El escándalo de MinTic: ¿Quién responderá por los $70.000 millones del internet para los niños?

James tiene 8 años y en su escuela en Tadó, Chocó, no hay acceso a internet. Cada vez que necesita hacer tareas, tiene que ir a una papelería que le alquila un computador y le cobra la hora a 1.500 pesos. Sus padres, a veces, deben escoger entre comprar una bolsita de aceite, por la que pagan 500 pesos, un tomate y una porción de salchichón o que el niño se conecte a la red. “Si hay para internet, no hay para la comida. Los niños tienen desventaja en competencias, se vuelven un poco asociales”, dice Karen Martínez, una joven que vive en el mismo municipio. Ella ve cómo, cada vez que llueve, el internet se cae.

En Colombia tener internet no es tan fácil, en especial, en las regiones más apartadas. Se estima que tan solo 35 por ciento de los hogares cuentan con acceso a la red en todo el país, en tanto que en las zonas rurales las cifras son aún más desfavorables: solo 6,7 por ciento de los hogares con niños en edad de escolaridad pueden utilizar este servicio, y de manera intermitente.

Mientras estas comunidades realizan los esfuerzos necesarios para conectarse a internet como si se tratara de un lujo, en Bogotá se vive una de las disputas más grandes en materia contractual entre la ministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinen, y la Unión Temporal Centros Poblados, que terminó en la caducidad del contrato, el cual será ejecutado por ETB.

¿Cuál es la historia? El Ministerio TIC, luego de un proceso licitatorio, firmó un millonario contrato en diciembre de 2020 por más de un billón de pesos con el consorcio que agrupó a cuatro empresas para lograr respaldar el ambicioso proyecto: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, con 35 por ciento de participación; ICM Ingenieros, también con 35 por ciento; Intec de la Costa, con 15 por ciento; y Omega Buildings Constructora, con 15 por ciento.

Este contrato que buscaba llevar la conectividad a 7.277 puntos en lugares apartados es considerado atípico debido a que es multiobjeto: la Unión Temporal se comprometía a efectuar diseños de ingeniería civil, arquitectura, crear la solución tecnológica en algunos sectores, la instalación y también garantizar su funcionamiento hasta diciembre de 2031. Del billón de pesos, se les entregó a los contratistas 6,55 por ciento como adelanto, equivalente a 70.000 millones de pesos. La Ley 80 de contratación pública permite que ese desembolso se pueda efectuar hasta en un 50 por ciento, según las condiciones de cada compañía.

Sin embargo, de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el equipo asesor del Ministerio, se estableció que, por el riesgo que representaba la inversión, el valor para desembolsar no podía superar el 7 por ciento. Ese dinero fue consignado en una fiduciaria del Banco BBVA y solo con el aval del Ministerio TIC, tras un proceso de interventoría y supervisión del contrato, se podían realizar pagos a terceros. Es decir, la ley establece que el contratista nunca recibirá un peso de ese dinero, sino que con esa cuenta podrá pagarles a sus proveedores con los respectivos soportes.

Al parecer, todo marchaba con normalidad hasta abril de 2021. A finales de ese mes, se conocieron presuntos retrasos en la ejecución, demoras que fueron reportadas en su momento por el Consorcio PE2020, que hace las veces de interventor dentro del contrato. De esto tuvo conocimiento la ministra Abudinen, y, según fuentes consultadas, ella se encargó personalmente de la situación, solicitando monitoreo constante al proyecto para evitar que fuera uno más de los tantos elefantes blancos en el país.

Centros Poblados argumentaba que las demoras se estaban presentando por la pandemia y por la problemática de movilidad que se vivía a causa del paro nacional, razón por la cual no habían podido transportar las baterías de litio y otros elementos e insumos. Estas explicaciones no fueron suficientes para los supervisores, pues el contrato se firmó en tiempos de covid y eran previsibles los inconvenientes. Sin embargo, teniendo en cuenta que el paro sí fue un imprevisto, citaron a una audiencia pública para revisar en detalle los avances.

