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“El Gobierno ha hecho hasta lo imposible para acabar con la paz”: Roy Barreras
El senador del Partido de la U, quien fuera negociador en la mesa de La Habana, hace un balance de los acuerdos de paz cuatro años después. A su manera de ver, los problemas de orden público obedecen a la intención del Gobierno de “hacer trizas la paz”
SEMANA: Usted fue negociador de los acuerdos de La Habana. Cumplidos 4 años de la firma, ¿Cuál es su balance?
Roy Barreras: El drama de la paz en Colombia es que el acuerdo que firmamos con las Farc para poner fin a un conflicto de más de medio siglo, quedó en manos de un gobierno que prometió hacerlo trizas. Por supuesto, con ese contexto, era muy difícil que la implementación funcionara. Sin embargo, lo que este gobierno si pudo hacer trizas fue la seguridad, que era su bandera. Además, por cuenta de la mentiras que confesó el gerente de la campaña del “No” en el plebiscito, el país terminó sumido en una profunda polarización. Se inventaron que íbamos a quitarles la pensión a los jubilados de Colombia, y hasta que si se firmaba el acuerdo terminaríamos volviendo homosexuales a los niños del país. Así, lograron su cometido de sacar a la gente a votar berraca. Eso nos obligó a regresar a La Habana y lo que poco se dice es que acogimos 99 de las propuesta de modificaciones de los entonces líderes del “No”, que hoy son el gobierno. Así, nos devolvieron a la doctrina del enemigo interno que hoy estamos padeciendo y por la que están matando a los ciudadanos.
SEMANA: ¿Pero qué es lo que según usted ha hecho el gobierno Duque para volver trizas los acuerdos?
R.B.: Lo primero fue hacer hasta lo imposible por acabar con la JEP, que era el corazón del acuerdo. Lo hacen, porque ese sistema fue concebido al rededor de la verdad para las víctimas. Esa verdad ha sido atacada porque los actores del conflicto no actuaban solos, sino que cumplían las órdenes de agentes políticos, impunes hoy y muchos ejerciendo aún el poder. Por eso le temen a la verdad. Eso se materializó en un primer año de gobierno perdido con las fracasadas objeciones. A pesar de esos ataques, la JEP, en el año y medio que realmente lleva funcionado ha producido más de 30.000 decisiones judiciales. Los ataques al corazón del acuerdo no se hicieron porque sí. La intención clara detrás de los mismos era la de estimular las disidencias de las Farc pues, para seguir vigente, el Centro Democrático necesitaba resucitar a su enemigo. Revuelven entonces al ELN, a las disidencias, a las bandas criminales, a los vándalos y hasta a la protesta social, en un nuevo enemigo que ellos llaman el “neocomunismo”.
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SEMANA: Eso de que el gobierno estimuló la aparición de las disidencias es un señalamiento bastante grave. ¿Para qué haría tal cosa el poder ejecutivo?
R.B.: Porque, en su lógica del discurso de la guerra, al gobierno le conviene esa situación. Ellos estimularon las disidencias tratando de destruir la seguridad jurídica del acuerdo. Pero además las estimularon incumpliendo con los proyectos productivos de los reincorporados y permitiendo que maten más de 220 excombatientes. No han sido capaces de parar la matanza. El punto de desarrollo rural integral no ha sido implementado. Ni siquiera se han presentado los proyectos necesarios para garantizar el acceso a la tierra de los campesinos que no la tienen. La reforma política tampoco han querido tramitarla. Las personas que dejaron las armas y se sometieron a la constitución y a la ley esperaban una democracia limpia en la que se arrancara de raíz el sistema político clientelar y corrupto. Eso tampoco ha pasado porque el gobierno no lo tiene en su agenda. Otra cosa que no puedo dejar de mencionar es la negación a las 16 curules para la víctimas. Hoy estamos a la espera de que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado nos den la razón para que las 16 zonas más lastimadas por el conflicto tengan derecho a una participación democrática auténtica.
SEMANA: Pero no se puede obviar el problema del narcotráfico. El gobierno le atribuye la situación de orden público al incremento de las hectáreas sembradas en coca y en el Centro Democrático señalan a Juan Manuel Santos como responsable. ¿Usted qué responde?
R.B.: Que mienten descaradamente. Que le muestren a los colombianos un solo renglón del acuerdo que firmamos que diga que se prohíbe la fumigación con glifosato. ¡Mienten!. La Corte Constitucional, en una decisión que yo celebro ha dicho, no que no se puede fumigar, sino que se tiene que tener precauciones ambientales para evitar el daño ecológico. Llevan dos años al mando y han sido incapaces de cumplir con las condiciones de la Corte. No fumigan con glifosato por ineptos y porque no han sido capaces de estructurar el sistema necesario para la aspersión aérea. No tienen listo nada. Por eso esa es una gran falsedad. En el debate que yo le hice al entonces ministro Botero afirmaron que habían erradicado 100.000 hectáreas, pero hoy seguimos con las mismas 200.000. Entonces, o mienten en las cifras de erradicación, o la resiembra está desbordada y la estrategia del gobierno es un fracaso.
