El feroz debate del fiscal

El esperado debate entre Néstor Humberto Martínez y sus contradictores no desilusionó. Quienes tuvieron la paciencia de seguir las siete horas de ese mano a mano vieron los elementos de una gran novela: acción, drama y sobre todo pasión. Los cuatro protagonistas principales fueron oradores de gran calibre. De Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro se sabía. Angélica Lozano estuvo a la altura y se consagró como una de las mujeres con más peso en el Congreso. Y Martínez definitivamente sorprendió. No solo por haber asistido, lo cual no era obligatorio, sino por su talento de abogado litigante, que salió a flote en una dimensión que no se había visto en la televisión.

El debate realmente no arrojó muchas chivas porque el país ya había oído lo que dijeron los protagonistas. Así que tras esta maratónica jornada quienes conocían el tema no cambiaron de opinión. Aun así se podría decir que el fiscal no perdió. Había recibido tanto palo en las dos semanas anteriores que todo era ganancia. Tuvo un gran acierto al asistir, pues de no haberlo hecho habría quedado lapidado ante los televidentes.

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Primero intervino Robledo, quien confirmó que conoce como pocos el tema y sabe hilar frases tan efectivas como certeras. Petro hizo una presentación un poco más pedagógica, pero siempre fiel a su estilo incisivo. Y Lozano, por su parte, recordó con lujo de detalles que desde antes de que el fiscal asumiera había advertido de sus impedimentos. Ninguno en el auditorio esperaba que Martínez apareciera, así que cuando llegó todo el mundo se sorprendió.

Pero que la presencia de Martínez ya fuera una ganancia para él no significaba que tenía la victoria asegurada. Una cosa es sobrevivir y otra triunfar. Su intervención podría dividirse en dos partes: la defensa de su honra y de su gestión frente a la Fiscalía, y la feroz arremetida contra sus críticos. En lo primero le fue bien y en lo segundo mal.

En cuanto a su defensa, el fiscal se concentró en demostrar que las grabaciones objeto de tanto escándalo en el fondo no tenían nada grave. Argumentó que Jorge Enrique Pizano, el controller del proyecto de la Ruta del Sol II (ejecutado por Odebrecht con el Grupo Aval como socio minoritario), dio cuenta de “anomalías” que no necesariamente significaban delitos. Martínez presentó el controvertido episodio como una diferencia de cuentas entre dos socios, arreglada a nivel privado mediante sus servicios como abogado de una de las partes.

Para sustentarlo el fiscal retomó las grabaciones ya conocidas de 2015 y resaltó apartes en las que el controller reconocía no saber a qué obedecían los faltantes. Pero, además, presentó nuevos audios de Pizano en los que nuevamente bajo juramento este se niega a afirmar que sus hallazgos fueran concluyentes. “Entonces, el señor Pizano, mi amigo, dice que no conocía los delitos y yo como mensajero sí tenía que saber”, dijo Martínez. La verdad es que en las primeras grabaciones reveladas en Noticias Uno hay un tono destemplado que lo deja mal parado y algunas frases que dan para suspicacias e interpretaciones, pero ninguna evidencia que comprometa a Martínez o al Grupo Aval en los sobornos de Odebrecht. El fiscal mostró un audio en el cual le aconsejaba al controller seguir vigilante y “prender las alarmas” en caso de encontrar algo más concreto.

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Martínez argumentó que toda la información con la que sus adversarios sustentaron el debate en su contra provenía precisamente de las investigaciones del búnker. “No sean bribones –alegó–, aquí no ha habido ningún tapen-tapen”. Luego explicó que la entidad sí había oído a Pizano, pero dio a entender que no aportó una información muy trascendental, pues reflejaba contratos sospechosos por 23.000 millones de pesos, cuando la Fiscalía ya había descubierto coimas por más de 84.000 millones en más de un centenar de contratos de los tentáculos de Odebrecht.

