El falso oficial del Ejército que engañó a la mitad de Tunja

“Todos lo conocimos como mayor del Ejército, pero resultó siendo nuestro mayor problema”, explica de manera sarcástica Ana María Buitrago mientras intenta disimular con una mueca –que bien podría interpretarse como una risilla grotesca– el profundo enojo que le produce escuchar los nombres de Juan Carlos Rodríguez Arias y de Yulieth Astrid Triviño Bermúdez, su supuesta esposa. A ellos los conoció el 15 de mayo de 2020, cuando acudió a una entrevista de trabajo en la empresa de la pareja llamada Grupo El Britt, en pleno centro de Tunja, la capital boyacense.

“Yo llegué por una excompañera de trabajo que me presentó con este supuesto mayor, para trabajar en el área de Talento Humano como psicóloga de selección. Al llegar se veía mucha gente, se notaba que este señor tenía mucho dinero; tenía un esquema de seguridad y varios carros que estaban al servicio de él”, recuerda Ana María, quien fue aceptada casi de inmediato en el cargo y se incorporó a la empresa, junto a un nutrido grupo de técnicos, operarios, profesionales y asesores. Su alegría fue total, por fin culminaba una larga angustia de cinco meses en los que había estado desempleada.

“La gente tenía la ilusión de trabajar, de tener una nueva oportunidad; estábamos en plena pandemia y las oportunidades laborales eran escasas. Aquí trabajaban, cuando yo inicié, alrededor de unas 50 personas; después se hizo más grande la empresa y resultamos trabajando alrededor de unas 100 personas”, relata Ana, que a sus 26 años es madre de una pequeña niña.

Ana y sus nuevos compañeros se sorprendieron por la cálida bienvenida que recibieron y las atenciones de los días posteriores: “Al comienzo este señor nos daba todo el tema de dotaciones: trajes antifluidos, chaquetas, tapabocas. Nos daba el almuerzo todos los días y supuestamente nos había afiliado a un seguro funerario, un seguro de vida”.

Según Ana, la compañía parecía próspera y con mucho trabajo: “Esta empresa tiene 2 razones sociales: una es Transportes El Britt y la otra es Importadora y Comercializadora El Britt; ambas conformaban el grupo el Britt. La empresa transportadora se dedicaba supuestamente al transporte multimodal y la empresa importadora y comercializadora se dedicaba a todo el tema de insumos biomédicos, todo el tema de tapabocas y de geles”.

Pasadas dos semanas, ella notó que la nómina era nueva en su totalidad, con empleados cuya antigüedad no superaba los tres meses. “Yo era la encargada de registrar ingresos y salidas del personal, entonces yo me daba cuenta de todos los movimientos respecto al personal que había. Este señor, a pesar de que uno le decía que no contratara más gente porque no había pagado la nómina, seguía y seguía contratando gente”.

Pero, ¿cuál era el verdadero objetivo de Rodríguez? Ana no tuvo tiempo de averiguarlo, pues recibió una oferta de su nuevo patrón, tan tentadora como para disipar su suspicacia.

“El 26 de mayo (de 2020) la directora de Talento Humano, la señora Maritza Velásquez, me propone un negocio referente a unas camionetas, las cuales el señor mayor va a traer de Brasil; va a traer alrededor de 200 camionetas para ponerlas a trabajar en la empresa Ecopetrol. El supuesto negocio con Ecopetrol era que se había ganado una licitación con esta empresa para transportar a los ingenieros a cada punto, a cada pozo petrolero a nivel nacional. Aproximadamente él requería 1.000 camionetas de placa blanca, del modelo [Toyota] Hilux modelo 2021 y de esas 1.000 él iba a importar 200 camionetas desde Brasil a Colombia. Ella me dice que el negocio es dar una cuota inicial alrededor de 15 a 20 millones de pesos para la compra de una de las camionetas que él (Juan Carlos Rodríguez) va a traer. Cuando llegue la camioneta y comience a trabajar, le pagan a uno 4 millones de pesos mensualmente. De ahí, ellos van a descontar una suma de 2 millones mensuales para el pago de la misma camioneta y el restante de ese dinero eran las ganancias”, revela Buitrago.

