El fiscal Barbosa le hace una fuerte advertencia al presidente Petro: le dijo que puso en riesgo la vida del fiscal Hernández y su familia

El fiscal Francisco Barbosa le hizo una fuerte advertencia al presidente Gustavo Petro por las publicaciones que ha hecho recientemente en su cuenta oficial de Twitter en contra de Daniel Hernández, el fiscal que tuvo a su cargo los expedientes de Odebrecht, el Caso Hyundai, la ñeñepolítica, entre muchos otros.Para Barbosa, es más que inaudito que un jefe de Estado califique de aliado del Clan del Golfo a un funcionario. Esta situación, pone en grave riesgo la vida e integridad del fiscal Hernández. La situación tiene un agravante puesto que en la publicación citada por Petro aparece una fotografía del hijo menor del delegado de la Fiscalía.“El presidente Gustavo Petro fijó un trino en contra de un funcionario judicial de la Fiscalía General, en donde señaló que hay una especia de contumacia o apoyo a los asesinatos que comete el Clan del Golfo”, advirtió Barbosa. “Quiero recordarle, porque creo que se le olvidó, que ese funcionario fue víctima de la Masacre de La Rochela donde fue asesinado su padre por los paramilitares”.Para el fiscal general, las acusaciones de Petro contra el fiscal Hernández son “gravísimas” y por eso le advirtió que “si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández (...) o ese menor de edad, que es sujeto de especial protección, Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas. Esto parece que no es la ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ sino la Potencia donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales’”.Es de recordar que no es el primer contrapunteo que se presenta entre el fiscal y el presidente Gustavo Petro.El fiscal Barbosa, la procuradora Cabello y el presidente se enfrentan por la primera línea: los jueces quedan en medio de ese rifirrafeUno de los casos recientes fue el de la primera línea. Las boletas de libertad a los miembros de este movimiento están en medio de un fuego cruzado con graves consecuencias penales y disciplinarias para los jueces del país.Mientras los altos funcionarios del Estado siguen trenzados en una algida y profunda pelea, los jueces del país tienen sobre sus espaldas la mirada de los organismos con competencia para investigarlos. El caso más visible: la jueza Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, que ya fue llamada a dar sus declaraciones a la Fiscalía.El año pasado, la Procuraduría ya había hecho la primera alerta de que esto pasaría. La procuradora Margarita Cabello Blanco, anunció en ese momento que el órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz.Las órdenes las expidió el grupo de libertades del centro de servicios judiciales de Bogotá. Sin embargo, la jefe del Ministerio Público denunció que tampoco se les compartió información para actuar en esos casos, y que la persona que firmó las órdenes de libertad, la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no tendría la competencia para otorgarlas.Señaló que “se remitirán las denuncias respectivas” en caso de que “haya habido alguna irregularidad en la emisión de esas órdenes de libertad”, y recordó que los representantes de la Procuraduría deben ser citados a las audiencias ante los jueces de control de garantías, que son los autorizados para emitir las órdenes de libertad correspondientes.Esta semana, el fiscal Barbosa retomó el tema. Desde Guaviare el funcionario advirtió que, “la próxima semana se llamara a interrogatorio, derivado de una denuncia penal que presentó la procuradora general de la nación, a una jueza del centro de servicios de Bogotá, para que el marco de su debido proceso le explique a la Fiscalía las razones jurídicas por las cuales que no asignó, cuando recibió una solicitud para una suspensión de órdenes de captura, a un juez de control de garantías, como corresponde”.