El fiscal vs. El Tío Sam: la fractura sin antecedentes que separa a los aliados

Desde que se creó la Fiscalía General de la Nación, hace más 25 años, las relaciones de esa entidad con su aliado más importante en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada no pasaban por un momento tan crítico. La astucia con la que hace unos años manejó el exfiscal general Néstor Humberto Martínez la cooperación con Estados Unidos contrasta con el árido camino que viene recorriendo su sucesor Francisco Barbosa, quien en diez meses al frente del búnker consiguió golpear al socio estratégico donde más duele: la confianza.

Altas fuentes diplomáticas de Estados Unidos le confirmaron a SEMANA que los norteamericanos están preocupados con una serie de decisiones que ha tomado Barbosa, lo que ha interferido con el desarrollo de investigaciones contra las grandes mafias.

Es evidente que Colombia está en rojo con los temas que más les importan a los gringos: las cifras de cultivos ilícitos siguen en picos históricos y el presidente Iván Duque no ha podido cumplir el compromiso que hizo con Trump de reiniciar las aspersiones con glifosato. Por eso, se esperaba el papel protagónico de Barbosa para cazar estructuras criminales con tecnología de punta e investigación. Pero en lugar de tender puentes con su aliado estratégico, los dinamitó.

Cuando Barbosa aterrizó en el búnker, sacó de su equipo a una decena de funcionarios que contaban con trayectoria, conocimiento y táctica en el manejo de investigaciones bilaterales. La nueva administración prescindió de quienes tenían la gerencia de temas álgidos, como Luz Ángela Bahamón, en lavado de activos y extinción de dominio; José Alberto Salas y Myriam Medrano, de la Dirección Anticorrupción; Fabiola Castro, de Gestión Internacional, así como al fiscal de crimen organizado Álvaro Osorio. Aunque cada torero trae su cuadrilla, Barbosa, de un brochazo, dejó a Estados Unidos prácticamente sin interlocutores.

Un problema mayúsculo vino el 5 de octubre, cuando Barbosa despidió al hombre de confianza de Washington, ubicado en Antinarcóticos, la dirección que estratégicamente les importa más a los norteamericanos para combatir las redes de narcotráfico que salen de Colombia. Ricardo Carriazo llevaba más de dos décadas a la cabeza de investigaciones de largo aliento contra capos en el país, pero a pesar de una hoja de vida sin tacha y de ser el enlace más apreciado por parte de la embajada americana, recibió sorpresivamente la notificación de insubsistencia. Este portazo se convirtió en el florero de Llorente para que los desencuentros traspasaran los límites entre la sede diplomática y el búnker, y se tradujeran en quejas formales al Gobierno colombiano.

SEMANA conoció que por medio de las embajadas de Colombia y de Estados Unidos se elevó la desazón al presidente Iván Duque y a la Cancillería. Tanto en la Casa de Nariño como en el Ministerio de Relaciones Exteriores altos funcionarios confirmaron a esta revista su preocupación por el rumbo que tomaron los hechos. Las críticas se centraron en el despido de Carriazo y el efecto que esta salida traía para operaciones sensibles que estaban en curso. Pero quedaron también en evidencia los roces que vienen minando la cooperación judicial canalizada por la Fiscalía. SEMANA pudo confirmar que el mismo malestar despertó en los británicos, de quienes Colombia recibe apoyo importante y a quienes el país les debe en gran medida el funcionamiento del Sistema de Interceptaciones de la Fiscalía.

La mano de Estados Unidos ha sido crucial en algunos de los casos judiciales más relevantes del país, como Odebrecht, Cémex, Reficar y el cartel de la toga. Con su ayuda cayó el clan de Pedro Orejas, se ha debilitado al Clan del Golfo y se han impactado otras estructuras criminales. A pesar de que la joya de la corona siguen siendo las mafias del narcotráfico, la cooperación ha sido transversal para todo tipo de casos, tráfico de personas, explotación de niños e, incluso, han participado en temas de resorte doméstico. Por ejemplo, apoyaron la investigación contra Rafael Uribe Noguera, el violador y asesino de la menor Yuliana Samboní, y gracias a eso se logró, en tiempo récord, una reconstrucción milimétrica de lo que había sucedido con ese estremecedor crimen.

