“El futuro no se puede cambiar de un día para otro”: Pierre Lapaque

SEMANA: ¿Cuál ha sido el principal impacto del Acuerdo de Paz en los cultivos ilícitos en Colombia?

Pierre Lapaque (P.L.): No hay una causalidad directa porque hay varios factores. Sin embargo, la salida de las FARC como grupo armado después del Acuerdo de Paz dejó diferentes consecuencias. Hoy, existe una redistribución de los cultivos de coca. Es decir, hay menos coca en los territorios donde operaba la guerrilla y tenía mayor presencia. Por ejemplo, Meta y Guaviare. Pero, por otro lado, hay una tendencia al incremento en zonas donde existían otros grupos armados ilegales que no estuvieron incluidos en el Acuerdo de Paz. Existe una especie de balanza. Lo que se percibe es que las zonas que han abandonado los cultivos van en aumento. Mucho del territorio que tenía hectáreas sembradas antes de los acuerdos, hoy completa tres años sin coca. Y, adicionalmente, hay seis departamentos con menos de 100 hectáreas sembradas. Evidentemente, hay una reducción en ciertos departamentos.

Pero, un punto negativo es la conformación de enclaves productivos como lo hemos encontrado en el último censo de coca. Ahora, 60 por ciento de la coca se queda en 5 por ciento del territorio. Además, hay una profesionalización y mejor forma de trabajar de los grupos criminales en estas zonas.

SEMANA: ¿Cómo es la realidad de las familias que se dedicaban a estos cultivos?

P.L.: El Acuerdo de Paz es todavía muy joven y, por ende, aún persisten varias condiciones de vulnerabilidad. Pero, dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), hacemos monitoreo y verificación, por lo que hay personas que están en contacto permanente con las familias que decidieron erradicar la coca y podemos conocer su realidad. Lo que hemos visto durante los tres últimos años es que, en contra de la idea que asegura que la economía ilícita y la coca son rentables, muchos cocaleros y excocaleros aún viven por debajo del nivel de pobreza. Esto quiere decir que el PNIS aportó mucho a los campesinos de estas zonas para que mejoraran su calidad de vida.

En las poblaciones beneficiadas por el programa se construyeron viviendas con materiales adecuados, se aseguró la seguridad alimentaria y se brindó atención en salud. Igualmente, a través de un trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Tierras, ahora muchos de estos campesinos son propietarios de las tierras en las que trabajaban. Este esfuerzo, que contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otros actores internacionales, es de suma importancia y debe ser resaltado, ya que cambió la vida en estos territorios. Y, aunque todavía existen brechas socioeconómicas, creemos que para los campesinos fue muy valioso ingresar al PNIS y acceder a bienes públicos y privados que el programa les suministró. No es lo ideal, claro, pero funcionó porque impactó positivamente a 67 mil familias.

SEMANA: Esta es una notable mejoría, pero ¿qué cree que falta por mejorar?

P.L.: Lo que falta, principalmente, es concretar los programas productivos dentro del PNIS. Es decir, las familias beneficiarias recibieron comida, animales y capacitación, pero falta una continuidad en el trabajo alrededor de los programas productivos que les permita asegurar una sostenibilidad a futuro y se proteja esta enorme inversión. Hubo un impacto de 49.500 hectáreas de coca que fueron erradicadas voluntariamente por los campesinos en los dos últimos años, lo cual es mucho. Estos campesinos, en un 96 por ciento, han mostrado cumplimiento a los compromisos y una reincidencia menor al 1 por ciento. Quiere decir que voluntariamente erradicaron la coca, se acogieron al programa, pero la dificultad ahora radica en la falta de dinero para continuar con los proyectos productivos que contempla el PNIS.

Vea: La coca inflada

SEMANA: La sustitución voluntaria fue un eje importante en el capítulo sobre cultivos ilícitos dentro del Acuerdo de Paz. ¿Estos proyectos productivos van de la mano con la sustitución voluntaria?

