El fiscal Francisco Barbosa le dice no a Sergio Fajardo

A través de una carta de tres páginas, el fiscal Francisco Barbosa le explica al abogado Mauricio Pava, quien defiende los intereses del exgobernador y excandidato presidencial, Sergio Fajardo, que no es posible adelantar un comité técnico jurídico para evaluar la decisión de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que lo citó a diligencia de imputación de cargos.

En la carta, el fiscal le dijo a Sergio Fajardo y su abogado que la Constitución Nacional establece los principios y funciones de la Fiscalía y sus delegados, entre ellos la independencia y autonomía judicial, por tanto la facultad de convocar a los comités técnicos jurídicos es discrecional del fiscal general.

El fiscal advierte que los comités técnicos-jurídicos no son un escenario de defensa para los indiciados, tampoco es el espacio para controvertir el material probatorio de una investigación o de las decisiones que se lleguen a tomar en el marco de sus procesos. “se ejerce en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía, siempre que de acuerdo con el avance del caso, surjan problemas jurídicos de gran entidad acerca de la legalidad sustantiva y probatoria de la actuación”.

Sería entonces una herramienta excepcional, dice el fiscal, de ahí que no se puede considerar como un derecho de las partes e intervinientes dentro de los procesos, mucho menos de terceros con intereses, convocar esos comités técnico-jurídicos en la Fiscalía General de la Nación. Asegura que en el caso que tiene como investigado a Sergio Fajardo existen los elementos materiales probatorios que sustentan la investigación, que considera, “extensa, juiciosa y fundamentada en evidencia física e informes e información legalmente obtenida”.

Insiste Francisco Barbosa que la encargada adelantar esta investigación es una fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que adelanta las actuaciones de manera independiente y autónoma “que debe prevalecer en todos los casos y en los estándares de la debida diligencia”.

El fiscal general le explica al exgobernador y a su defensa, que las discusiones o debates jurídicos deben adelantarse ante los jueces penales competentes y dentro de los momentos procesales correspondientes, “en claro ejercicio de las garantías constitucionales que rigen la actuación, incluida la presunción de inocencia”. Le advierte además que el contenido de la imputación de cargos se dará a conocer ante los jueces de control de garantías respectivos, por tanto no es posible pedirle al fiscal del caso que remita con anterioridad los elementos de prueba que serán presentados.

“Una vez estudiada su solicitud, a la luz de las normas constitucionales legales y reglamentarios, se determinó que no resulta procedente la convocatoria a un comité técnico-jurídico bajo los argumentos esgrimidos en su petición, esto en el marco de la discrecionalidad reglada con que cuenta la Fiscalía General de la Nación”, cierra la respuesta del fiscal.