Por todo esto, pocos entienden la razón que llevó al fiscal general a iniciar una guerra fría con los gringos, pero la administración de Barbosa, por inexperiencia o error de cálculo, está en eso. El año pasado, Estados Unidos inyectó al menos 9 millones de dólares solamente para temas de cooperación judicial destinada a investigación, pago de informantes, entre otros. Pero por encima de este aporte financiero, Colombia recibe de su socio los dientes con los que cuenta para luchar contra el crimen organizado en cuanto a apoyo técnico y tecnológico, inteligencia y capacitación de funcionarios. Sin esta cooperación, Colombia estaría al nivel de Paraguay o Uruguay para afrontar disidencias, Clan del Golfo, carteles mexicanos y otras estructuras que crecen en los rincones a los que las autoridades no llegan.

Fuentes de Estados Unidos consultadas por SEMANA aseguran que respetan las decisiones de Barbosa en cuanto a su personal, así como su autonomía. Pero para que las operaciones conjuntas fluyan, se requieren equipos con trayectoria y confianza, pues las autoridades estadounidenses comparten información reservada, revelan pruebas sensibles, descubren identidad de fuentes, cooperantes e infiltrados. Y esto es precisamente lo que sorpresivamente y sin previo diálogo se rompió.

“Se están poniendo en riesgo vidas humanas de nuestros agentes que participan encubiertos en organizaciones criminales, las vidas de los cooperantes y los infiltrados”, cuestionó una alta fuente diplomática. “Ahora estos casos están siendo repartidos al azar en la Fiscalía, llegan a gente desconocida con quien no hemos trabajado nunca, no se le ha hecho un estudio de antecedentes, ningún estudio de su pasado financiero o familiar. El fiscal Barbosa nos pide que salgamos de nuestro círculo de confianza para entregar información riesgosa de inteligencia a desconocidos. ¿Cómo se puede fortalecer una relación institucional así?”, subrayó esta fuente.

La salida del zar

El fiscal Carriazo estaba desde 2017 en la coordinación de la Unidad Antinarcóticos. Le precedía un historial de 20 años de operaciones exitosas contra las estructuras organizadas desde Cartagena, una sede operativa crucial para los gringos. Se anotó golpes como la operación que capturó a Édison Washington, considerado el Pablo Escobar ecuatoriano, y Tito Aldemar Ruano, alias Don Ti, uno de los principales socios del cartel de Sinaloa en Colombia. También protagonizó importantes incautaciones de cocaína salida de Colombia rumbo a Francia, Holanda y España. El cargamento más cuantioso fue el de 14 toneladas de cocaína en Urabá, que iban camufladas en narcobananos.

Muestra de la absoluta confianza depositada en él es que bajo la coordinación de Carriazo, Estados Unidos desarrolló una de las operaciones encubiertas con más repercusiones políticas en Colombia: la que puso al descubierto los negocios de narcotráfico de Jesús Santrich. En desarrollo de esta investigación, agentes encubiertos de la DEA grabaron el momento en que el fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo recibía fajos de billetes en un hotel a cambio de incidir, supuestamente, en la decisión de extradición contra Santrich, hoy rearmado en las disidencias.

Barbosa puso para reemplazarlo a la fiscal María Helena Monsalve Idrobo, una funcionaria con una larga experiencia como fiscal de Cali en temas antinarcóticos, pero que no resulta cómoda para las agencias estadounidenses ni cuenta con su confianza. “Habíamos pedido no trabajar con ella por su falta de visión bilateral, desconoce los temas de cooperación, no hay comodidad en el uso de técnicas investigativas especiales”, señaló una alta fuente del Gobierno de Estados Unidos. Dentro y fuera del búnker, además, hay malestar por lo que se cree puede ser nepotismo en este nombramiento por su relación con la vicefiscal general Martha Mancera.