Para esa diligencia administrativa convocaron no solamente al contratista, sino a su garante, el Banco Itaú, que le había vendido, supuestamente, una póliza que cubriría un posible resarcimiento por una suma de 200.000 millones de pesos. Pero, sorpresivamente, el representante del Banco Itaú indicó que nunca le vendió una póliza al contratista. Esa información cayó como un baldado de agua fría, y los posibles retrasos ya pasaron a un segundo plano, porque, en realidad, dicho contrato no se podía ejecutar sin una póliza de por medio. El banco ha señalado constantemente que “los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son falsos”.

Claramente, este es un hecho de corrupción. Aunque se desconoce aún quién es el responsable del documento falso, los investigadores de la justicia penal no descartan las siguientes hipótesis: que el contratista fuera consciente de la falsedad del documento y con tal de ejecutar el contrato engañó al Estado; también analizan que los contratistas sean víctimas de una estafa; y está por determinarse si el engaño es de trabajadores directos del Banco Itaú o de Rave Agencia de Seguros, la que sirvió de intermediaria. Para la ministra es claro que, si hay un hecho tan cuestionable de por medio, no es posible continuar con el contrato.

Públicamente, ha dicho que no permitirá que el dinero de los niños de las regiones apartadas se embolate con actos corruptos de personas inescrupulosas o ladronas, por lo que se propuso recuperar los 70.000 millones de pesos que ya habían salido del fondo del Ministerio. Anunció, de igual manera, la caducidad del contrato, la pena más grande para un contratista, porque significa la muerte contractual con el Estado durante cinco años; y, además, todos los contratos que tienen vigentes las empresas que conforman la Unión Temporal también se suspenden inmediatamente.

Jorge Pino Ricci, abogado de Centros Poblados, le dijo a SEMANA que la afectación económica a los integrantes de la Unión Temporal, tras esta medida, supera los 8 billones de pesos de los contratos en ejecución actualmente. Por lo que anunció que demandará a la Nación al señalar que hubo un prejuzgamiento de la ministra. SEMANA conoció detalles de la denuncia que interpuso Juan José Laverde, como representante de la empresa aseguradora, en contra de Jorge Molina, un constructor reconocido entre el gremio, quien le facilitó la compra de la póliza, declaración que reposa en la Fiscalía General.

Laverde señaló que debido a que las empresas aseguradoras en Colombia no pueden respaldar una póliza tan alta, entonces, se realizó la gestión a través del Banco Itaú, pero necesitaba presentar bienes e ingresos que respaldaran la transacción. Así que Molina presentó su patrimonio autónomo de más de 400.000 millones de pesos a la entidad bancaria. Según él, con ese respaldo financiero firmaron la garantía, por la que se pagaron 2.100 millones de pesos, aproximadamente. Tras el escándalo que se desató, Laverde le hizo el reclamo a Molina.

Aseguró que le respondió, “con pasmosa tranquilidad”, que él estaba en contacto con los funcionarios del Banco Itaú, y reiteró que las circunstancias que hacían pensar en la posible falsedad de las garantías se habían suscitado en razón a que una funcionaria del banco desconocía los trámites que se estaban adelantando en otra área de la entidad bancaria. Insistió en que no había ninguna irregularidad con la póliza. En el relato dijo que no se encuentra conforme con la explicación y, por eso, pide que investiguen a Molina penalmente.

¿Cómo le metieron el gol al MinTIC?

El Ministerio subcontrató a la empresa SES Colombia para la verificación de los documentos de los contratistas. Se fio del concepto de esta compañía, pues en ningún momento reportó algún tipo de irregularidad al revisar la póliza. ¿Falta de rigurosidad? ¿Hechos de corrupción? Son dudas que solo se resolverán en los estrados, pues el MinTIC ya inició procesos administrativos y jurídicos en su contra. La misma suerte corre la empresa interventora, Consorcio PE2020, a la que la empresa le pagó 19.000 millones de pesos por verificar el avance y cumplimento del proceso contractual.

Más allá de la falsedad en la garantía que tenía que respaldar el contrato, lo que ha provocado indignación en Colombia es que los recursos del millonario anticipo ya no están en el fondo público, sino que pasaron a terceros, empresas, incluso, fuera del país, como Nuovo Security LLC. La Unión Temporal Centros Poblados dijo que no es cierto que el dinero esté embolatado o perdido.