Todas esas explicaciones serían más convincentes si no fuera porque al morir Pizano dejó un testamento audiovisual para decir exactamente lo contrario. Para él nadie le paraba bolas, todos lo evitaban y no querían oírlo. Las segundas grabaciones, divulgadas por El Espectador, son más incómodas para el fiscal que las primeras. En estas él, leyendo un documento preparado por un penalista contratado para evaluar las implicaciones judiciales de los hallazgos de Pizano, enumera una serie de delitos que abarcan buena parte del Código Penal. Él anota que se trataba de un análisis hipotético de la situación. Pero para sus críticos esa conversación demuestra que de ahí en adelante no podía ignorar las prácticas ilegales de Odebrecht.

Algunos lo acusaron de omisión de denuncia por no haber reportado eso ante las autoridades. Eso es bastante discutible, pues nadie va a presentar denuncias a la Fiscalía por cuenta de algo que le dice un amigo en una conversación particular. Pero una cosa es no denunciar y otra no saber. Y a Martínez le queda difícil convencer a la gente de que las denuncias de Pizano no implicaban un campanazo de alerta sobre las actividades irregulares de la multinacional brasileña.

El fiscal sorprendió al auditorio cuando pasó de defenderse a denunciar una conspiración en su contra. Señaló como la cabeza de esta al exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, a quien atribuyó ser el proveedor de la artillería que sus críticos utilizaban para desprestigiarlo. Martínez aseguró que en todo el barrio Rosales era sabido que Gustavo Petro se había reunido con Andrade previo al debate y que desde Washington le habían informado que “doña Teresa”, la esposa de Andrade, se movía por los pasillos del Congreso de Estados Unidos con “actitud panfletaria” para difamarlo a él.

Para sustentar la tesis de que la conspiración se había extendido al ámbito internacional, el fiscal presentó un audio en el que se oye a Andrade conversando con su primo Luis Alberto Moreno, presidente del BID. Este, enterado de que la Fiscalía ha abierto una investigación contra Andrade, le aconseja buscar a los medios y explicarles sus argumentos. “La cosa jurídica es una, pero la cosa en medios cuenta mucho. Puede hacer una entrevista o hablar con un grupo de gente y contarles cuáles son los hechos”, dijo el director del BID

El consejo de Moreno a su primo es completamente elemental y lógico en una conversación de familia. Pero Martínez le atribuyó una implicación delincuencial que desconcertó al auditorio. “¡Esto no tiene antecedentes!”, aseguró desencajado y con voz de alarma. El fiscal denunció que el presidente del BID estaba interfiriendo en el sistema judicial de un país miembro.

Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro, Angélica Lozano

Martínez agregó que tenía también información proveniente de Nueva York, según la cual desde allá se urdía el plan para “atajar al fiscal”. El primer paso, aseguró, era interponer allí una denuncia en su contra. Y agregó que para eso ya habían contratado a una influyente exfuncionaria de la CIA y agentes del FBI a fin de “iniciar este proceso de depredación de la justicia colombiana. Mis amigos en Estados Unidos, que son muchos, me dicen que esto vale millones de dólares”.

Lo más preocupante en relación con esa película siniestra es que parece que el fiscal realmente la cree. La única explicación es que una persona exitosa como él, que estaba haciendo una gestión eficaz en la Fiscalía, no le encuentra otra justificación posible al tsunami de agua sucia que se le vino encima en los últimos 15 días. Él siente que no solamente han criticado su gestión, sino que han puesto en tela de juicio su honra. Como considera esas críticas totalmente injustas, cree en la conspiración.

