El fiscal Barbosa, la procuradora Cabello y el presidente se enfrentan por la primera línea: los jueces quedan en medio de ese rifirrafe

Las boletas de libertad a los miembros de la primera línea están en medio de un fuego cruzado con graves consecuencias penales y disciplinarias para los jueces del país. Mientras los altos funcionarios del Estado siguen trenzados en una algida y profunda pelea, los jueces del país tienen sobre sus espaldas la mirada de los organismos con competencia para investigarlos. El caso más visible: la jueza Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, que ya fue llamada a dar sus declaraciones a la Fiscalía.

El año pasado, la Procuraduría ya había hecho la primera alerta de que esto pasaría. La procuradora Margarita Cabello Blanco, anunció en ese momento que el órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz.

Las órdenes las expidió el grupo de libertades del centro de servicios judiciales de Bogotá. Sin embargo, la jefe del Ministerio Público denunció que tampoco se les compartió información para actuar en esos casos, y que la persona que firmó las órdenes de libertad, la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no tendría la competencia para otorgarlas.

Señaló que “se remitirán las denuncias respectivas” en caso de que “haya habido alguna irregularidad en la emisión de esas órdenes de libertad”, y recordó que los representantes de la Procuraduría deben ser citados a las audiencias ante los jueces de control de garantías, que son los autorizados para emitir las órdenes de libertad correspondientes.

Esta semana, el fiscal Barbosa retomó el tema. Desde Guaviare el funcionario advirtió que, “la próxima semana se llamara a interrogatorio, derivado de una denuncia penal que presentó la Procuradora General de la Nación, a una jueza del centro de servicios de Bogotá, para que el marco de su debido proceso le explique a la Fiscalía las razones jurídicas por las cuales que no asignó, cuando recibió una solicitud para una suspensión de órdenes de captura, a un juez de control de garantías, como corresponde”.

Se trata de la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas; será llamada a interrogatorio por parte de la Fiscalía General por las presuntas irregularidades que rodearon la liberación de dos jóvenes integrantes de la primera línea de Bogotá, quienes fueron designados por el Gobierno de Gustavo Petro como gestores de paz.

El fiscal Barbosa se preguntó: “¿por qué tomó la decisión de forma directa y no citó a un juez de garantías y en un caso posterior sí lo hizo? Creo que estas son unas dudas que tendrá que responder todo esto en el marco del debido proceso, pero tendrá que responder”.

Esta decisión se tomó después que la misma Procuraduría General radicara una denuncia por el delito de prevaricato por acción en contra de la funcionaria judicial al considerar que se extralimitó en sus funciones al ordenar el pasado 21 de diciembre la excarcelación inmediata de Santiago Márquez Charris, quien estaba recluido en la cárcel de Girón (Santander), y Adriana Esperanza Bermeo, quien estaba recluida en la cárcel de El Pedregal en Medellín.

En la denuncia, el Ministerio Público consideró que la funcionaria judicial “pasó por alto que las resoluciones remitidas por el alto comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua”, y, además, en su decisión no dejó constancia de la norma que la facultaba para decretar su libertad.

La funcionaria judicial deberá presentarse en el interrogatorio en compañía de su abogado de confianza y explicar los fundamentos de su decisión. La Fiscalía parte de la premisa que la coordinadora no repartió ni asignó los respectivos expedientes, sino que tomó la decisión omitiendo el procedimiento exigido.

Esta decisión se toma en medio del debate que existe por la solicitud del Gobierno de liberar a varios de los integrantes de la primera línea para que se sumen al proyecto de ‘paz total’ como gestores.

Extralimitación de sus funciones

En la denuncia firmada por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales se enfatizó que era su obligación realizar un análisis de fondo sobre la solicitud que se le planteaba para hacer el control que le correspondía, y no actuar como “una simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”.

En este caso se señaló que la orden presidencial no fue notificada a los sujetos procesales que tenían interés en el asunto, al punto de que la Procuraduría se enteró gracias a la divulgación que de la noticia hicieron los medios de comunicación. “La señora juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá miró de soslayo dicho mandato (el de notificar las decisiones), con lo que también privó a los sujetos procesales, y particularmente al Ministerio Público, de la posibilidad de controvertir lo decidido a través de la interposición de los recursos de ley”, sostuvo el Ministerio Público.

