“Hay enemigos agazapados de la paz alrededor del presidente de la República, eso me parece grave. Por mi parte yo le voy a ayudar”: fiscal

En la tarde de este jueves, el fiscal Francisco Barbosa se reunió con los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía. El objetivo del encuentro se enfocó en la discusión sobre la situación de seguridad que advirtió el jefe del ente acusador en el departamento de Antioquia y otras zonas del país, en donde los funcionarios de la Fiscalía corren riesgo. Aunque el detonante fue el secuestro de tres funcionarios en el municipio de Tarazá, reveló que este era el tercer incidente de este tipo cometido por las organizaciones criminales.

Sobre lo concurrido justamente en Tarazá, el fiscal Barbosa advirtió que “se le explicó al ministro de Defensa el contenido de las declaraciones de los fiscales, que se están haciendo los actos urgentes, las declaraciones; se van a tomar las declaraciones de quienes estaban al mando en esa región del país”.

Sobre el secuestro, dijo que “los fiscales fueron abordados por personas en motos, sin placas, y fueron llevados hasta Tarazá y, efectivamente, pasaron por controles militares, aspectos que tendrán que ser investigados. Los fiscales y funcionarios judiciales estuvieron en zona rural de Tarazá. El comandante se presentó con alias Gonzalito, uno de los jefes del Clan del Golfo, y él los dejo libres, pero esas personas fueron requisadas, inspeccionadas, y se les dio una incapacidad de 15 días por estrés postraumático”.

Para el fiscal, el asunto es claro, no puede haber sitios vedados para las autoridades, no puede haber espacios en donde no haya autoridad.

Por las autoridades asistieron el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo; del Ejército, general Luis Mauricio Ospina; de la Armada, vicealmirante Francisco Hernando Cubides, y de la Fuerza Aérea, general Luis Carlos Córdoba. Por parte de la Policía llegó la general Yakelín Navarro, subdirectora de la institución. También estuvo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Los decretos y la ‘paz total’

El fiscal Barbosa también se refirió a la apuesta por la ‘paz total’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Al respecto afirmó que dejó claro los dos caminos que se pueden tomar con los grupos criminales y hasta lanzó pullas porque no conoce nada del contenido de los proyectos que se radicarán en el Congreso para hacer viable jurídicamente la negociación. Hasta les dijo a los periodistas, irónicamente, que si conocían el documento que se lo pasaran para poderlo estudiar.

“Hay enemigos agazapados de paz alrededor del presidente de la República, eso me parece grave. Por mi parte, yo le voy a ayudar para que pueda hacer las cosas bien. Cuando las cosas estén mal, yo lo diré, pero hay que acompañar la institucionalidad”, fue el claro mensaje que envió Barbosa al Gobierno.

Por ese motivo pidió más diálogo institucional, al mismo tiempo que contó que no le ha llegado, que se ha enterado de las decisiones por las noticias. “No me ha llegado ni el primer decreto ni el segundo decreto, debe haber más articulación”, dijo.

“La ‘paz total’, yo he sido muy claro, tiene dos variables, una donde existen grupos como el ELN y las disidencias no firmantes que tiene un origen político, por esa razón se han levantado las órdenes de captura que nos han solicitado”, afirmó Barbosa.

“Frente a los otros grupos, que les pueden poner la denominación que quieran, tendrán que someterse a la justicia. Entiendo que van a presentar un proyecto ley, estaremos listos para participar, no conozco el contenido, nadie me ha informado, espero que me lo manden para estudiarlo verificarlo. La falta de comunicación es lo que lleva a que la Fiscalía tenga que decirle al país lo que piensa para que se produzcan esas interacciones”, dijo el fiscal.

Hace una semana el fiscal Barbosa advirtió que por razones de seguridad ordenó cerrar la sede de la Fiscalía en el municipio de Yarumal, Antioquia. El secuestro de tres funcionarios del ente acusador motivó la dura decisión del jefe del ente acusador.

En ese mismo momento, advirtió que citaría a los comandantes de Policía y Fuerzas Militares para que expliquen por qué los delincuentes transitan de manera libre por ciertas zonas del país. El encuentro con el fiscal Barbosa tenía ese objetivo, explicarle al país por qué, al parecer, no se hizo nada por evitar el secuestro de los funcionarios.

Resultados operacionales

El fiscal Barbosa contó en la rueda de prensa que le manifestó su preocupación al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la reducción de operaciones contra delincuentes en especial en las zonas rurales donde actúan los grupos ilegales con los que está negociando el Gobierno.

“Hoy tenemos 357 órdenes de captura pendientes de materializar en zona rural, contra homicidas de reincopordados y defensores de derechos humanos; 79 pendientes por masacres y 1.911 por homicidios en el territorio nacional, para un total de 2.347. Se informó que la Policía va a priorizar estas órdenes de captura, veremos lo resultados en su momento, nosotros estamos muy pendientes de este tema”, explicó el fiscal Barbosa.

También respondió a la invitación del presidente Petro de que la Fiscalía esté vinculada al tema de la incautación de drogas. “Estamos listos para participar en la conducción del cálculo de la cifra de incautaciones de marihuana, cocaína, laboratorios. Esa es una tarea que está atada a números de radicado criminal”.

