El fiscal general, ¿demasiado poderoso?

En Colombia, la figura del fiscal general se suele asociar con un hombre reservado, a veces calculador, que oculta sus posiciones políticas y sus ambiciones hasta que deja el cargo. Por eso ha llamado la atención el perfil tan diferente a esa tradición que ha venido mostrando por estos días el fiscal Eduardo Montealegre.

En las últimas semanas, tres de las columnistas más leídas del país, no han ahorrado adjetivos contra él. Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, escribió en su columna de El Espectador: “El Eduardo Montealegre de hoy no es el que ascendió a la Fiscalía hace dos años. O, al menos, no es el que parecía ser. La vanidad fue la primera de las hechiceras que hicieron de las suyas con él y el afán electorero es el otro maleficio que le cayó”.

Unos días antes, María Elvira Samper, en su columna titulada, ‘De la ‘cosa pública’ a la ‘cosa nostra’’ denunció que Montealegre “ahora también anda trenzado en una lucha por ganar poder en la Rama Judicial y en la Contraloría, con el propósito de aplicar la ‘doble Nelson’: desvertebrar la rosca del intercambio de favores magistrados-procurador y armar la suya propia”.

Y María Isabel Rueda, desde hace varios meses en su columna de El Tiempo, viene diciendo cosas como que: “Montealegre produce la desazón de que tiene agenda propia (…) Algunos hasta dicen que secretamente lo seducen las ilusiones presidenciales”.

Hasta hace poco el estilo del fiscal había sido registrado con entusiasmo por los medios de comunicación pues, con una prolífica argumentación jurídica y sin pelos en la lengua, protagonizó debates de gran calado para el país: desde la no cárcel para los guerrilleros, hasta la no cárcel para los conductores borrachos pasando por el sí al matrimonio gay. Esa personalidad frentera gustaba y lo que nadie ponía en tela de juicio es que sus credenciales de peso pesado del derecho penal le daban una autoridad que era aplaudida por la opinión pública.

Sus duelos ideológicos, que le generaban tanto admiradores como contradictores, eran registrados como debates de altura. Su mano a mano con el procurador Alejandro Ordóñez en defensa del proceso de paz se convirtió en una especie de pelea por rounds que recogían cada semana con fervor los medios. Hasta ahí, todo iba bien. Ambos se mostraron como los símbolos de dos corrientes ideológicas muy marcadas, una liberal y otra conservadora, y el enfrentamiento de estas enriquecía la discusión nacional sobre el tema.

Después, el fiscal se enfrascó en una feroz batalla con la contralora alrededor de la EPS Saludcoop, pero este no salió del todo bien librado porque ella esgrimió el argumento de que su posición estaba relacionada con el hecho de que Montealegre había sido abogado de esa entidad. El fiscal se indignó ante esa interpretación y el enfrentamiento lleva ya tres años.

De todas maneras, para la opinión, ese pulso con las máximas cabezas de los organismos de control, si bien podía parecer a veces excesivo e inconveniente, estaba dentro de los límites permitidos por la ley. Y en últimas, a cada uno de ellos, de alguna manera, le ganó el pulso. Sus tesis sobre el proceso de paz, que eran las del presidente Santos, se impusieron en las urnas sobre las del expresidente Uribe y el procurador Ordóñez. Este último está en la actualidad maniatado, pendiente de un fallo del Consejo de Estado que estuvo a punto de tumbarlo. Y a la contralora, que está a pocos días de entregar su cargo, la esperan al menos dos procesos judiciales en la Fiscalía.

Montealegre vs Gómez Méndez

Pero la gota que rebosó la copa de cierto sector de opinión es la nueva polémica que se abrió entre el fiscal y el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez y que se agudizó en los últimos días sobre cuál es la reforma que se le debe hacer a la Justicia. El tono del debate no se había visto antes de parte de un fiscal contra un miembro del Gabinete. “Desafortunadamente el ministro de Justicia se ha convertido en un obstáculo gigantesco para los avances de la Justicia penal en Colombia”, dijo Montealegre a las cámaras de televisión. Y en una entrevista, el lunes pasado, anotó: “Juan Carlos Esguerra, que fue un gran ministro, dejó diseñada una política muy audaz. Gómez Méndez recortó los alcances de esa política y, como siempre, retrocedió”.

