El fiscal general rechazó los “actos de terrorismo” que se registraron en Tuluá, Valle del Cauca

Este martes, el fiscal general, Francisco Barbosa, rechazó los actos de terrorismo que se llevaron a cabo y causaron la destrucción del Palacio de Justicia de Tuluá, en el Valle del Cauca. “La Fiscalía reclama respeto por la Rama Judicial, que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo el fiscal general.

“Como fiscal general de la Nación rechazo de forma vehemente los actos de terrorismo que llevaron a la destrucción y quema del Palacio de Justicia de Tuluá, en el Valle del Cauca”, aseguró el jefe del ente de control.

“La Fiscalía General de la Nación priorizará esta investigación y esclarecerá los hechos. Queremos decirle a la ciudadanía del país que debe respetarse la Rama Judicial del poder público en Colombia, que nuestros magistrados, jueces, fiscales e investigadores que formen parte de esta le cumplen un servicio a Colombia”, agregó.

En la noche de este martes las autoridades reportaron la quema del Palacio de Justicia ubicado en el centro del municipio del Valle del Cauca. Delincuentes atacaron la estructura que representa la institución judicial, lo que terminó en un fuerte incendio. Los videos de lo ocurrido han sido enviados por los ciudadanos a través de las redes sociales, acompañados de pedidos de auxilio.

Según informaciones recientes, el incendio no pudo ser sofocado, pues los bloqueos y los hechos de vandalismo que se vivían en el lugar no permitían el paso de los bomberos. Por eso, muchos de los videos en redes sociales contienen llamados de quienes graban de que dejen pasar al personal de rescate para poder actuar a tiempo.

El diario El País de Cali confirmó que los hechos comenzaron a las 7:30 p. m. y que media hora más tarde se decretó la emergencia. El Cuerpo de Bomberos de Tuluá le aseguró a ese diario que lograron acercarse al edificio y hacer un proceso de refrigeración de las paredes para evitar que las llamas se extendieran a otras viviendas. Pero que “por el problema de orden público en el sector, la situación está un poco complicada, entonces no hemos podido ir a hacer las labores bomberiles para apagar el incendio estructural, pero estamos en una valoración inicial y esperando que tengamos el área segura para poder ir a operar”.

Horas antes, el representante Gabriel Velasco había denunciado acciones similares “contra establecimientos comerciales. Destruyen empleos y sueños. Su objetivo es sembrar caos y deslegitimar instituciones”. El congresista aseguró que le dolía su ciudad natal y que les pedía a las autoridades y al Gobierno nacional hacer lo posible para recuperar el orden. También había denuncias en redes sociales de supuestos excesos de la Policía en la represión de la jornada.

Las imágenes de Tuluá contrastaban con la pacífica jornada de movilizaciones, que tras semanas de caos, se vivió en Cali. Allí, miles de ciudadanos salieron vestidos de blanco y en silencio para rechazar los desmanes, el caos y los bloqueos que tienen sitiado al departamento.

La quema del Palacio de Justicia de Tuluá se suma a otros hechos de vandalismo contra los edificios de la administración de justicia en el país. En estos lugares reposan miles de expedientes, pruebas judiciales y archivos de procesos de colombianos y de investigaciones en curso contra bandas criminales. Por eso, muchos se preguntan a quién beneficia realmente la destrucción que se está dando en la noche del martes en Tuluá. Hechos similares se vivieron en la sede de la Fiscalía de Popayán.

Numerosas voces rechazan este acto de violencia y aseguran que no puede entenderse que se enmarca en medio de las manifestaciones, sino que es un hecho criminal. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien es del Valle del Cauca, fue enfático en calificar lo que está sucediendo como un acto de terrorismo.

La Rama Judicial también rechazó el hecho. El Consejo Superior de la Judicatura aseguró que este pone en peligro la vida e integridad de los despachos judiciales.