El exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, fue condenado a 21 años por corrupción. No le dieron prisión domiciliaria

Más de 14 años tuvieron que pasar para que el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, fuera condenado por corrupción en un millonario contrato de cooperación suscrito en 2010 con la fundación Calimío, por un monto de 1.072 millones de pesos, para dotar de texto 40 bibliotecas del departamento, cuando en realidad estos solo costaban 182 millones.

Y es que fueron varias las irregularidades que cometió Abadía, según la decisión de la Sala de Primera Instancia. “Se encontró demostrado que se incumplieron los requisitos en el trámite y celebración de esta contratación, realizada sin verificar las condiciones legales para su perfeccionamiento. Además, se acudió a un convenio de interés público con el fin de no hacer una licitación y favorecer a terceros, pues lo contratado implicaba una contraprestación y el monto superaba la menor cuantía. Tampoco se elaboraron estudios previos serios y completos en los que se identificaran las necesidades reales de las instituciones educativas que se pretendía beneficiar”.

Además de estas irregularidades, se demostró que la fundación contrató la adquisición de los libros a dos empresas y, en esas negociaciones, hubo sobrecostos que les permitieron a los representantes legales de la entidad sin ánimo de lucro, y a esas dos entidades, apropiarse de recursos públicos.

Señala la sentencia que “para dotar de bibliotecas a las instituciones educativas y cumplir el objeto del convenio, el 28 de febrero de 2010 la fundación suscribió por mil millones el contrato de suministro con la empresa Ediciones Alfa y Omega, gerenciada por Luz Piedad Hurtado Cardona, la cual compró a Ediciones La Clave del Saber, representada por su esposo, José Antonio Rodríguez Molina, los textos del convenio que este adquirió con otras editoriales por tan solo $ 182.517.600.00″.

“La conducta se consumó con la apropiación ilegal de los recursos del convenio, los que se habían dejado en administración, tenencia o custodia del acusado Abadía Campo por razón de sus funciones propias de gobernador y ordenador del gasto, y en virtud de ello se apropió a favor de terceros de $ 817.482.400″, señala la sentencia contra la que procede el recurso de apelación.

Abadía también enfrenta un juicio en la actualidad por el llamado Cartel de la Toga. El exgobernador, según señalaron varios testigos, entregó 400 millones de pesos al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para que el proceso que se adelantaba en su contra fuera archivado.

El exgobernador, al parecer, recurrió en 2014 inicialmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el departamento.

Con este pago, el exmandatario departamental buscaba que no se formulara imputación ni se pidiera medida de aseguramiento en una de estas, en la que se acordó con un fiscal delegado ante la Corte que se dilataría el avance de la actuación y, a cambio, se le garantizaría al funcionario la continuidad en el cargo.

Abadía fue representado por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, quien actualmente enfrenta un proceso por recibir varios sobornos para alterar, retrasar y archivar procesos que se encontraban en la Corte Suprema gracias a su influencia y poder.