SEMANA: ¿Es decir, usted no cree en el llamado “incentivo perverso” que se estructuró en el acuerdo y que terminó por disparar la siembra de coca?
R.B.: Yo creo que es muy fácil entregarle esa justificación al desastre de orden público que ha ocurrido. Permitir que se construya la tesis de que la masacre de Llano Verde en donde murieron cinco niños elevando cometa, o que diez jóvenes en Bogotá hayan sido acribillados a bala es por falta glifosato es ser ingenuos y ser cómplice de esa narrativa que elude la verdadera responsabilidad. Ese acuerdo que algunos llaman incentivo perverso, cosa que yo no comparto, implicaba que los campesinos, que son el eslabón más débil de la cadena, pudieran sustituir sus cultivos. La combinación de esa oferta del Estado junto con la disminución del precio del oro y las situaciones de las divisas en esos años hicieron que resultara muy atractivo firmar esos acuerdos. Pero los campesinos, como le digo, son el eslabón más débil de la cadena. ¿Dónde están las capturas de los grandes capos?. Ya vamos dos años de gobierno y no se ven los resultados. Los capos están felices con Duque, empezando porque los invitan a la posesión presidencial, como fue el caso del Ñeñe Hernandez. O hacen negocios con ellos como con Memo Fantasma. Están felices también porque el gobierno tiene a los soldados colombianos dedicados, no a perseguirlos, sino al oficio inútil de arrancar matas de coca.
SEMANA: Uno lo oye a hablar a usted y al consejero Emilio Archila y parece que vivieran en dos países distintos. ¿Cómo explica esa diferencia de diagnóstico tan marcada?
R.B.: Archila es un buen funcionario. Creo que cualquier gobierno quisiera tener a un hombre como él. A mí no me sorprende que el consejero defienda al gobierno del que hace parte. Sobre todo porque él ve apenas una pequeña parte de la ejecución que es la que él maneja. Es un funcionario que cumple su labor intensamente, incluso están sometido a grandes presiones internas. Sin embargo, la implementación del acuerdo es mucho más amplia. Pasa primero por el respeto a la vida de los reincorporados. Por supuesto, cosas como la reforma política o la protección de la vida de los líderes sociales son temas que van mucho más allá de la oficina del doctor Archila. Él no es el culpable de la doctrina del enemigo interno, ni de que chucen a periodistas y opositores del gobierno.
SEMANA: Los problema de orden público hoy son tantos que en la calle mucha gente cree que el tema de la Paz fue un cuento chino. ¿Usted que les responde?
R.B.: Que el gobierno Uribe-Duque ha hecho lo posible por acabar con La Paz. Basta con que miren las cifras de cuando se firmó el acuerdo y Colombia volvió a respirar con esperanza. El país multiplicó por cuatro las visitas de turistas extranjeros. Muchos colombianos volvieron a las carreteras y fueron a conocer sitios a los que antes no se podía ir. Los ciudadanos también sentían que se habían acabado los secuestros y las pescas milagrosas. Quiero recordar que nosotros no solo firmamos un acuerdo con las Farc sino que dejamos listo un cese al fuego con el ELN. El gobierno rompió esa mesa, lo que terminó en el acto barbárico y cobarde de la Bomba en la Escuela General Santander. Yo le pido a quienes creemos en la paz que aguantemos este año y medio que queda de desgobierno y busquemos que el próximo sea uno que crea en la paz, en las libertades y en la vida.
SEMANA: Usted culpa al gobierno de lo divino y de lo humano. Pero no puede negarse que la negación de la verdad por parte de algunos miembros de las FARC también ha sido un golpe muy duro para los acuerdos.
R.B.: Las Farc tienen que decir la verdad. No puedo dejar pasar esta oportunidad para resaltar la importancia de que eso ocurra y para exaltarlos a que lo hagan. Pero también tienen que decirla los militares, los paramilitares, los políticos que les dieron las órdenes y los otros actores del conflicto. Yo aquí no espero castigos para nadie. Lo que quiero es que se sepa la verdad para pasar la página y llegar al perdón, a la reconciliación y a la no repetición.
SEMANA: ¿Cómo se imagina el panorama de paz y conflicto en Colombia en los próximos 5 años?
R.B.: Hay que resistir este año y medio. Hay que proteger la paz, apoyarse en la comunidad internacional y buscar que se respete la vida de los firmantes, de los líderes sociales y ahora la de los ciudadanos a los que les están disparando en las calles. Hay que resistir para reiniciar una lógica en la que la solución dialogada a los conflictos sea la norma, en la que se fortalezcan las Fuerzas Militares, y en la que entonces, en condiciones de un Estado legítimo que no tenga influencia de los narcotraficantes en el gobierno, pueda reabrirse la posibilidad de construir una paz completa.