El expediente que enreda a hermano de Piedad Córdoba con narcotráfico y disidencias de las Farc

Hace más de un año, las agencias antidrogas de Estados Unidos tenían en la mira a una poderosa organización narcotraficante cuyos tentáculos llegaban hasta las disidencias de las Farc en Colombia, comandadas por Gentil Duarte. De manera silenciosa avanzaron en la recopilación de pruebas para armar el organigrama de esta red, en la que surgió un personaje que llamó la atención. Se trataba de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la excongresista y hoy candidata al Senado por el Pacto Histórico Piedad Córdoba.

El pasado miércoles, en Medellín, Álvaro Córdoba fue detenido por miembros de un comando del grupo SIU de la Dirección de Investigación Criminal, Interpol y la Policía Nacional, con fines de extradición junto con Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio, por los delitos de tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir. La orden proviene directamente de una Corte del Distrito Sur de Nueva York.

SEMANA revela cuáles son los argumentos de la Justicia norteamericana contra Álvaro Córdoba y estas otras dos personas que los tienen actualmente tras las rejas y a la espera de un proceso de extradición. Los investigadores de Estados Unidos, por medio de agentes encubiertos, lograron infiltrar esta organización que enviaba cocaína desde Colombia, pasando por Centroamérica, hasta llegar a su destino en ese país.

Entre las primeras evidencias encontradas, descubrieron que este cartel no trabajaba solo, estaba articulado con las disidencias de las Farc y los carteles mexicanos. Paso a paso, fueron armando la cadena de tráfico de drogas hasta encontrar quién era el enlace entre los narcotraficantes y las disidencias.

Mediante seguimientos en distintas ciudades del país, las autoridades de Estados Unidos hallaron la pieza clave del negocio criminal: Álvaro Córdoba, quien manejaba un bajo perfil, según fuentes judiciales de ese país. Era el encargado de conseguir la droga con la organización del disidente Gentil Duarte, con quien había establecido los contactos desde hace más de un año. Él habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y Medellín.

Una vez se concretaba la compra de la cocaína por medio de Córdoba, las disidencias de las Farc se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico, en tres puntos claves: Tumaco (Nariño), Cauca y Buenaventura (Valle). No fue fácil para las autoridades dar con este eslabón porque manejaba un perfil distinto al habitual de los narcotraficantes, que acostumbran a estar rodeados de lujos. Por el contrario, Córdoba pasaba desapercibido y prefería hacer los contactos en lugares discretos y personalmente. Por obvias razones, evitaba hablar de estos temas por teléfono y solo lo hacía para concretar algunos encuentros.

Los problemas para Córdoba serían más graves. Según las investigaciones que se llevan en Estado Unidos, la moneda de cambio para estas transacciones de droga no era simplemente el dinero. Los acuerdos comprometían, al parecer, el pago con el suministro de armas y explosivos para las disidencias de Gentil Duarte, que actualmente enfrentan una guerra a muerte en Arauca y en el sur del país contra la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

Fuentes desde ese país señalaron que negociar con armas puede ser incluso más grave que el tráfico de drogas, pues puede vincularse con delitos de terrorismo por estar relacionado con una organización armada catalogada como tal. Así califica Estados Unidos a las disidencias de las Farc. De comprobarse su responsabilidad, las penas por este delito pueden ir entre los 40 y 60 años de prisión.

En poder de la corte de Nueva York, además de los informes de los agentes encubiertos, aparecen otros testimonios de personas que terminaron colaborando y entregando información confidencial, detallada y puntual de los lazos y los tentáculos de esta organización, que logró sacar e introducir en las calles de Estados Unidos miles de dosis de cocaína.

Estas tres capturas no son las únicas que ocurrirán en el marco de dicha operación. Incluso ya tienen identificados a otros miembros, entre ellos los encargados de recibir los cargamentos de droga desde los tres puntos en el Pacífico y camuflarlos en lanchas rápidas con rumbo a Centroamérica. Es ahí donde entran los carteles mexicanos como protagonistas y socios de esta red de tráfico, para cruzar la frontera y llevarlos a Norteamérica.

Después de que las autoridades colombianas recibieron la solicitud de captura con fines de extradición del Gobierno de Estados Unidos, se dieron a la tarea de ubicarlos para hacerla efectiva. Precisamente, fueron detenidos cuando Córdoba acompañado por Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio salían de una reunión en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, y se trasladaban en una camioneta blanca.

Al ser capturado, Córdoba se manifestó sorprendido, se declaró inocente e insistió en que no entendía qué estaba pasando. Lo mismo hicieron sus dos compañeros, también pedidos en extradición. Fueron trasladados a la ciudad de Bogotá, donde están detenidos.

Por obvias razones, la captura de Álvaro Córdoba puso los reflectores sobre su hermana, Piedad Córdoba, quien a través de sus redes sociales se refirió al hecho catalogándolo de una persecución política contra ella y su familia.

“Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”, dijo la exsenadora en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que Colombia está cumpliendo con una petición de las autoridades de Estados Unidos. “Es una orden de captura emitida por un juez de los Estados Unidos contra estas tres personas y cumple todos los trámites legales. La Fiscalía General de la Nación emite una orden de captura para ubicar físicamente a estas personas, la Policía lo que hace es cumplir con ese mandato judicial internacional y ponerlos a disposición de la autoridad competente”, explicó.

El oficial señaló, además, que “a partir de esa orden de captura se ubican a las personas en Medellín, en una zona del sur de la ciudad, y procedimos a ponerlas a disposición de la Fiscalía por delitos de tráfico de cocaína y uso de armas de fuego. El proceso judicial está en otro país; lo que hacemos las autoridades colombianas es ubicar y capturar para que afronten el juicio en los Estados Unidos, en este caso en el Distrito Sur de Nueva York”.

Por ahora, Córdoba y sus dos supuestos socios seguirán detenidos y a la espera de la venia de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que revisar las pruebas que envíe la Corte del Distrito Sur de Nueva York y determinar si se cumplen todos los requerimientos para ser enviados a Estados Unidos.