánitas y de particulares como el expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, y el excontralor general, Manuel Francisco Becerra. El nuevo fiscal especial también se desempeñó como conjuez del Tribunal Superior de Bogotá.

La primera misión encomendada a López será revisar el archivo que un fiscal delegado de la administración Martínez Neira hizo del caso de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez ante la Corte Suprema. A la pareja, exfuncionarias del Gobierno Santos, se le señaló de supuesto interés indebido en celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades, pues a ojos de varios congresistas del Centro Democrático, la adición de una vía asociada al megaproyecto Ruta del Sol II las favorecería en razón a que la familia de Parody tiene una terreno en la zona.

Sobre el asunto, la Fiscalía las escuchó en interrogatorio en 2017 y tras esto tomó la determinación de archivar el expediente que cursaba en la Sala Penal de la Corte Suprema (dado su fuero de ministras), al descartar cualquier irregularidad. El fiscal Sandoval revisará esa determinación a fin de ratificarla o reversarla.

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El otro escudero elegido por Espinosa es Cristian Wolffhügel Gutiérrez, quien se desempeñará como fiscal delegado ante el tribunal. Se trata de un muy reconocido académico que Espinosa reclutó en su alma máter. Wolffhügel es doctorado en derecho penal de la Universidad de Roma Tre y enseña desde hace más de 15 años en pregrados y posgrados de la Sergio Arboleda.

El tercer elegido es Napoleón Botache Díaz, un abogado que ha hecho carrera en la Fiscalía desde técnico judicial pasando por fiscal de apoyo y fiscal en propiedad. Botache saltó a los titulares de prensa en la administración de Eduardo Montealegre como auxiliar de Antonio Luis González, el tristemente célebre fiscal que llevó el sonado caso Colmenares. Cuando era absolutamente evidente que González –para sostener su errada teoría del caso– había hecho todo tipo triquiñuelas, Botache lo denunció y declaró que los testigos que su jefe presentaba no eran más que delincuentes libreteados a los que se les decía qué decir. Los tres falsos testigos del caso Colmenares aceptaron cargos y fueron condenados por engañar a la justicia, González está en investigación sin que hasta ahora, varios años después, se tengan conclusiones de su responsabilidad.

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Los nuevos fiscales delegados, Wolffhügel y Botache, tendrán que estudiar los expedientes de Odebrecht en los que figuran, procesados, los empresarios y lobistas Eduardo José Zambrano, Federico Gaviria, Gabriel Dumar y Gustavo Adolfo Torres, quienes tiene cuentas con la justicia por supuestamente prestarse para revestir de legales una maraña de contratos a través de los cuales fluyeron gruesas sumas de dinero que se usaron realmente para pagar sobornos.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia estudia una recusación formulada por el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade contra Néstor Humberto Martínez y todos sus delegados relacionados con el expediente en que es investigado. Así mismo, la corte analiza un impedimento presentado por Martínez Neira y la vicefiscal María Paulina Riveros, a fin de que los procesos de Odebrecht que implique negociaciones y suban a esos altos despachos, pasen a manos de fiscal ad hoc en razón del ya manifiesto conflicto de interés que tiene la actual cúpula del búnker.

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Es probable que la corte, al resolver esos asuntos, amplíe la carga laboral del fiscal ad hoc y su equipo. De momento, Espinosa cuenta con los tres escuderos que fueron elegidos por él –además de un asistente personal y dos secretarios– y por delante tiene el desafió de dar respuesta frente al denso caso. El sueldo de los cuatro fiscales corre a cargo de la nómina de la Fiscalía General de la Nación.