Nación
El futuro judicial de dos exministros del Gobierno Uribe se definirá en 2022
La Sala Penal de la Corte Suprema debe revisar la doble conformidad que podría eventualmente cambiar el rumbo de los procesos de estos exfuncionarios. Uno fue condenado, el otro ya pagó la pena. Esta es la hoja de ruta para la revisión de sus casos.
2022 será un año decisivo para varias personalidades políticas, exfuncionarios condenados, investigados y más. El caso que generó el efecto “dominó” en el tema de doble conformidad, es el de Andrés Felipe Arias, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. En 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio el banderazo de arranque al trámite de segunda conformidad del caso Andrés Felipe Arias. A través de un auto firmado el 29 de julio, los magistrados de la Sala Penal admitieron estudiar el recurso de impugnación que interpuso el exministro a su sentencia condenatoria a 17 años de prisión.
Como se recordará, la Sala Penal había negado en febrero de 2019, la acción de tutela con la que el exministro buscaba que se le concediera el derecho a la impugnación. Una decisión de la Corte Constitucional de este año encontró que hubo una violación directa de la Constitución y ordenó reversar esta determinación de rechazo.
Arias fue el protagonista del llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) que consistió en una serie de irregularidades en ese programa de asistencia agropecuaria con el que el Gobierno de Álvaro Uribe buscaba brindar subsidios a pequeños, medianos y grandes agricultores que debían afrontar las exigencias de un mercado abierto por cuenta de los tratados de libre comercio. Pero las cosas salieron mal cuando se encontró una serie de avivatos que fraccionaron sus predios para acaparar más subsidios.
Los abogados de Arias batallaron para tratar de lograr una revisión del fallo, pero por tratarse de una sentencia del máximo órgano judicial del país esa petición parecía imposible. Y a eso hay que sumarle que el exministro eludió la justicia colombiana al salir del país rumbo a Estados Unidos, donde solicitó asilo, un propósito en el cual no tuvo éxito. El Departamento de Justicia de ese país lo capturó atendiendo una petición de extradición de Colombia, la cual se cumplió luego de una larga batalla judicial.
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Diego Palacio, exministro de Protección Social
Otro caso muy importante es el de el exministro de Protección Social Diego Palacio, que como dato curioso, quedó en manos del mismo magistrado que definirá la suerte de Arias: Gerson Chaverra.
De hecho, en enero de este año, el magistrado ponente que debe revisar la condena por la denominada “yidispolítica”, proferida en contra del exministro de Protección Social Diego Palacio, se pronunció, junto con otros dos magistrados de la Sala Penal, en contra de la recusación que presentó el exfuncionario del gobierno Uribe para tumbar su condena (que por cierto ya pagó). SEMANA reveló en primicia el documento firmado por los magistrados de la Sala Penal, Gerson Chaverra (ponente del caso), Eugenio Fernández Carlier y Diego Eugenio Corredor Beltrán.
En una carta, que fue revelada por SEMANA, el exministro Diego Palacio pidió a los magistrados que revisaran su condena por la denominada “yidispolítica” y que se aparten de su caso por considerar que no hay imparcialidad. El documento que presentó en su momento el exministro básicamente señalaba que no hay suficientes garantías para la revisión de su condena.
A comienzos de este año, SEMANA también reveló el documento de poco más de 95 páginas que fue radicado ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar la condena que recibió en el caso de la yidispolítica.
Cabe recordar que Palacio, médico de profesión, vive y trabaja desde hace varios años en República del Congo, en África, luego de pagar su condena de seis años.
Uno de los apartes del documento conocido por SEMANA señala que la cartera en la cual fungía como ministro durante el gobierno de Álvaro Uribe, la de Protección Social, era totalmente ajena al trámite de la reelección presidencial y a la votación de los congresistas. Otro argumento presentado en la misma línea es que la conducta imputada no tiene relación con las funciones que Palacio desempeñaba como ministro de la Protección Social.
Eso es precisamente lo que tendrán que entrar a revisar los magistrados. En el caso de Palacio, la razón es más de honor, según dijo su defensa, porque ya pagó la pena.
