EL GRAN MISTERIO

El tema del golpe de Estado sur- ge de cuando en cuando en Colombia. Desde que se creó el Frente Nacional en 1958, a muchos presidentes les ha tocado su 'ruido de sables' pero nunca ha sucedido nada y el país, por el contrario, se ha convertido en un modelo de tradición civilista en el continente. El proceso 8.000 no podía ser la excepción histórica a esta regla. Los rumores de golpe siempre salen a flote en medio de las crisis políticas y el escándalo de la narcofinanciación de la última campaña presidencial ha sumido al país en la crisis más grave de los últimos 50 años. A pesar de esto pocos colombianos tenían ideas claras sobre cuánto 'ruido de sables' había tenido lugar desde que explotó el escándalo. El embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, dio el campanazo la semana pasada cuando, en una entrevista para el Noticiero 24 Horas, soltó como si nada que "varios civiles se acercaron a mí en el mes de agosto de 1995 para sugerir un golpe de Estado, un pequeño golpe, y en ese momento yo les dije a ellos plenamente que de ninguna manera, que se olvidaran, que si intentaban cualquier cosa de esa índole mi gobierno tomaría todas las medidas posibles para demostrar su posición". Frechette no dio nombres, pero dio pie a una ola de especulaciones sobre quiénes serían los 'golpistas', que se convirtió en el tema político obligado de la semana pasada. SEMANA ha hecho un intento por reconstruir los hechos a los cuales hizo alusión el embajador de Estados Unidos. Consultando múltiples fuentes en los organismos de inteligencia, en las Fuerzas Armadas y en el propio Congreso de la República, se ha podido llegar a algunas conclusiones sobre todo este episodio. Estas conclusiones no son muy específicas. En primer lugar porque prácticamente toda persona que estaba dispuesta a suministrar información lo hacía con la condición de no ser identificada. Igualmente muchas veces la exigencia era que no se mencionaran los nombres de los protagonistas. Por otra parte, durante el proceso 8.000 media Colombia 'ha conspirado', pero cada uno tiene una interpretación diferente del alcance de esta palabra. Para unos 'conspirar' es hablar mal del Presidente en los cocteles. Para otros es tratar de organizar una oposición articulada dentro de las normas constitucionales. Para otros es derrocar al Presidente a través de un golpe militar. Y para algunos grupos, como 'Dignidad por Colombia', conspirar incluye atentados terroristas y magnicidios. Todos esos grupos se han cruzado en una u otra forma durante los dos últimos años, por lo tanto no todos los presentes en una reunión específica comparten los mismos propósitos o le atribuyen la misma importancia a los mismos hechos. Muchos de los entrevistados por SEMANA afirman que desde que se publicó en el periódico El Tiempo la confesión de Santiago Medina quedó claro que en el país habían sucedido cosas muy graves y que iban a seguir sucediendo. El relato de cómo la candidatura presidencial triunfante había sido financiada en buena parte por la mafia creó en algunos sectores radicales la sensación de que el gobierno no tenía legitimidad. Si el origen del gobierno no era legítimo la forma de combatirlo tampoco tenía que serlo. A esta teoría se sumaron tanto grupos civiles como algunos grupos de oficiales de las Fuerzas Armadas. En la medida que las pruebas sobre la narcofinanciación fueron aumentando y que era evidente que el Presidente iba a ser exonerado por el Congreso las reuniones para discutir fórmulas radicales fueron intensificándose. Problema semántico Algunos de los participantes en estas reuniones reconocen abiertamente el espíritu que los inspiraba aunque no entran en detalles sobre las diversas fórmulas estudiadas. Alvaro Uribe Rueda, el dirigente liberal que ha jugado un papel activo en todo este proceso, señaló a SEMANA: "Yo considero que la vigencia de las instituciones dejó de existir en el país después de las últimas elecciones. El propósito de nuestro grupo no era por lo tanto derrocar la legitimidad sino por el contrario tratar de restablecer algún tipo de legitimidad que permitiera solucionar los problemas del país". Lo que él llama "nuestro grupo" era una serie de personajes prestantes que se reunieron más de una docena de veces durante el último año a buscarle salidas a la crisis. El número de personas variaba con cada reunión y se llevaban a cabo en lugares públicos como el Hotel Bogotá Royal o Casa Medina. A pesar de que en la agenda no se descartaban opciones extraconstitucionales, ninguno de los participantes consideraba las reuniones clandestinas. A esos encuentros asistían personajes como el periodista