Explicó que dicho anticipo se ha destinado para las adquisiciones de equipos necesarios para la ejecución del contrato. Según el contratista, hay más de 1.000 puntos digitales activos y prestando servicio ubicados en escuelas y comunidades que antes no tenían acceso, los cuales se encuentran en proceso de recibo y aprobación de la interventoría. Por su parte, el Ministerio aseguró que necesita que la empresa interventora valide la información suministrada para así empezar a recuperar la plata en especie Cabe recordar que, con la histórica decisión, la Unión Temporal no solo tiene que devolver el desembolso; además, deberá pagar la multa pecuniaria que supera los 39.000 millones de pesos.

Pino Ricci insiste en que su cliente siempre actuó de buena fe y ese es un principio que no puede desconocer el Ministerio, según él. Sin embargo, hay quienes consideran que el jurista ha buscado dilatar los procesos administrativos al pedir aplazamientos durante las audiencias para definir la caducidad del contrato. Argumentó una enfermedad grave, pero, para la delegada del MinTIC, la lesión en la clavícula no concuerda con una enfermedad como cáncer, VIH, sida u otra, según lo estipula la jurisprudencia.

Asimismo, ha sido cuestionado públicamente, pues, luego de que argumentara que necesitaba quietud e incapacidad por varias semanas, se conocieron fotografías en las que se demuestra que viajó a Cartagena. También ha sido señalado de ser el abogado de Miguel y Manuel Nule, sin contar que en el Ministerio TIC sospechan que, presuntamente, tendría personas infiltradas en el Ministerio que le estarían pasando información confidencial del proceso que buscaba la caducidad del multimillonario contrato. Pino desmintió que tuviera conexión con los hermanos Nule. “Yo solo hice unos conceptos para ellos, meses antes de su quiebra, pero los mejores abogados del país querían estar cerca de ellos por ser empresarios exitosos en su momento.

Si yo estuviera relacionado con los Nule en temas ilegales, estaría en la cárcel”, enfatizó. Aclaró que tampoco buscó dilatar el proceso, pues su viaje a Cartagena se planeó con la finalidad de “no sentir frío” y evitar el dolor tras la cirugía. De igual manera, señaló que en ningún momento recibió información filtrada por funcionarios del MinTIC, dentro del proceso administrativo. “No voy a permitir que pongan en duda mi transparencia, solo represento los intereses de la Unión Temporal”, dijo el jurista.

¿De víctima a victimaria?

Con la polémica desatada, se empezaron a conocer otros detalles que atribuyen supuestos nexos entre los contratistas con el partido Cambio Radical, casa política de la ministra Abudinen. Y también con el polémico contratista Emilio Tapia. SEMANA estableció que la compañía ICM Ingenieros firmó 16 contratos entre 2008 y 2014 por un valor superior al billón de pesos, con objetos relacionados con infraestructura, la mayoría de ellos con el IDU, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. Nueve de estos contratos ya finalizaron.

La empresa Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería Seguridad e Innovación obtuvo más de 608 millones de pesos en dos contratos firmados en noviembre de 2017 en municipios cercanos a Barranquilla a fin de proveer servicios de conexión digital a instituciones educativas. Los contratos se dieron en el territorio de los Char, quienes, a su vez, son afines políticamente con la ministra. Otra de las empresas, Intec de la Costa SAS, de 2019 a la fecha ha celebrado nueve contratos por más de 9.000 millones de pesos.

La ministra aseguró que este proceso de contratación con la Unión Temporal se hizo de manera transparente; fue otorgado, porque, en realidad, cumplía con todos los requisitos y presentaron la mejor oferta. Por su parte, Pino señaló que no se pueden confundir los rumores con los hechos.

Lo cierto es que James y miles de niños como él, que viven en las regiones más apartadas y pobres de Colombia, poco o nada entienden de temas contractuales y líos jurídicos. Lo único que necesitan es poder navegar en el mundo de la tecnología que les abrirá puertas en el aprendizaje. n