Además de los reparos sobre Monsalve, a su llegada a la jefatura de Antinarcóticos la nueva directora anunció cambios. Ese equipo cuenta con 48 fiscales en Bogotá y las ciudades principales. La mayoría tiene más de 15 años de trayectoria, y el 80 por ciento trabaja silenciosamente junto con agencias estadounidenses debido a que los propios norteamericanos les han brindado capacitación especializada. A pesar de esta fructífera sintonía, a varios ya les anunciaron su traslado a Tibú, Sardinata, Urabá y otras regiones de las llamadas Zonas Futuro, donde el Gobierno busca fortalecer la institucionalidad para mejorar las condiciones de seguridad.

“La Dirección Antinarcóticos no está para perseguir peces pequeños; busca impactar a las grandes estructuras. Por eso no tiene sentido mandar a los fiscales más capacitados a las zonas donde ni siquiera viven los capos; atrapar campesinos sembrando coca no afecta la cadena de valor. Se está perdiendo toda la audacia alcanzada en tantos años y se está exponiendo a los investigadores a que los maten”, aseguró un fiscal de la Dirección Antinarcóticos.

En ninguno de los movimientos planteados por la cúpula de la Fiscalía ha habido alertas previas, explicaciones o cuestionamientos de fondo contra los funcionarios. SEMANA conoció que en el caso de Carriazo, el fiscal Barbosa decidió despedirlo una vez conoció los detalles del preacuerdo que el fiscal antinarcóticos avaló con Laureano Martínez, el mayordomo de la famosa finca en Guasca, propiedad de la familia del exembajador Fernando Sanclemente, que tenía instalado un laboratorio para el procesamiento de cocaína con capacidad hasta para una tonelada al mes.

Paradójicamente, la investigación tuvo su origen en información entregada por la Agencia de Control e Inmigración de Aduanas estadounidenses (ICE, por sus siglas en inglés). Cuando la Dijín allanó el predio, encontró que la finca estaba a nombre de sociedades que pertenecen a la familia del exdiplomático. Por esta operación van diez personas capturadas, entre estas, el mayordomo Laureano Martínez, con quien la Fiscalía había llegado a un preacuerdo por una condena a 11 años y medio de cárcel a cambio de confirmar información que ya estaba en el radar de esa institución. Martínez se comprometía a corroborar la responsabilidad de nueve miembros de la estructura criminal capturados y a entregar información de otras dos personas actualmente vinculadas al caso.

El malestar de Barbosa radicó en que el preacuerdo no incluyó datos sobre los verdaderos dueños del laboratorio y el presunto conocimiento que pudiera tener el exembajador en esta operación ilegal desarrollada en una hacienda de 167 hectáreas. Antes de legalizar este preacuerdo, le quitaron el caso a la fiscal Yazmín Constanza Llanos, quien actuaba por órdenes de Carriazo, y lo entregaron al fiscal Daniel Hernández, quien le ofreció un principio de oportunidad al mayordomo para que salpicara para arriba en su declaración.

Frente a la posibilidad de que el mayordomo tenga un principio de oportunidad, su abogado Víctor Muñoz aseguró que después de la captura de su cliente la familia Sanclemente le quemó las pertenencias, entre estas, un computador, tabletas y otros elementos que considera “evidencia”. “Pusimos en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía, pero lamentablemente la respuesta de la fiscal delegada fue que no era de su competencia”, señaló. Aún no hay claridad de si el mayordomo pretende implicar a Sanclemente en esta nueva negociación.