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¿Cuál es la realidad de esa “conspiración”? Todo se limita a los evidentes conflictos de interés que Néstor Humberto Martínez ha tenido desde que llegó al cargo. Las grabaciones de Pizano le mostraron al país múltiples irregularidades en el manejo financiero del consorcio de la Ruta del Sol II. Este era controlado por Odebrecht con el Grupo Aval como socio minoritario. Cuando se presentó el pleito entre socios por contratos ficticios y multimillonarios giros no explicados, Martínez, como abogado de Luis Carlos Sarmiento, redactó el contrato de transacción con el que se le devolvía la plata al Grupo Aval. Ese contrato tenía una cláusula de confidencialidad que dejaba claro que en la relación entre estos dos socios había mucho que investigar. Y como Martínez había sido el abogado y amigo toda la vida de Sarmiento, saltaba a la vista que no tenía independencia para agotar esa investigación. A eso hay que sumarle que Sarmiento es banquero y el hombre más rico del país. Condición que, por definición, genera detractores.

¿Y en dónde entra Luis Fernando Andrade? A él, paradójicamente, le pasa exactamente lo mismo que a Néstor Humberto Martínez. Considera que no ha cometido un solo delito y, sin embargo, han trapeado con su honra y se encuentra en la picota. Él se siente el chivo expiatorio de un escándalo en el que se protege a los peces grandes y también ve su propia conspiración, esta última por parte de la Fiscalía. Para defenderse decidió utilizar las ventajas que le da ser ciudadano norteamericano. Por esto su esposa ha podido hacer lobby con varios congresistas de Estados Unidos y han logrado interesar a algunos medios de ese país y a su embajada en Colombia. Ese es un derecho que tiene todo ciudadano gringo y tildarlo de jefe de una conspiración internacional es un exabrupto.

En Colombia muchos periodistas y personajes de la vida nacional, incluyendo a Petro, se han reunido con Andrade. Pero esas reuniones son más para oír las versiones sobre su inocencia que para obtener información comprometedora contra Martínez o contra Luis Carlos Sarmiento. En realidad, aunque él les atribuye el origen de sus males, no tiene ninguna información adicional sobre ellos a la que conoce el público.

Sobre el fiscal, a Andrade le interesa demostrar que el concepto que Martínez emitió cuando era abogado de Sarmiento contradice el planteamiento que hace la Fiscalía para tenerlo en detención domiciliaria. Ese tema bastante trajinado para Andrade es una obsesión. Y del Grupo Aval, sobre el cual presuntamente ha hablado con las autoridades de la Bolsa de Nueva York, alega que tenía que tener conocimiento de las triquiñuelas de Odebrecht desde mucho antes de admitirlo. Esa discusión también ha sido objeto de debate público y no alcanza para sostener teorías conspirativas.

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La atención de los periodistas colombianos no parte tanto del provecho en obtener información exclusiva de Andrade, sino de una preocupación legítima acerca de conflictos de interés que impiden la transparencia de la investigación de la Fiscalía. Al cierre de esta edición, la Corte estaba solucionando la encrucijada jurídica con el nombramiento un fiscal ad hoc. Habrá que ver si este llega a las mismas conclusiones que los fiscales de Martínez o a otras. Pero el país sí le creería, para de una vez por todas pasar la página de Odebrecht.

Se busca fiscal ‘ad hoc’

Probablemente este jueves el país conocerá el nombre del fiscal especial que asumirá el espinoso expediente de la corrupción de Odebrecht.

La papa caliente del fiscal ad hoc llegó a la Casa de Nariño. En efecto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a esa salida para el caso Odebrecht, ante los impedimentos del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y su vicefiscal, María Paulina Riveros.

El presidente Duque tiene el desafío de postular tres nombres incuestionables para que la corte escoja uno. El gobierno hizo saber que a más tardar el martes presentará la baraja de nombres, así que el debate nacional se centrará en cuál es el mejor. Los magistrados, en su última sesión plena de este año, el jueves 6 de diciembre, tratarán de concretar la escogencia. Entre los asuntos que deberá atender el fiscal ad hoc está la negociación con los directivos de la multinacional brasileña procesados por los sobornos. Estos aspiran a inmunidad judicial completa a cambio de colaboración, pero el país rechaza esa posibilidad. Ese punto mostrará el talante del fiscal que asuma la instrucción del caso.