El Galeón San José es de Colombia: Consejo de Estado

Cuando a finales del 2015, el presidente Juan Manuel Santos anunció el hallazgo del galeón San José, varios historiadores quedaron más alarmados que contentos. Para ellos, la pelea por quién tiene la propiedad del tesoro sumergido más valioso de la humanidad terminará diluyendo la eufórica noticia que alegró tanto al país.

Además de los anunciados litigios internacionales, en los tribunales colombianos el tema no ha sido del todo zanjado. Aunque la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el año 2007, en donde le reconoció propiedad a la empresa Sea Search Armada del 50% del tesoro encontrado, esta decisión podría estar a punto de chocar con un fallo en el Consejo de Estado.

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El alto tribunal se alista para definir la legalidad de la resolución, expedida por la Dimar, en donde se le concedió el carácter de denunciante a la empresa de ‘caza tesoros‘ llamada en ese entonces Glocca Morra. Esta resolución, que es considerada el origen de todos los problemas, fue controvertida por el profesor Antonio José Rengifo, doctor en derecho del mar de la Universidad de Londres y director de Centro de Pensamiento de mares y Océanos de la Universidad Nacional. El académico la demandó por considerarla ilegal.

Para él, el gobierno colombiano se saltó todas las verificaciones arqueológicas necesarias que ordenaba la Ley y tampoco consultó con las autoridades competentes para expedir un documento que afectó los derechos de todos los colombianos. Rengifo interpuso una acción popular a la que ahora, después de varios años, el magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado William Hernández le da la razón.

La resolución en cuestión, firmada en 1982, le concedió derechos a la empresa estadounidense con base en un reporte de carácter confidencial. Allí –dice el documento- están las “coordenadas de la ubicación de un tesoro o especie náufraga en el mar Caribe colombiano”.

Para el magistrado, está demostrado que la resolución fue expedida de manera irregular y violó la ley. Asegura que es la causa directa de la grave amenaza o peligro de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y cultura (sumergida).

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El jurista en su estudio reabre una discusión que parecía zanjada por la sentencia de la Corte. Indica que el patrimonio cultural sumergido hace parte del patrimonio arqueológico, con lo que la totalidad de lo hallado es de propiedad de la Nación. En consecuencia, así en el interior del galeón haya monedas, lingotes de oro o plata o piedras preciosas en bruto -lo que es considerado como tesoro- el contenido esta cobijado por normas prevalentes que protegen el patrimonio cultural sumergido.

“El patrimonio cultural pertenece a la Nación, y sobre él no pueden coexistir dos regímenes: el del tesoro y el del patrimonio cultural”, dice la ponencia.

Para el magistrado del Consejo de Estado, en consecuencia, la institución civilista está absolutamente excluida de los litigios relacionados con especies náufragas, por lo cual no era la competente para pronunciarse. En cambio, como Consejo de Estado reclama competencia para revisar la legalidad de cualquier acto administrativo.

Considera además que el peligro y los daños persisten, por lo que entra a estudiar de fondo el acto administrativo, cuyos efectos están suspendidos, con el fin de evitar mayores consecuencias.

De esta manera, se acerca una nueva batalla del galeón en los estrados judiciales. Fue hundido hace 300 años en el caribe colombiano, sin embargo, el destino de su contenido, aún invaluable, apenas está por trazarse.

Hace unos meses Semana.com publicó un informe especial sobre este fallo y sus implicaciones:

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