“El Estado les entregó esa plata y se perdió”: contralora anticorrupción habló en SEMANA sobre los $87.000 millones que pagará Centros Poblados

Alexandra Cárdenas, la jefe de la Unidad de Investigación contra la Corrupción de la Contraloría, entregó nuevos detalles sobre la millonaria condena de $87.000 millones que pagará Centro Poblados, el interventor y los proveedores del contrato que iba a llevar internet a las escuelas más retiradas del país y terminó siendo un fiasco.

En diálogo con SEMANA, Cárdenas explicó los pormenores del millonario fallo contra el fracaso de instalación de puntos de internet para los niños en áreas rurales del país, pero el cual, terminó convirtiéndose en un gigantesco escándalo. La Procuraduría, por el contrario, archivó la investigación contra a la ministra Karen Abudinen.

“El Estado entregó y se perdió. El anticipo fue de 70.000 millones, esa suma de 87 mil es actualizada y se tuvo en cuenta los dineros que incluso se han pagado en la Fiscalía General de la Nación, porque todos los dineros entran al Estado. Si no pagan siguen reportados en el boletín fiscal y las personas no pueden contratar”, aseguró la contralora Cárdenas.

Con esa decisión, el Estado colombiano está tratando de recuperar la fortuna que se embolató con el fallido contrato para llevar internet a las zonas más remotas del país a través del consorcio Centros Poblados, que se ganó la licitación, por más de 70.000 millones de pesos, con múltiples irregularidades. No cumplió con la instalación de los puntos digitales y, en la sombra, estaba el reconocido protagonista del Carrusel de la Contratación, Emilio Tapia, que participo del saqueo las arcas de Bogotá.

De hecho, recientemente la Corte Suprema de Justicia le ordenó a un juez en Bogotá que le resuelva la sustitución de medida de aseguramiento al polémico Tapia, después de que radicó dicha solicitud en Barranquilla, argumentando que permanece en la cárcel El Bosque en esa ciudad.

La contralora contra la corrupción señaló que el fallo se dio porque “se observó la no ejecución del contrato realizado entre Funtic y Centros Poblados, que tenía que llevar la red digital a 16 departamento de Colombia”.

Así mismo, Cárdenas señaló que lo que se evidenció fue que “los miembros de la Unión Temporal no ejecutó el contrato, entonces en el momento que se fue a revisar esa ejecución, se observaron irregularidades que generaron una falta de gestión fiscal y acarrea la responsabilidad fiscal para estas personas que en su condición de contratistas eran gestores fiscales”.

El ente control alertó que esta situación conllevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones).

“Eso es una situación independiente de la gestión fiscal que se está investigando. En el momento de la no ejecución las correspondientes funcionarios que revisaron la gestión, observaron que fueron hacer efectiva la póliza y se dieron cuenta que la póliza era falsa. Esto hace parte del acervo probatorio y genera indicio frente a la responsabilidad fiscal, pero sus consecuencias son más de carácter final”, detalló la contralora Cárdenas.