Ramiro de la Espriella, el historiador Hugo Mantilla y alvaristas como Felio Andrade y Diego Tovar. Algunas veces tenían invitados especiales, como el constitucionalista Luis Carlos Sáchica o el ex consejero Jesús Bejarano o el ex designado Víctor Mosquera, para tratar temas específicos. Por lo general los invitados se sentían menos conspiradores que los anfitriones. Como la justificación oficial de las reuniones era buscarle salidas a la crisis a nadie le parecía subversivo hablar de reformas constitucionales o negociaciones con la guerrilla, "para mí se trataba del intercambio natural de ideas que se presenta en cualquier crisis", afirmó a SEMANA Luis Carlos Sáchica. Eso mismo consideran los militares que se reunieron en ese grupo. En una ocasión lo hicieron con el general Hernando Camilo Zúñiga en el comando general de las Fuerzas Militares. Zuñiga, en entrevista con Juan Gossaín, dijo: "Alguna vez me visitó un grupo, no digamos de políticos, sino más que todo de esos estudiosos del acontecer nacional, porque así siempre he visto al doctor Felio Andrade, al doctor Alvaro Uribe Rueda. Me visitaron ellos dos y el doctor Hugo Mantilla y otros. Creo que entre ellos había un educador o por lo menos alguien vinculado a un centro docente". El hoy general en retiro explicó que en la reunión le plantearon la difícil situación política y la crisis por la que atravesaba el país. Agregó que en esa ocasión los visitantes no le dieron a entender ningún mensaje relacionado con el golpe de Estado. También se reunieron en otra ocasión con el general Luis Bernardo Urbina en un reservado del hotel Casa Medina. Al militar le dieron la baja por haber filtrado un casete en el cual Heine Mogollón supuestamente hablaba con el gerente de un banco. Todos los testimonios coinciden en que el general Harold Bedoya nunca dejó que le hablaran del tema del golpe. Igualmente todos coinciden en que el golpe tenía nombre propio: era para él. La primera reunión Si la conspiración de Alvaro Uribe Rueda y Ramiro de la Espriella, entre otros, era inofensiva, no se podía decir lo mismo de la que paralelamente comenzó a gestarse en algunos círculos muy cerrados del Ejército. Entre ellos había una gran preocupación por la crisis que afrontaba el gobierno de Ernesto Samper. Pero el hecho que terminó por rebosar la copa fue la decisión del fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso, cuando en abril 21 del año pasado abrió formalmente el proceso 8.000. Una semana después el pequeño grupo de oficiales, que conocía del inconformismo de algunos altos mandos del Ejército, decidió realizar una reunión en secreto en una de las suites de Residencias Tequendama en Bogotá. Durante tres horas discutieron el alcance y las consecuencias de la decisión tomada por Valdivieso y los efectos que produciría el proceso 8.000. Llegaron a varias conclusiones. Primero, que al presidente Samper le iba a quedar complicado sobrevivir a la crisis que se avecinaba porque ellos consideraban que existían pruebas suficientes para demostrar que la campaña presidencial había sido infiltrada por el cartel de Cali. Segundo, que el Ejército iba a estar en el ojo del huracán porque a los altos mandos de la institución, que por ese entonces ya mostraban cierta incomodidad con el Presidente, les iba a quedar muy difícil no respaldar al jefe del Estado. Durante los siguientes tres meses _mayo, junio y julio_ el grupo de militares efectuó numerosas reuniones en Residencias Tequendama, los hoteles Casa Medina y Bogotá Plaza y en apartamentos de algunas de las personas a las que les estaban pidiendo consejo. Una de las primeras personas que consultaron fue a Hugo Mantilla, un profesor de filosofía histórica y presidente de las academias Bolivariana y de Historia Naval. Fue juez de instrucción criminal y en 1970 fundó un núcleo juvenil denominado 'Patrismo'. Igualmente fue codirector del periódico El Frente. Colaborador incondicional del Ejército en la lucha contra la guerrilla, pues es propietario de algunas tierras en uno de los municipios más golpeados por la subversión como lo es Sabana de Torres, en el Magdalena Medio santandereano. Hugo Mantilla, detrás de bambalinas, ha sido uno de los personajes centrales de todos estos episodios; además de ser un ideólogo de la causa que ha servido de enlace entre los diferentes grupos de 'conspiradores'. A través de él se coordinaron reuniones con grupos de civiles como el de Alvaro Uribe. "En esas sesiones el tema de discusión siempre fue cómo evitar que el país se fuera a pique. La conclusión siempre fue la misma: había que salir del presidente Samper", dijo a SEMANA uno de los asistentes a esas reuniones.

