Nación
El fuerte reclamo del abogado del canciller Leyva tras llevarlo a juicio disciplinario por la licitación de pasaportes
La defensa del ministro de Relaciones Exteriores presentó una solicitud de nulidad del proceso disciplinario por las presuntas irregularidades en la suspensión del contrato de pasaportes con Thomas Greg and Sons. La audiencia continuará el próximo martes 12 de marzo.
Después de que el procurador Ernesto Espinosa rechazó la solicitud de levantar la suspensión provisional contra el canciller Álvaro Leyva, este debe permanecer tres meses por fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su defensa presentó una nueva nulidad en el proceso, que se dio en medio de reclamos y cuestionamientos.
En la presentación de la solicitud de nulidad, el abogado Mauricio Cristancho aseguró que “lo que hoy nos convoca no tiene antecedentes en el país. Estamos llamando a juicio disciplinario y suspendido, lo tenemos, a un canciller de la República por no haber adjudicado un proceso licitatorio que advertía estaba direccionado. En la historia del país nunca se ha investigado a una persona que previene el direccionamiento”.
Para la defensa del suspendido ministro de Relaciones Exteriores, la solicitud de nulidad del proceso se basa en que, dentro de la investigación por las posibles irregularidades en la licitación de los pasaportes, hubo violación al derecho a la defensa y al debido proceso del investigado, la existencia de irregularidades sustanciales que afectan la presunción de inocencia y se habrían presentado inconsistencias sustanciales en la escogencia del procedimiento.
“En la práctica nos demuestra que se investiga en este país es a las personas que, habiendo un direccionamiento, permiten adjudicarlo a quien ha sido beneficiario de eso que se conoce como pliego sastre“, agregó la defensa de Leyva.
Lo más leído
La defensa argumentó que hay una ambigüedad en el juicio de culpabilidad, porque no se describieron las acciones u omisiones por las que hoy se investiga al canciller, se imputan afirmaciones definidas, no se declaró la exequibilidad de la norma frente a la suspensión, y a la Procuraduría le corresponde recaudar las pruebas que demuestran la culpabilidad del investigado.
“El segundo problema jurídico a determinar es si existió violación al derecho al debido proceso al canciller de la República, en virtud del quebrantamiento de la imparcialidad”, advirtió el abogado Cristancho, después de detallar que, horas antes de que se conociera que a Leyva lo iban a llamar a juicio disciplinario, varios medios de comunicación ya tenían el documento publicado.