Como buena boyacense, Ana posee una naturaleza desconfiada. “De eso tan bueno no dan tanto”, pensó. Al cuestionar a su jefa el negocio no parecía beneficioso para la supuesta pareja Rodríguez-Triviño, pues al vender las camionetas no recibirían las ganancias por el supuesto alquiler. Sin embargo, recibió una respuesta insólita: “Él (Juan Carlos Rodríguez) decía que vendía la mitad de las camionetas para que la gente de su empresa creciera y tuviera muchas oportunidades, con ese fin lo hacía”.

“Yo confiaba en la buena fe de la señora Maritza Velásquez y del supuesto mayor Juan Carlos Rodríguez, por lo cual con mi esposo decidimos invertir en la compra de dos camionetas: la primera con una cuota inicial de 15 millones de pesos (ver consignación abajo), para la cual hicimos una transferencia bancaria a nombre de la empresa El Britt, a una cuenta de Bancolombia. La segunda fue una cuota inicial de 10 millones de pesos, los cuales se los entregamos en efectivo en la oficina del supuesto mayor”, cuenta apesadumbrada.

Ana estaba segura de que su buen trabajo y discreción la habían hecho merecedora a esta “oportunidad”, pues le aseguraron que solo pocos escogidos podrían ser parte de dicho negocio. Cuando llegó la fecha de entrega de las camionetas, pactada en la promesa de compraventa firmada entre ambas partes, ningún vehículo apareció en Tunja. Para su sorpresa, fueron decenas de sus compañeros quienes acudieron a la oficina del supuesto mayor para reclamar. “La excusa de él (Juan Carlos Rodríguez) fue que por la pandemia estaba todo quieto, que el ensamblaje de las camionetas estaba demorado, que le habían incumplido con el contrato que había firmado con Brasil, etc.”.

Pero los problemas apenas empezaban. Pasados cuatro meses desde la inauguración de El Britt Group, ni los proveedores ni los empleados habían recibido dinero alguno, según consta en la demanda grupal instaurada contra la empresa ante la Secretaría de Trabajo de Boyacá (ver abajo). Pese a las renuncias masivas, ninguna camioneta había sido entregada ni el dinero devuelto. Ana pensó en irse también, pero su inversión estaba en riesgo: “Yo empecé a ver que las personas que le cobraban o que le alegaban por el sueldo que les pagara, entonces este señor las echaba. Tenía mucho miedo”.

“Yo me comuniqué con un amigo que también trabajaba en la empresa y él me comenta que también invirtió en el tema de las camionetas; yo me empiezo a dar cuenta que a ninguna persona que trabajaba en la empresa le habían pagado sueldo y empezamos a darnos cuenta que más de 30 personas habían invertido en el tema de las camionetas”, dice Ana.

SEMANA tuvo acceso al listado de compradores de los vehículos (ver abajo), donde se evidencia que cada persona entregó una cuota inicial entre los 15 y los 20 millones de pesos. En total, el documento registra la captación de 449 millones de pesos por parte de Juan Carlos Rodríguez Arias, quien firmó cada contrato de compraventa como presidente de El Britt y mayor retirado del Ejército Nacional.

Pero no sería la astucia de Juan Carlos Rodríguez o de su pareja, Yulieth Triviño, representante legal del grupo, la que los salvaría del linchamiento por parte de sus decenas de acreedores, sino, irónicamente, la pandemia del coronavirus.

“Más o menos en el mes de agosto se produce un contagio masivo de covid-19 dentro de las instalaciones de la empresa El Britt, donde yo salgo afectada porque fui positivo para covid el 25 de agosto. Estuve hospitalizada 8 días y me encontré grave de salud”, cuenta Ana María Buitrago con voz entrecortada. En ese momento se encontró con otra sorpresa. Su EPS le notificó que no tenía afiliación vigente, porque desde el mes de mayo de 2020 su empresa no había pagado su seguridad social. Todos los gastos hospitalarios tuvieron que ser cubiertos por su familia.

