El exgeneral Mario Montoya se somete a la JEP

Los procesos que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia adelanta en contra del general (r) Mario Montoya pasarán a la Jurisdicción Especial para la Paz. Según informó el tribunal en un comunicado de prensa, el excomandante del Ejército firmó el formato de sometimiento, que entrará a ser estudiado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. 

A continuación reproducimos el artículo ‘Las sombras que persiguen al general Montoya‘, publicado por la revista SEMANA. En el texto se destaca cómo a pesar de ser el oficial (r) más condecorado en la historia, también es el más cuestionado por sus procedimientos.

Cuando el general Mario Montoya (Buga, 1949) portaba su uniforme militar, colgaban decenas de condecoraciones en su pecho. Muchas de ellas las recibió de manos del presidente Álvaro Uribe y del ministro Juan Manuel Santos, en los dos años y ocho meses en los que fue comandante del Ejército. Hasta en seis ocasiones, según los registros de prensa, le fue impuesta la orden de la Cruz de Boyacá, la máxima distinción que el gobierno colombiano concede a militares y ciudadanos destacados por su servicio a la patria. Ningún otro general puede contarlo.

Una de ellas fue por haber comandado el rescate de Íngrid Betancourt, tres contratistas norteamericanos y 11 uniformados que llevaban casi una década secuestrados por las FARC. Mario Montoya fue uno de los cerebros de la célebre Operación Jaque, el 2 de julio del 2008, en las selvas del Guaviare. Una operación en la que se engañó a la guerrilla, en la que no se utilizó un solo disparo y se cuestionó el uso ilegal del emblema de la Cruz Roja.

Más allá de esa controversia, fue quizás uno de los mayores triunfos de un comandante del Ejército en la lucha contra la guerrilla. Se recuerda cómo Íngrid Betancourt, en sus primeros minutos en libertad, no paraba de abrazar al general Montoya, quien aseguraba: “fue una obra maestra”.

Esos días de gloria se vistieron de gris oscuro este lunes cuando la Fiscalía anunció que le imputará cargos a este general retirado por varios casos fijados en los denominados ‘falsos positivos’. La investigación tiende a esclarecer las muertes de unos civiles que falsamente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Los hechos se habrían registrado en siete de las unidades militares del Ejército, entre ellas Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.

“La decisión se toma por las omisiones del general (r) Mario Montoya, quien como comandante del Ejército pudo evitar la realización de ‘falsos positivos’ en las unidades militares”, señaló una fuente de la Fiscalía a este portal.

Si hay algún nombre vinculado a la lucha contrainsurgente en las recientes dos décadas es el de Mario Montoya. Cuando ostentaba el rango de coronel, hizo parte del desembarco de las Fuerzas Militares en el cuartel de las FARC en La Uribe, Meta, en diciembre de 1990, operación que se denominó Casa Verde. Montoya coordinaba las labores de inteligencia de la operación y por eso el presidente César Gaviria, el 10 de marzo de 1991, lo condecoró tras exaltar el planeamiento, la dirección y la ejecución de las acciones por las tropas de la IV División del Ejército.

Luego comandó el Grupo Mecanizado Maza de Cúcuta, que tuvo que enfrentar la ofensiva guerrillera en el Catatumbo en 1992. Estuvo al mando de unidades como el Batallón de Inteligencia de Villavicencio, el Comando Operativo de El Bagre (en el bajo Cauca antioqueño), la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, el Comando Conjunto Caribe y la Brigada 18 en Arauca. También fue agregado militar en la Embajada de Colombia ante el Reino Unido, y en el año 2000 lideró el Batallón Antinarcóticos.

Hasta ese momento, la carrera del oficial parecía intachable. Pero Entre el 2001 y el 2003, cuando comandó la Cuarta Brigada en Antioquia, las cosas empezarían a cambiar.

Tuvo que afrontar una de las peores masacres guerrilleras, la de Bojayá en el 2002, cuando las FARC asesinaron a los civiles que se refugiaban de un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros. A Montoya le cayeron críticas por la presunta omisión del Ejército a la hora de proteger a la población civil, pero varios sobrevivientes lo señalaron de haber regresado al lugar acompañado por paramilitares. Tal denuncia no prosperó.

Pero si hay una operación que marcó su carrera fue Orión, en octubre del 2002. En la comuna 13 estaba el que era considerado el último bastión de las guerrillas urbanas del país, por eso el Ejército planeó la operación contra esas estructuras que hacían presencia en la zona desde los años 1990 para secuestrar, cobrar extorsiones, reclutar, desplazar y asesinar.

