El fallo de la Corte Suprema sobre las protestas divide las opiniones en el país

La Corte Suprema de Justicia profirió un fallo que ha causado un fuerte debate en diversos sectores. Tanto fue su impacto y sorpresa que el mismo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, uno de los directos implicados, dijo que se había enterado a través de los medios de comunicación y que buscaría la forma de acceder a la sentencia para estudiarla con detenimiento.

En términos generales los magistrados consideraron que se evidencia un uso arbitrario, violento y desproporcionado de la Fuerza Pública en las manifestaciones y le ordena a las autoridades que adopten protocolos para ponerle límites a las intervenciones y garantizar el derecho a la protesta pacífica.

La Sala Civil le ordena además al ministro de Defensa que presente excusas por los excesos de la Fuerza Pública y del Esmad el pasado 21 de noviembre de 2019.

La decisión del tribunal llevó a que en la mañana de este miércoles el presidente Iván Duque convocara a una reunión urgente para analizar el alcance del fallo y hacer el debido pronunciamiento en las próximas horas.

Hasta el momento el ministro de Defensa ha dicho que “la protesta pacífica y democrática hay que defenderla y garantizarla. La violencia, el vandalismo y el terrorismo hay que enfrentarlo de conformidad con la constitución y la ley” y que "la Constitución es norma de normas”.

En la reunión participan, además del presidente y el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, la ministra del Interior, Alicia Arango, la secretaria jurídica de Palacio, Clara María González, el director del Dapre, Diego Molano y el Alto Consejero para la Seguridad, Rafael Guarín. Se espera que en las próximas horas se haga el pronunciamiento.

El fallo ha causado sorpresa porque hay determinaciones que se habían pedido por algunos sectores pero que no se habían establecido legalmente. La primera es que la Corte Suprema dice que se deberá establecer un protocolo de acciones preventivas y que se deberá suspender el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los uniformados del Esmad. Por un proyectil disparado con este artefacto fue que murió Dilan Cruz.

Igualmente, en el fallo del alto tribunal se establece que se debe defender la libertad de expresión y no se puede estigmatizar la protesta social haciendo apología al delito y al vandalismo. “Una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra y el vandalismo, cuando no se pretende hacer apología del odio, de la violencia, del delito y, en general, de la violencia como forma de solucionar los problemas”.

Para muchos esto ha entrado en contradicción con lo que han presentado otros organismos o funcionarios. La semana pasada el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos dijo que las protestas de la semana pasada estuvieron infiltradas por disidencias de las Farc y el ELN. En las últimas horas la Fiscalía ha dicho que tiene pruebas de incidencias de guerrilleros en las protestas.

Otra de las órdenes es que el presidente Duque deberá expedir en los próximos 30 días un acto administrativo en el cual se le ordene a todos los miembros de la rama Ejecutiva la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas y que se garanticen todos los derechos relacionados a la protesta y la expresión, aún cuando las manifestaciones sean contra el mismo gobierno.

También le dice al presidente Duque que debe convocar a una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con la Fuerza Pública y que en un plazo no mayor a 60 días deberá reglamentar las directrices señaladas teniendo en cuenta los pronunciamientos hechos por la Corte Constitucional y la CIDH sobre la materia.

El fallo ha generado múltiples reacciones. Para unos es una extralimitación de la Corte ordenar estas acciones e incluso estaría sobrepasando las competencias del Ejecutivo.

Sin embargo, para otros, la decisión de la Corte es oportuna y pertinente luego de las diferentes discusiones que se han presentado sobre los abusos de autoridad y la estigmatización de la protesta social.

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, dijo que celebra el fallo de la Corte y lo calificó de “histórico”, “no solo porque obliga a que el ministro de Defensa le pida perdón a todos los colombianos por el uso desproporcionado de la fuerza el año pasado, es una oportunidad para que emprendamos la reforma a la policía ya, una reforma que garantice y mejore la seguridad de los colombianos y acerque a una institución tan importante a la sociedad”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo: “Celebro y respaldo esta decisión de la Corte. Hace muy pocos días le pedimos al Gobierno Nacional que le ofreciera a las familias víctimas de casos donde hay evidencia de abuso policial, de casos de uso indiscriminado de armas de fuego, que ofreciera perdón y reconociera la gravedad de los hechos (...). Lamento mucho que ahora lo tenga que hacer por orden de la Corte Suprema de Justicia”.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, criticó a la alcaldesa de Bogotá: “La sociedad buena y decente tiene que defenderse de jueces y politiqueros populistas. Qué desgracia ésta mentirosa que no dejó al Esmad actuar a tiempo y permitió a los terroristas destrozar las CAIS y los buses. Seguimos a merced de los delincuentes humanitarios”.

Cabal ha sido una de las férreas defensoras de la Policía en estos días y ha sido una de las pocas que ha mantenido la posición de que no se necesita una reforma. La senadora del Centro Democrático también mencionó: “Llegamos al punto de premiar la barbarie y castigar la autoridad. Es hora de un referendo”.