El hombre indicado Las reuniones cada vez tenían lugar con mayor frecuencia. Para finales de julio y ante el agravamiento de la crisis del gobierno, los militares tenían en claro que si el alzamiento se abría paso éste tenía que ser liderado por un civil. Este civil tenía que reunir ciertas condiciones. Entre ellas que tuviera respetabilidad nacional, ascendencia sobre los militares, que el país le cupiera en la cabeza, que tuviera credibilidad frente a Estados Unidos y ante todo que fuera un hombre recto y honesto que sirviera de símbolo para una restauración moral. Esas características las cumplían muy pocos en Colombia. Después de analizar y de desechar varios nombres, el grupo de conspiradores encontró un nombre sobre el que hubo consenso rápidamente: el de Alvaro Gómez Hurtado. En esa reunión varios miembros del grupo de militares pidieron la palabra para expresar que había que buscar un mecanismo para hacerle saber al doctor Gómez su iniciativa, pues estaban seguros de que si le planteaban de frente encabezar un alzamiento militar éste lo rechazaría de plano. Si bien Alvaro Gómez desde las páginas editoriales de El Nuevo Siglo había sido inclemente contra el presidente Samper, otra cosa era pasar a los hechos. Todos estuvieron de acuerdo y decidieron que había que buscar una fórmula para abordarlo. A mediados de agosto se dio esa oportunidad. Mantilla, quien era el presidente de la Academia de Historia Naval, realizó una reunión académica en la sede de la entidad. A ella no sólo asistieron historiadores y profesores universitarios sino también varios de los militares que conformaban el grupo de inconformes, así como algunos de los civiles que se reunían con ellos. Ese día el invitado especial al acto de la Academia fue Alvaro Gómez Hurtado. Antes de iniciarse la ceremonia oficial, Gómez departió con los diferentes invitados que dialogaban animadamente en corrillos. El tono de las conversaciones era abiertamente antigobiernista y una y otra vez se hablaba de la urgencia de una salida. Gómez reiteró los puntos de vista expresados en sus editoriales de El Nuevo Siglo sobre la necesidad de cambiar el régimen. Aun así muchos de ellos se convencieron esa noche de que Gómez era la persona indicada para encabezar sus planes. La pregunta que seguía rondando era cómo, cuándo y en dónde le iban a plantear a Gómez su iniciativa. A finales de agosto organizaron una reunión social en la casa de descanso de uno de ellos en las afueras de Bogotá. Allí estuvieron militares y civiles. Y el invitado de honor fue Alvaro Gómez, quien estuvo acompañado de Pablo Victoria. Este es otro de los protagonistas desconocidos de la historia. Victoria es un hombre muy inteligente que cuenta con la confianza de las Fuerzas Armadas. Siempre ha sido muy cercano a ellos y tiene más conocimiento de los procesos mentales de los militares que de los civiles. Sus contactos van desde el general Harold Bedoya hasta la línea baja de la oficialidad con la cual intercambia opiniones frecuentemente. Victoria era un relativo desconocido para la opinión pública hasta su intervención en el juicio de Ernesto Samper, la cual fue considerada por muchos como la mejor. Pero dentro del Congreso sí se ha granjeado un prestigio como hombre de pantalones que no se pone con aguas tibias y que está dispuesto a asumir los riesgos de las posiciones que asume. Pablo Victoria, cercano a los militares, cercano a los Gómez Hurtado y cercano a los gremios económicos, fue tal vez la persona más buscada por todas las fuerzas que querían un interlocutor discreto sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Ese día Victoria llegó con Gómez a la reunión que, aunque planeada como un acto social, terminó por convertirse en un acto político de protesta. Cada quien expuso su punto de vista sobre la situación del país. En el calor de la discusión uno de los asistentes tomó la palabra y le dijo a Alvaro Gómez: ¿"Usted estaría dispuesto a encabezar un movimiento que permita la reconstrucción de Colombia"? Alvaro Gómez contestó con una disertación sobre la historia política del país. Secreto compartido Cuando finalizó la reunión el consenso de los conspiradores era que Gómez estaría