P.L.: Sí, van totalmente de la mano. Y los proyectos productivos también van de la mano con la erradicación forzosa. Eso no se debe olvidar. Al campesino, cuando la fuerza pública va a erradicar de manera forzosa sus hectáreas, se le debe ofrecer un futuro porque, de lo contrario, al día siguiente va a volver a sembrar coca. Los proyectos productivos van acompañados de cualquier tipo de erradicación porque si no hay proyectos productivos no hay sostenibilidad; y si no hay sostenibilidad, va a haber nuevamente hectáreas sembradas. Si ese circulo siguiera, Colombia jamás saldría de la pesadilla de la coca.

SEMANA: ¿Qué tanto ha primado la sustitución voluntaria al día de hoy?

P.L.: Como mencioné, se ha trabajado con 67 mil familias en 56 municipios de 14 departamentos en donde se concentra el 65 por ciento de los cultivos ilícitos en el país. Ellos erradicaron voluntariamente más de 41 mil hectáreas de coca y su vida les cambió. Ahora, como también dije, hay que continuar con los proyectos productivos porque ese es el tema fundamental.

SEMANA: ¿Qué aspectos generales del Acuerdo podrían mejorarse respecto de este tema?

P.L.: Se necesitan varias cosas. Primero, una mejor articulación interinstitucional entre las varias entidades gubernamentales y locales porque su trabajo en conjunto es constante y necesario. Además, no se puede trabajar solo desde Bogotá, se debe coordinar con los varios actores que cumplen un papel importante como gobernadores, alcaldes y comunidades. También deben incluirse a la agencias, como la Agencia Nacional de Tierra y la Agencia de Renovación del Territorio, para que aumente su involucramiento y contribuyan al desarrollo. Eso, ciertamente, hará del desarrollo un crecimiento económico.

Pero el desarrollo no solo se limita al crecimiento económico. Estas zonas apartadas de Colombia necesitan reforzar y fortalecer el acceso a la justicia, salud, educación y mejorar su infraestructura y conectividad. Esa es una realidad, no se puede pensar solo en erradicar cultivos. Siempre hay que preguntarse qué va a pasar después. Es decir, no solo hay que tener un poco más de dinero, sino garantizar acceso a una serie de recursos y servicios que deberían llegar rápido y no tres años después porque va a generar mucha frustración en los excocaleros y se corre el riesgo de que vuelvan a sembrar coca.

Pero el tema primordial, independientemente de si se erradica forzosa o voluntariamente, es la sostenibilidad. La sostenibilidad, además, se consigue garantizando el acceso a mercados nacionales e internacionales y con precios justos. Se necesita también dar un valor agregado a los productos. Por ejemplo, vender cacao es bueno, pero vender chocolate es mucho más rentable. Todo ese trabajo debe hacerse lo más cerca de las zonas de producción y en un contexto coordinado a nivel nacional, regional y local.

SEMANA: ¿Qué dificultad han podido identificar a raíz de la pandemia?

P.L.: La conectividad. Es un asunto que llegó para quedarse. Hay zonas del territorio en donde no hay internet y este es un tema clave porque gracias a que a algunos campesinos se les aseguró la conectividad, pudieron continuar en la legalidad, ya que podían acceder a diferentes fuentes de información y su trabajo con las instituciones fue más sencillo. Este no era un problema antes de la pandemia porque existía un contacto directo con los campesinos, pero apenas comenzó la emergencia sanitaria nos dimos cuenta que es un aspecto de suma importancia y que debe quedarse para el futuro porque ayuda muchísimo.

SEMANA: Los aspectos por mejorar son deudas históricas del Estado con las comunidades. ¿Por qué habrían de materializarse ahora?

P.L.: El Acuerdo se firmó hace solo tres años. Yo, antes de estar aquí, trabajé en África occidental y miles de acuerdos de paz se firmaron allá. Y un acuerdo de paz se puede cumplir o no cumplir, pero se necesitan, por lo menos, diez años. Son muchas cosas a tener en cuenta. Se debe construir un futuro y el futuro no se puede cambiar de un día para otro. Esa es la realidad de cualquier acuerdo de paz en cualquier país del mundo.