La Procuraduría resaltó que pese a que la decisión fue adoptada el 20 de diciembre pasado, al día siguiente, funcionarios del Grupo de Asistencia a Usuarios le informaron al Procurador Judicial Penal designado como Agente Especial que el proceso se encontraba en el Centro de Servicios Judicial para ser asignado por reparto y así tomar una decisión de fondo, es decir, una irregularidad bastante grave.

“La falta de diligencia a la hora de publicitar la decisión judicial en cuestión por los canales establecidos para el efecto va en contravía de los principios de transparencia, de facilitación, de calidad de la información y de divulgación proactiva que la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información (Ley Estatutaria 1712 de 2014) preconiza respecto del derecho de acceso a la información pública”, puntualizó la Procuraduría en la denuncia.

Por los mismos hechos, el Ministerio Público radicó ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá una queja disciplinaria contra la funcionaria para que se evalúe la apertura de una indagación.

El hecho pondrá de presente uno de los más duros choques de trenes del Gobierno de Gustavo Petro, pues el tema de la libertad de la primera línea ha generado la oposición de dos entidades clave en ese proceso: la Fiscalía y la Procuraduría.

Si las decisiones de la Fiscalía avanzan, los jueces terminarían ante sus colegas siendo investigados por haber firmado esas libertades que se desarrollaron en el marco de la propuesta del gobierno.

Otro round de la pelea

El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió contra la procuradora en las últimas horas, quien en una fuerte declaración indicó que “la paz no está por encima de la Constitución”, frente a la discusión sobre la petición de suspender las órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo y de Los Pachenca.

El mandatario colombiano lanzó varias pullas en contra de Cabello Blanco al señalar que la funcionaria del Ministerio Publicó “se equivoca”, frente a la política de ‘paz total’ que viene liderando el Gobierno nacional con el acercamiento con varias estructuras criminales.

Escuche a María Isabel Rueda hablar del choque del presidente Petro y la procuradora

“Una profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia, todos los funcionarios públicos, incluida ella (Margarita Cabello Blanco) e, incluido yo, debemos obedecer la Constitución”, sostuvo Petro.

Y agregó: “La Constitución nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía, ¿o es que se nos olvidó el artículo 22 de la Constitución? De tanto hacer guerras y discursos guerreristas, a los que estamos acostumbrados a las últimas décadas, se nos olvidó que el artículo 22 ordena la paz, como un derecho fundamental”.

“La paz no puede estar por encima de la Constitución. Tal y como lo expresé en su momento con respecto a los voceros de paz de la primera línea, cuando se les levantaron las medidas de aseguramiento por una funcionaria que no era competente, hoy debo decir que estoy de acuerdo con la postura del fiscal general de la nación de no suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y Los Pachenca, solicitada por el Gobierno por cuanto, como él lo dijo (el fiscal general), no se cumplieron los presupuestos legales ni constitucionales para ellos”, anotó en su momento Cabello Blanco.

Fiscalía en SEMANA vuelve y le dice no a Petro

El pasado viernes 13 de enero, SEMANA reveló que la Fiscalía General de la Nación se negó a suspender las órdenes de captura y a dejar en libertad a 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca.

En un documento de siete páginas, firmado por la vicefiscal Martha Mancera, el ente investigador le dice al comisionado de Paz, Danilo Rueda: “La Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”.

A propósito de este tema, la vicefiscal general de la nación, Martha Mancera, dio detalles en Vicky en Semana sobre la negativa de parte del ente investigador para suspender dichas órdenes de captura y, de paso, dejar en libertad a los criminales en mención.

“Es importante que los colombianos puedan entender la situación jurídica. El tema no es que nosotros como Fiscalía General de la Nación no estemos de acuerdo con la paz, el señor fiscal general lo ha dicho en todos los espacios, acompañamos el proceso de paz y todas las estrategias, pero con las leyes claras”, aseveró Mancera.

En ese sentido, la vicefiscal insistió en que es la Constitución Política el lineamiento de todas las leyes que se van expidiendo en Colombia. “La que regula todo lo que tiene que ver con la ‘paz total’ del presidente es la ley 2272 de 2022; esa ley determina tres grandes escenarios, y uno no puede perder de vista los lineamientos constitucionales y legales para la toma de decisiones de cada una de esas tres estructuras”, comentó.

A renglón seguido, la funcionaria expuso los tres escenarios planteados. Así mismo, aclaró por qué la Fiscalía decidió negar la solicitud hecha por el comisionado de paz para levantar las órdenes de captura con fines de extradición para integrantes de determinados grupos al margen de la ley.