dispuesto a jalarle al asunto. Entonces decidieron compartir su secreto con algunos altos mandos militares y ponerlos al tanto de las gestiones que habían hecho. A esa reunión solo asistieron algunos civiles. "Nos reunimos con el comandante de las Fuerzas Militares, general Camilo Zúñiga Chaparro, y le explicamos que era urgente buscarle una salida a la crisis del país. Nos cuidamos de no hablar de golpe de Estado, pero el general entendió que ese era el motivo de nuestra visita. Zúñiga nos respondió que si estábamos buscando una salida ésta estaba contenida en la Constitución", contó a SEMANA una de las personas que estuvo presente en la reunión. Esa misma inquietud se la plantearon a otros tres altos oficiales, quienes se mostraron un tanto escépticos pero no dejaron de mostrar su simpatía por la iniciativa. Uno de esos altos militares lo tomó muy en serio y decidió pedir una audiencia con el embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, para medir hasta dónde el gobierno norteamericano avalaría una salida no constitucional de Samper. En la reunión el militar le dijo a Frechette que algunas personalidades del país estaban pensando que la única salida a la crisis era darle un golpe de Estado a Samper. Acto seguido, el militar le aclaró al embajador que él creía que esa era una locura. Frechette, que es un hombre al que le gusta hablar claro y de frente, le contestó que su gobierno no avalaría bajo ningún punto de vista un alzamiento militar. Uno de los oficiales que tuvo conocimiento de esa reunión le comentó a SEMANA que Frechette había sacado de su escritorio la Constitución y le dijo: "General, la salida de Samper está aquí". Ni a los militares conspiradores ni a los civiles que alentaban el golpe les fue bien en esa oportunidad. La historia se regó como pólvora y llegó a los pasillos de la Casa de Nariño. SEMANA estableció en fuentes de Palacio que un general del Ejército pidió audiencia con el Presidente y le contó lo que estaba ocurriendo. Conscientes de que sus intenciones ya no eran secretas y que de ahora en adelante tenían que correr riesgos, el grupo de conspiradores de todas maneras siguió adelante. Pero con algunos cambios. Se amplió el número de militares y se redujo el de civiles. Cada vez que se reunían buscaban que Alvaro Gómez los acompañara. El dirigente político en algunas ocasiones asistió, pero a través de sus exposiciones dejaba entrever una posición neutral. El grupo de militares se enteró de que en los últimos días de septiembre llegaría a Colombia una delegación de militares peruanos para participar en una reunión binacional con el Ejército colombiano, en la que serían revisados los convenios de cooperación entre los dos países. Entonces se dieron a la tarea de averiguar de quiénes se trataba. Días después descubrieron que entre los invitados había por lo menos cuatro oficiales que asesoraron al presidente de Perú, Alberto Fujimori, cuando éste decidió cerrar el Congreso de ese país. Tres de los militares conspiradores quedaron encargados de contactar a los peruanos en el Club Militar, donde se iban a hospedar. SEMANA estableció que hubo cuatro reuniones y en ellas los peruanos relataron sus experiencias durante el 'fujimorazo'. Les explicaron la manera como manejaron la prensa nacional e internacional y la imagen que proyectaron de las Fuerzas Armadas así como la de Fujimori. La hora cero Con esta información un grupo de oficiales radicales en compañía de algunos civiles decidieron concretar sus planes. Esas reuniones las llevaron a cabo en un apartamento situado muy cerca de Unicentro, al norte de Bogotá. Lo primero que acordaron fue la fecha, que sería el sábado 11 de noviembre y la hora sería las dos de la mañana. Le pusieron un término fijo al alzamiento de 60 días. Tan pronto el golpe fuera dado se le ofrecería a Alvaro Gómez encabezar una junta cívico-militar de seis personas en la que sólo estaría un militar. Sobre los otros cuatro integrantes restantes los oficiales barajaron múltiples nombres encabezados por el de Pablo Victoria quien, según ellos, contaría con aceptación de los estamentos civil y militar. Establecieron como sede de ese gobierno provisional a la ciudad