El operativo militar se desplegó entre el 16 y el 17 de octubre y según los reportes de prensa, 243 personas fueron arrestadas; de ellas, 29 fueron identificadas como ‘cabecillas de milicias urbanas’. Se decomisaron 20 fusiles, una subametralladora, dos carabinas con mira telescópica, dos escopetas, cuatro lanzagranadas de 40 milímetros, 50 kilos de explosivos, municiones y equipos de comunicación, y hasta se liberaron 72 personas secuestradas. El operativo fue todo un éxito, según el reporte oficial, pese a que dos soldados y dos oficiales murieron en las operaciones.

Pero la llamada pacificación de la Comuna 13, sin embargo, empezó a generar interrogantes respecto a los procedimientos del general Montoya. Según la Personería de Medellín, se realizaron innumerables capturas arbitrarias y detenciones selectivas de habitantes que posteriormente desaparecieron. Por si fuera poco, el jefe paramilitar ‘Don Berna’ confesó que Orión había sido desarrollado en conjunto con los paramilitares. Varias ONG denunciaron al general Montoya.

El 29 de marzo del 2003, Montoya comandó otra operación, denominada Mariscal, que significó una derrota para la guerrilla en el oriente antioqueño, pero según el Observatorio de Paz y Reconciliación de la región, el Ejército presentó como muertos en combate a 88 civiles.

Años después, en el 2007, por ese espinoso asunto, el senador demócrata Patrick Leahy vetó la entrega de 55 millones de dólares de ayuda al Ejército como parte del Plan Colombia.

En febrero del 2005, Montoya se desempeñaba como comandante de la Primera División del Ejército cuando se produjo una de las más dolorosas masacres, la de la comunidad de paz de San José de Apartadó, perpetrada por paramilitares, pero que según las investigaciones contó con la participación de miembros del Ejército. Se dice que Montoya viajó a la Brigada XVII, con sede en Carepa, a organizar las operaciones militares que atacarían supuestamente posiciones del Frente 5 de las FARC, pero que condujo a la masacre de cinco campesinos y seis menores de edad.

Estas sombras aparecieron desde marzo del 2006, cuando el presidente Álvaro Uribe lo nombró comandante del Ejército. En ese entonces, según se reveló posteriormente en los wikileaks, Montoya era visto por la embajada de Estados Unidos como un hombre fuerte. Sin embargo, el embajador William Wood advirtió de las denuncias en su contra por presuntas violaciones a los derechos humanos, basado en informes de agregados de Defensa de la embajada que reportaron su supuesta participación en el tráfico de drogas y operaciones de incautaciones con el fin de quedarse con los créditos y permitir la actividad ilegal. No obstante, en el cable, la embajada da cuenta de que no había pruebas.

Uno de sus primeros actos públicos como comandante de las tropas fue en Alvarado, Tolima, cuando estuvo presente en la falsa desmovilización del frente Cacique Gaitana. Por ese hecho, el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo fue sindicado, y en el exilio, palabras más palabras menos, señaló al entonces comandante del Ejército de haber organizado dicha desmovilización: “todos le dieron credibilidad. Yo no quería darle alto perfil al acto. El general Mario Montoya fue el que llevó a los periodistas. Lo único que a mí me tocaba era recibir el listado para verificar las identidades”.

El 2008 sería un año de luces y sombras. Luces porque en febrero participó de la operación Fénix, la misma que dio con el campamento de ‘Raúl Reyes’ en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. Era la primera vez que las Fuerzas Armadas daban con un cabecilla de la guerrilla. El número 2 de las FARC murió tras un bombardeo. En julio se llevó los laureles cuando descendió de un avión con Íngrid Betancourt, los tres contratistas estadounidenses y 11 uniformados que estaban secuestrados por las FARC.

Y es que a pesar de esos éxitos, en noviembre se destapó un escándalo de magnitud. Varios jóvenes de Soacha fueron reclutados y aparecieron muertos en Ocaña reseñados como guerrilleros muertos en combate. Es el capítulo de los ‘falsos positivos’. Por las denuncias fueron destituidos 27 militares, y Montoya presentó su renuncia ante el ministro Juan Manuel Santos y el presidente Uribe.

No cayó en desgracia, pues el propio Uribe lo envió de embajador de Colombia en República Dominicana. No duraría mucho tiempo en el cuerpo diplomático. La presión ejercida por congresistas y ONG condujo a que el presidente Juan Manuel Santos lo relevara.

En un mes, el 29 de abril, el general Montoya cumplirá 67 años. Es probable que no ocupe sus días en retiro recordando las decenas de condecoraciones que portó debajo de su escudo. Por estos días tendrá que alistar su defensa en los estrados judiciales y espantar las sombras que desde hace una década lo persiguen.