El reclamo del minDefensa

Un duro pronunciamiento hizo el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, en contra del fiscal general Francisco Barbosa, quien ordenó el cierre de la Fiscalía de Tarazá, Antioquia, por razones de seguridad. Dijo el ministro Velásquez que el fiscal se apresuró y que debió consultar con las Fuerzas Militares los motivos de seguridad.

Es de recordar que la decisión de cerrar la Fiscalía de Tarazá se tomó, según el fiscal Barbosa, luego del secuestro de tres fiscales por parte del Clan del Golfo.

“Por lo que tenemos entendido, los fiscales fueron montados a unos vehículos que transitaron sin que hubiera alguna observación que desde el exterior indicara que se estuviera produciendo un secuestro”, señaló Velásquez.

Agregó que “los fiscales digan que pasaron por tres puestos del Ejército y que los soldados simplemente saludaban como acostumbran saludar en las carreteras con el pulgar en alto, pues es justamente porque no tenían conocimiento que se estaba produciendo ese hecho”.

Sobre el cierre de la sede de Tarazá, Antioquia, ordenada por el fiscal general al señalar que no había garantías de seguridad para sus funcionarios, dijo el ministro que el fiscal se apresuró con dicha determinación.

“Me parece, y valga la oportunidad decir, que fue una decisión apresurada del fiscal general cerrar la Fiscalía de Tarazá”, señaló.

Además, dijo que el fiscal no pidió a las Fuerzas Militares seguridad para garantizar el funcionamiento de la sede de dicha Fiscalía. “Creo que la solución no era el retiro de los fiscales, sino asegurarse con las Fuerzas Armadas que son la garantía de seguridad de nuestra Nación”, manifestó el ministro Velásquez.

Así mismo, el ministro le llamó la atención a la Fuerza Pública por el secuestro de los fiscales. “Ocurrió un hecho sorpresivo, reprochable, que también para las Fuerzas Armas resulta muy cuestionable e inaceptable, pero creo que ocurrido ese hecho, la solución no era el retiro de los fiscales, sino asegurarse con las Fuerzas Armadas”.

La Fiscalía cerró la sede en Tarazá

Tras el secuestro de tres funcionarios de la Fiscalía y una secretaria de un despacho judicial en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, el fiscal general Francisco Barbosa advirtió que cerrarán la sede de la Fiscalía en esta zona del país por cuestiones de seguridad.

Dijo el fiscal que luego del secuestro, los funcionarios fueron trasladados por diferentes puntos de ese municipio e incluso pasaron por puestos de control de la Policía y el Ejército sin que se hiciera ningún procedimiento, de ahí que citarán a diligencia de declaración a las autoridades para que expliquen qué operativos o procedimientos adelantaron en procura de rescatar a los funcionarios.

Barbosa aseguró que uno de los secuestradores de los funcionarios judiciales sería alias Gonzalito, el máximo cabecilla del Clan del Golfo luego de la captura y extradición de alias Otoniel. Esa persona, alias Gonzalito, estaba en el listado que entregó el Gobierno nacional para suspender las órdenes de captura, lo que motivó un choque de trenes entre el Ejecutivo y el ente acusador.

“Después de escuchar a las víctimas se logró evidenciar que uno de los secuestradores fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, máximo cabecilla del Clan del Golfo en esta zona y quien tiene orden de extradición vigente y hace parte de la lista de 16 nombres que pidió el Gobierno levantar las órdenes de captura, petición a la que no accedió la Fiscalía”.

Justamente con la evidencia y las declaraciones de los funcionarios que fueron secuestrados, que posteriormente fueron liberados, delegados del ente acusador en el departamento de Antioquia acudieron ante un juez de control de garantías para solicitar una orden de captura en contra de alias Gonzalito, lo que suma una nueva orden de detención en contra de este peligroso delincuente.

“Ante esta preocupante situación que afecta la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía he decidido temporalmente cerrar la sede de la Fiscalía en Tarazá y se trasladará la atención a Medellín, dado que no se cuenta con las condiciones de seguridad para administrar justicia en ese municipio”, dijo el fiscal.

De acuerdo con los propios funcionarios, víctimas del secuestro, los delincuentes los trasladaron e incluso pasaron por puestos de control de la Policía y el Ejército sin que se adelantara algún procedimiento para editar su retención. Los secuestradores del Clan del Golfo se movilizaban con tranquilidad por esa zona del país.

“Por lo anterior se citará los funcionarios de Policía y Fuerza Militares responsables de esa zona en Antioquia, para que expliquen las acciones realizadas y los procedimientos tendientes a garantizar la seguridad de los ciudadanos y servidores públicos. En Tarazá la Fiscalía fortaleció su presencia con cooperación internacional. Es lamentable que situaciones como estas sucedan”, advirtió el fiscal general.

Aseguró Barbosa que justamente Tarazá es uno de los municipios priorizados en el acuerdo de paz con las Farc y por eso se concentró la atención de los ciudadanos y no es posible que ahora esté nuevamente a merced de los delincuentes que transitan, según el jefe del ente acusador, de manera libre por esa zona del país. “No podemos admitir que nuestros funcionarios sigan siendo objeto de ataques por parte de grupos armados que transitan de una manera libre en ciertas zonas del país”.