de Cartagena. Diseñaron una lista del posible gabinete, en el que curiosamente el ministro de Defensa sería un civil. Y entre los nombres que consideraron para ese cargo estaba el del ex consejero para la Paz, Jesús Antonio Bejarano. "Decidimos hacer una lista de ministros civiles porque llegamos a la conclusión de que no había suficientes militares preparados para ocupar esas carteras", señaló uno de los militares. Bejarano, interrogado por SEMANA sobre el particular, confirmó el ofrecimiento, aclarando que lo descartó de plano por considerarlo absurdo. Se abstuvo de suministrar cualquier detalle sobre las personas que lo buscaron para hacerle la propuesta. Para neutralizar cualquier reacción negativa del gobierno de Estados Unidos tomaron una decisión audaz. Seis horas después de haber dado el golpe serían extraditados los cabecillas del cartel de Cali. Inmediatamente después se le explicarían a ese gobierno las razones del golpe y del compromiso de que vencido el término de 60 días el país regresaría a los cauces constitucionales. Una de las preocupaciones que tenían era la posibilidad de que los civiles escogidos se opusieran a la extradición, pues Gómez participó en la Constituyente donde se había abolido la misma y no se podía confiar en que se le podía imponer ese criterio a los otros civiles de la junta. Otra iniciativa que se discutió fue sobre cómo obtener rápidamente el respaldo de los empresarios. La fórmula escogida fue citar a todos los gremios el día después del golpe y ofrecer una rebaja de impuestos para reactivar la economía. En cuanto a los medios de comunicación, la idea era mantener la libertad de prensa, pues consideraban que el espíritu crítico de la mayoría de los periodistas frente a la narcofinanciación de la campaña le daría una relativa neutralidad por parte de estos a la salida 'extraconstitucional'. En todo caso los militares involucrados coincidieron en que un golpe de Estado con cierre de medios de comunicación desembocaría en una situación inmanejable. Todas estas cosas se estaban discutiendo para ser puestas en práctica el 11 de noviembre del año pasado. El 2 de ese mes fue asesinado Alvaro Gómez Hurtado y el proyecto quedó en el aire. Nadie sabe quién mató a Gómez. Sin embargo, con la excepción de su hermano Enrique, todas las fuentes consultadas por SEMANA coinciden de que su muerte está relacionada con los hechos anteriormente descritos. Unos afirman que fue asesinado por prestar su nombre a la conspiración. Otros por exactamente lo contrario: por negarse a prestarlo. El enigma subsiste. Otro interrogante que no está totalmente claro es por qué el embajador Frechette hizo las declaraciones sobre el golpe la semana pasada. No es posible que una información tan explosiva pudiera haber sido hecha pública de manera accidental. Tuvo que haber sido consultada y aprobada por el Departamento de Estado. Es probable, inclusive, que la razón para haber concedido la entrevista fuera simplemente para mencionar ese punto. El decano de los politólogos colombianos, Fernando Cepeda, considera que "detrás de las declaraciones de Frechette hay una intención de clarificar una posición. El ambiente de golpe de Estado sólo ha podido prosperar en Colombia porque los Estados Unidos deslegitimizaron las dos instituciones más importantes, cuyo origen es el voto popular: la Presidencia y el Congreso. La posición del Departamento de Estado sobre la elección de Samper y sobre su absolución por parte del Congreso deja sin piso tanto al uno como al otro". Cepeda opina que en esas circunstancias Estados Unidos se exponía a ser responsabilizado en la eventualidad de un golpe de Estado. Eso no le interesaba y las declaraciones de Frechette tendrían por objeto lavarse las manos por anticipado de esta responsabilidad. Al dejar en claro que Washington no le jalaba al golpe, le estaba enviando un mensaje muy claro a presentes y futuros golpistas. Es indudable que el mensaje llegó. Los golpes de Estado son como las devaluaciones. Solo se pueden hacer si no se anuncian. Después de las declaraciones del embajador norteamericano se ha hablado tanto en Colombia de golpe que lo único que es seguro es que ya no va a haber uno.