A diferencia de sus mano a mano anteriores, el tono utilizado en esta última ocasión tiene un ‘tufillo’ más de enfrentamiento personal que ideológico. Es un hecho que dentro del mismo Estado hay dos grupos que tienen grandes diferencias sobre las reformas que se le deben hacer a la Justicia. Por un lado, el fiscal y la Sala Penal de la Corte han trabajado en un proyecto para hacerle ajustes al sistema penal acusatorio, y por el otro, hay una Comisión Asesora para la Política Pública en Justicia que trabaja de la mano del ministro, redactando otro. De hecho, esa comisión, integrada entre otros por Bernardo Gaitán Mahecha, Gustavo Zafra y Augusto Ibáñez, cuando la puja se agravó, tuvo que emitir un comunicado aclarando que “no ha debatido o propuesto modificación alguna a las funciones constitucionales del fiscal general o de la Fiscalía”.

Lo que ha llamado la atención, además del tono del fiscal, es que el ministro Gómez Méndez, que se ha caracterizado en su carrera pública por no tener miedo de enfrentar a sus contradictores, ha preferido quedarse callado. Según la interpretación de la columnista Cecilia Orozco lo que busca Montealegre es “presionar al presidente Santos, no ya en privado sino con su retador discurso ante los medios, para que excluya del Ministerio de Justicia a Alfonso Gómez Méndez”. La columnista agrega que Montealegre “aprovecha el micrófono para notificar al mandatario del poder de veto que tiene”.

Esa afirmación también tiene un problema de tono y es bastante exagerada. Sin embargo, ilustra el antagonismo que el nuevo estatus del fiscal está generando en algunos sectores, particularmente entre los opinadores de los medios. Pero también da luces sobre la profundidad en las diferencias que hay entre dos concepciones de lo que debe ser la justicia en el país. Montealegre y Gómez Méndez encarnan cada una de estas tendencias.

La rivalidad entre ambos existe desde hace décadas. Cada uno de ellos ha sido pieza clave de uno de los dos bufetes de abogados penalistas más tradicionales y respetados; Eduardo Montealegre del de Jaime Bernal Cuéllar, y Alfonso Gómez Méndez, del suyo propio.

Por eso, tal vez, no había pasado un mes desde la posesión de Alfonso Gómez Méndez, en septiembre del año pasado, cuando comenzó el tira y afloje. El florero de Llorente fueron dos códigos que hacían trámite en el Congreso, el de Extinción de Dominio y el Penitenciario y Carcelario.

El primero era de la Fiscalía, ya iba en tercer debate en el Senado y cuando llegó Gómez Méndez creó una comisión especial para revisarlo y pidió hacerle un cambio que dejaba a la Fiscalía sin el 50 por ciento de los recursos del Frisco (un fondo de cerca de 5 billones de pesos, al que llegan los bienes cuyo dominio se extingue a favor del Estado). Y el segundo, el Código Carcelario, que era del Ministerio de Justicia, recibió dardos a su vez del vicefiscal Jorge Perdomo que lo calificó de proponer “soluciones simples”.

Si bien tanto Montealegre como Gómez Méndez guardaron la compostura ante el público, la pelea se sintió con fuerza tanto en el búnker como de puertas para adentro en el ministerio.

Mientras esa pugna seguía en remojo, la tensión entre ambos llegó a tal punto que cuando tuvieron que firmar el decreto con el cual se reestructuró la Fiscalía, un proyecto al que Montealegre le metió el hombro, el ministro Gómez Méndez pidió una licencia de un día para que fuera el viceministro Miguel Samper, como encargado, quien estampara la firma.

¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de los pulsos del fiscal general?

La opinión se divide al respecto. Aunque el aumento de su poder despierta algunas suspicacias, muchos lo aplauden porque enarbola un discurso liberal frente al avance de cierta ideología conservadora que ha venido ganando terreno en los últimos tiempos.

El poder del fiscal

Lo que ninguno de los dos bandos discute es que ha acumulado más poder del que tenían sus antecesores y depronto del que está consignado para su cargo en la Constitución. Es un hecho que está incidiendo en decisiones trascendentales del aparato del Estado que en circunstancias normales estarían por fuera de la órbita del búnker de la Fiscalía.

La primera demostración de su poder la dio cuando hizo cambiar de opinión prácticamente a todo el Consejo de Estado para que su periodo fuera de cuatro años y no de algo más de un año, que era el tiempo que le quedaba a la fiscal Viviane Morales, a la cual él reemplazó. La sala de consulta de ese alto tribunal ya había dicho que, para respetar el equilibrio de poderes, los periodos de cuatro años del fiscal general eran institucionales y no comenzaban a contarse a partir del momento en que un nuevo fiscal asumía. Sin embargo, y contra el concepto de la Sala de Consulta, a Montealegre le cambiaron la jurisprudencia.

La segunda demostración la dio en septiembre pasado en medio de la dura batalla que sostuvo con la contralora Sandra Morelli. Una sala de tres magistrados de la Corte Suprema le dio la razón a Montealegre en una tutela que él interpuso para que la contralora no pudiera investigar a magistrados de las altas cortes ni al fiscal. Sin embargo, también hay que decir que unos meses después la Corte Suprema en pleno tomó una decisión contraria y le devolvió a la contralora la facultad de investigarlo.

Otro flanco en el que se ha visto el creciente poder del fiscal general es en el de incidir en cómo se mueven las fichas en la rama judicial. Ha tenido que ver, por ejemplo, en el nombramiento de varios de los magistrados elegidos recientemente: Néstor Osuna, en el Consejo de la Judicatura, y Gloria Ortiz, en la Corte Constitucional. En un tercer intento de poner a Mario Montes en la Corte Suprema fracasó porque la expresidenta de la Corte, Ruth Marina Díaz, tenía su propio candidato.

Montealegre tuvo que ver también en la elección de cada uno de los miembros de la terna para contralor general. Para lograrlo se movió más como un jefe político que como un administrador de justicia neutral. Su casa se convirtió en un centro de poder. En esta han tenido lugar reuniones donde se ha llegado a decisiones importantes como la que reveló La Silla Vacía. En esa ocasión los invitados fueron los magistrados de la Corte Constitucional y Germán Vargas Lleras, quienes ante su anfitrión habrían sellado el acuerdo para elegir a Gloria Ortiz en la Corte Constitucional.

Es un hecho que el fiscal Eduardo Montealegre está haciendo una Fiscalía distinta. Hay sectores que lo han recibido bien. Entre otras cosas, porque consideran que en un país huérfano de líderes se necesitan hombres de hierro que den batallas en defensa de los principios que inspiran la Constitución. Y en el caso de Montealegre, también ha jugado un papel muy importante en la venta del proceso de paz a la opinión pública echándose al hombro la tarea de convencer a la sociedad de que para que la paz llegue a Colombia tiene que haber flexibilidad en el tratamiento penal que se les dé a los guerrilleros de las Farc.

Hasta hace poco en Colombia se decía que se estaba viviendo el gobierno de las cortes. Ahora se podría decir que este ha sido reemplazado por el de los organismos de control. Así como Alejandro Ordóñez es considerado el procurador más poderoso y más ideológico que ha habido hasta ahora, lo mismo está sucediendo con la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Eduardo Montealegre. Solo el tiempo dirá si ese aumento de poder en esos cargos que se ha visto en los últimos tiempos es beneficioso o dañino para el país.