El exterminio político de la UP quedó en manos de la Corte Interamericana

Después de varios meses de acercamientos fallidos para llegar a un acuerdo que diera cumplimiento a las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al exterminio de miembros de la Unión Patriótica, el caso pasó a la siguiente etapa.  La Comisión tomó la determinación de presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso que -considera- dejó más de 6.000 víctimas. 

La CIDH hizo un llamado de atención al Estado colombiano por la complacencia de agentes ante el exterminio de los miembros de este partido político. Este partido político padeció desplazamientos forzados, tentativas de homicidio, amenazas, persecuciones y desapariciones forzadas en las que, en más de una oportunidad, los responsables fueron actores del Estado.

Por más de 20 años, los militantes de la Unión Patriótica tuvieron que padecer la constante violación de sus derechos humanos. Para la CIDH, marcó un triste episodio de la historia nacional y alcanzó una "gravedad y magnitud inusitada".

En el informe de fondo, este órgano afirmó que el Estado colombiano falló al momento de garantizar la protección de los derechos de las víctimas e, incluso, hizo mención de ciertas ocasiones en las que se abusó de la legislación nacional para judicializarlas.

"(...) La Comisión determinó que ciertas víctimas del caso fueron sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas, en el marco de varios casos, por lo que concluyó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial", dice un comunicado de la Comisión en el que anuncia la remisión del informe a la Corte. 

También se resaltó la transgresión de los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión y del principio de igualdad y no discriminación ya que la motivación para perseguir a las víctimas fue su orientación política y su vínculo con un partido. Además, se comprobó que fueron sometidas a una estigmatización y señalamiento frecuente por parte de personas pertenecientes al gobierno que, a través de medios de comunicación, los tildaron de terroristas y guerrilleros, lo que sirvió para acentuar los hostigamientos.

En cuanto a las medidas tomadas por el Estado encaminadas a descubrir la verdad detrás de estas atrocidades, la Comisión declaró que no cumplían su cometido y no producían ningún beneficio para las víctimas ni sus familiares.

"(..) Las investigaciones adelantadas por el Estado respecto de los hechos del caso han sido incipientes e insuficientes, y no han logrado proveer, ni a las víctimas sobrevivientes, ni a los familiares de las víctimas fallecidas, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio contra los integrantes y militantes de la Unión Patriótica", dice la Comisión.

Por último, la CIDH redactó una serie de recomendaciones para que este tipo de actos no se repitan. Una de las más importantes, es en la que insta al Gobierno Nacional ha indemnizar a las personas afectadas de forma adecuada e iniciar una búsqueda exhaustiva de las víctimas desaparecidas para que, en caso de encontrar sus restos, se lleve a cabo una entrega correcta y eficaz a su familia.

En este último punto habría radicado el eje de la discordia, ya que según lo afirmó la Agencia que defiende al Estado el pasado 13 de junio, se abstuvieron de cumplir las recomendaciones y sometieron el caso ante este órgano jurisdiccional.

Según la Agencia, aunque el informe de fondo de la CIDH valoró positivamente las medidas recientemente implementadas por el Estado en relación con el caso de la UP, desconoció el valor de estas para la reparación integral de las víctimas. "Lamentablemente, la CIDH valoró este caso como uno más de trato individual, no como uno colectivo y emblemático en el marco del conflicto armado. Esta posición desconoce la importancia e idoneidad de los mecanismos de justicia transicional con enfoque de reparación transformadora y colectiva, y en particular el establecimiento, en el Acuerdo de Paz, del deber del Estado de implementar mecanismos de reparación a favor de la UP", aseguró la entidad a través de un comunicado.

En la información emitida por la Comisión, el documento asegura que sin perjuicio de los instrumentos de justicia transicional aplicables en cada caso, el Estado debe tomar medidas para que tales personas puedan incorporarse a la actividad política con plenas garantías para ejercer dicha actividad sin discursos estigmatizantes de agentes estatales. "Además debe disponer mecanismos para asegurar la protección de su vida, integridad y demás derechos para que la participación en política no se convierta nuevamente en una amenaza para los mismos", dice.

Al enviar este caso a la Corte Interamericana, la CIDH declaró que no solo pretende la obtención de una justicia plena, sino también se afiance el orden público en todo el continente.