Las otras perlas

A la torpe improvisación a la hora de remover fiscales se le agregan sorpresas como la del miércoles pasado en el inicio del juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, procesado por el escándalo de Odebrecht. Cuando nadie lo esperaba, apareció el fiscal Juan Delgado para atender la diligencia. Este funcionario fue mano derecha de la exfiscal estrella del caso Odebrecht, Amparo Cerón, quien dejó la Fiscalía cuando Barbosa le quitó los procesos relacionados con el megaescándalo de corrupción y los asignó a un selecto grupo de fiscales delegados ante la corte, coordinados por Gabriel Jaimes. Pero ninguno de estos apareció para iniciar el complejo juicio contra Andrade. La cúpula del búnker tuvo que recular y finalmente el experimentado fiscal Delgado fue quien expuso la teoría del caso ante el juez.

Igual ocurrió con casos sensibles impulsados por los gringos que llevaba Carlos Vieda, uno de los fiscales más avezados en temas de lavado de activos, trasladado en abril a la Unidad de Derechos Humanos. Ante la imposibilidad de que funcionarios nuevos asumieran procesos de alta complejidad en etapa de juicio, le devolvieron los casos como el de la Gata y el lavado de plata del bloque paramilitar de Mancuso, DMG y Goldex. Apartar y trasladar a esos fiscales para luego reasignarles la carga revela improvisación en las decisiones, uno de los frecuentes cuestionamientos de los estadounidenses.

Las fotos urgentes

El viernes el fiscal Barbosa intentó bajarle la caña a esta crisis político-judicial que ha escalado a los más altos niveles de los dos países. En la tarde, dedicó su agenda para reunirse y tomarse fotos con el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y posteriormente con el del Reino Unido, Colin Martin Reynolds.

A la salida de la reunión con el primero, el fiscal general aseguró en un comunicado de prensa y en un video que están trabajando para fortalecer “los lazos de amistad y cooperación judicial” a fin de enfrentar con contundencia las organizaciones criminales. A su turno, el embajador Goldberg aseguró que tuvieron “la oportunidad de conversar sobre la amplia agenda que tenemos en conjunto en muchos sectores de la rama judicial”. El objeto oficial del encuentro fue formalizar la firma de un convenio que duró frenado casi ocho meses para perseguir fugitivos estadounidenses en territorio colombiano. El detrás de cámaras de la foto del fiscal y el embajador norteamericano es menos prometedor.

Una fuente cercana a la embajada asegura que llevan mucho empujando este acuerdo. “Es algo bueno, pero no es lo más importante en la escala de intereses de Estados Unidos. Este acuerdo no se equipara al desarrollo de operaciones bilaterales contra capos del narcotráfico, que requiere trabajo conjunto para realizar entregas controladas, exponer información de agentes encubiertos y llevar a cabo procesos de extradición con eficacia”, dijo. Al caer la noche, Barbosa sacó un segundo comunicado en el que anunciaba que había hecho compromisos con los británicos para “el desarrollo de nuevas estrategias de cara a la protección del medioambiente”.

Coincidencialmente, estas dos reuniones tuvieron lugar después de que SEMANA intentó localizar durante dos días al fiscal Barbosa. Por medio de su asesora de prensa, el jueves al mediodía esta revista envió al jefe del búnker un cuestionario con preguntas relacionadas con estas denuncias. Al cierre de esta edición, en la noche del viernes, no había sido posible contactar al fiscal general y las respuestas no llegaron.

“La estupidez más grande de un fiscal es pelear con los norteamericanos”, dijo una alta fuente diplomática colombiana que ha presenciado el malestar que han desatado las decisiones de Barbosa. No está claro si esas fotos y los anuncios hechos en un día podrán enderezar diez meses de relaciones torpedeadas por el jefe del búnker con el Tío Sam.

Nota aclaratoria: El exfiscal Andrés Jiménez renunció a la dirección contra las finanzas criminales en noviembre del 2019, durante la administración del fiscal (e.) Fabio Espitia.

*Después de publicado este artículo, la embajada de Estados Unidos y la Fiscalía hicieron un pronunciamiento público. Léalo aquí.