Cuando quiso exigir una explicación y su dinero, no encontró a Rodríguez: “Cuando este señor se ve descubierto a mediados del mes de septiembre, sale hacia la ciudad de Bogotá, por lo cual se pierde totalmente de Tunja”. Su compañera sentimental y acompañantes desaparecen con la misma velocidad.

Una red de mentiras

Al reunirse al frente del edificio donde antes quedaba la sede de El Britt en Tunja, más de 30 personas (entre administrativos, personal de aseo y proveedores) dan, junto a Ana María, un triste balance: “Les quedó debiendo a más de 100 funcionarios que trabajaban en la empresa, les quedó debiendo a todas las personas que le habían arrendado oficinas, quedó debiendo en los apartamentos donde vivía y su esquema de seguridad, le quedó debiendo a la señora que nos daba los almuerzos, le quedó debiendo a una ferretería que le entregaba todos los insumos para construcción, les quedó debiendo a pequeñas tiendas de donde sacaban el café para darnos los tintos, les quedó debiendo a todos los arrendatarios de las camionetas que usaba para transportarse, le quedó debiendo a mucha gente a la cual le sacaba dinero prestado. Le quedó debiendo a la mitad de Tunja”.

Ante el difícil escenario, las víctimas contrataron al abogado boyacense Diego Coconubo para instaurar una demanda colectiva contra los dueños de El Britt y una denuncia penal por los presuntos delitos de estafa y falsedad personal contra Juan Carlos Rodríguez Arias y su pareja.

“Descubrimos que este señor tiene más procesos a nivel nacional por los mismos delitos y similares, en ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Una vez acudió a mí la primera víctima, aparte de los documentos que me mostró, me dio a conocer una foto donde el señor Juan Carlos Rodríguez se mostraba uniformado; pero me generó suspicacia el hecho de que, aparte de que le quedaba grande el uniforme –en todo el sentido de la palabra–, tenía una cantidad excesiva de condecoraciones. Tengo conocimiento que según la resolución del Ejército Nacional, únicamente un oficial puede tener tres condecoraciones. Iniciamos unas averiguaciones con personal del Ejército, donde efectivamente nos informan que el sujeto Juan Carlos Rodríguez Arias nunca fue oficial; en 1991 fue soldado campesino, pero por algún motivo no terminó su licencia. Es decir, nunca estuvo en la escuela de cadetes u oficiales José María Córdova en Bogotá ni mucho menos sustentó el grado de oficial como mayor”, explicó Coconubo a SEMANA.

Y no solo Rodríguez había fingido su rango, sino el músculo económico de su empresa. Según los registros de Cámara y Comerció no podría a realizar un negocio con Ecopetrol de semejante envergadura. “Verificando los registros de Cámara y Comercio, existen dos tipos de empresas: una que es Trans Britt y otra que es Inpor Britt y son empresas constituidas en la ciudad de Bogotá, con direcciones que no corresponden a un inmueble comercial. El objeto social de estas compañías era el comercio de chatarra y el transporte intermunicipal, con un capital de cinco millones de pesos únicamente; es imposible legalmente celebrar un contrato de cientos de millones de pesos de alquiler de camionetas o de lo que sea con estas condiciones, por lo tanto es falso”, aclaró el abogado.

El monto de dinero que adeuda el falso mayor y su familia, calculado por Coconubo y su equipo, supera los 1.000 millones de pesos, entre nómina, captación de las cuotas iniciales de los vehículos, servicios y repuestos adquiridos, e incluso, los 30 millones de pesos en almuerzos que nunca pagó.

“La Fiscalía General de la Nación adelantó una unidad procesal: recogió y priorizó las múltiples denuncias mediante resolución, a través de la figura investigativa de la asociación de casos. Actualmente esta en la Fiscalía EVA, que es una unidad especial contra el crimen organizado y cuenta con uno de los mejores fiscales de Boyacá”, reveló el apoderado de víctimas.

En aras del equilibrio informativo, SEMANA buscó a Juan Carlos Rodríguez Arias, así como a Yulieth Astrid Triviño Bermúdez para conocer su versión de los hechos, pero fue imposible lograr contacto alguno. También se corroboró que si bien el proceso en contra de Rodríguez está en curso, hasta el momento no ha sido capturado por los delitos materia de la denuncia.