Poder tener un arma de fuego: la polémica propuesta de María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, desató una gran polémica esta semana cuando propuso que la alternativa para enfrentar los problemas de inseguridad en el país es que a los ciudadanos se les permita el porte de armas de fuego. Su idea fue más allá y por eso radicó un proyecto de ley junto con el representante Cristian Garcés, también de ese partido político. ¿Tendrá futuro su iniciativa? ¿Es una buena idea que cualquier colombiano pueda portar un arma?

Las reacciones, en su mayoría, apuntan a que dichos permisos generan más violencia. Hay quienes afirman, además, que eso implica reconocer que el Estado fracasó a la hora de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Pese a ello, la senadora Cabal busca avanzar en su proyecto. Asegura que en el Gobierno de Juan Manuel Santos, en 2015, se expidió un decreto que prohibió el porte ilegal de armas. Según la congresista, esto disminuyó los permisos, pasando de 407.421 personas que portaban armas ese año a 6.827 en 2016. Hoy se registran 8.100. Cabal cuestionó que Duque haya decidido prorrogar esa norma.

La polémica subió de tono cuando el Gobierno rechazó el plan de Cabal. El consejero para la Seguridad, Rafael Guarín, dijo no estar de acuerdo con la senadora. Y el propio expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, rechazó la propuesta. “Entiendo la postura del presidente Uribe, termina inclinándose en favor del presidente Duque, pero también quiero recordarle al presidente Uribe que él hizo uso del decreto que permitía mucha más flexibilidad”, le dijo Cabal a SEMANA.

Más allá de la controversia política, el debate por el uso de las armas de fuego viene de tiempo atrás. En enero de 2019, por ejemplo, el Fondo Ganadero del Cesar le pidió al Gobierno que permitiera el porte de armas para que sus afiliados se pudieran defender de la delincuencia, el robo del ganado, las extorsiones y los secuestros. Esa propuesta, como era de esperarse, no tuvo eco.

En otros momentos de la historia del país sí se dio vía libre a que los ciudadanos contribuyeran por su cuenta a la seguridad. Fue en 1965, durante el Gobierno de Guillermo León Valencia, cuando el entonces presidente radicó un decreto que reguló el porte de armas. Hasta entonces, el monopolio solo estaba en manos de las fuerzas del Estado.

En aquel momento se estableció que los colombianos estaban obligados a participar en la defensa nacional cuando se requiriera, y que las armas, consideradas como una exclusividad de las Fuerzas Armadas, podrían ampararse mediante comandos autorizados. Para algunos analistas, esto dio paso, unos años después, a la conformación de grupos paramilitares y a un incremento en la violencia en las regiones. Solo fue hasta la presidencia de Virgilio Barco que se decretó una política más prohibicionista, que se mantiene vigente hasta hoy.

Cabal ha dicho en su propuesta que las armas reguladas solo serían las de bajo calibre, como un revólver o una pistola. Por ejemplo, no se permitiría el porte de fusiles, que seguirían siendo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Aun así, el debate despierta miedo frente al panorama de una sociedad permisiva con las armas. Algunos dicen que no se atreverían a portarlas, o que no se les pasaría por la mente usarlas. Para otros significa un riesgo mayor en la eventualidad de que un delincuente las use en contra de quien la carga. Hay quienes simplemente no se sienten seguros sabiendo que sus vecinos pueden estar armados.

Otros creen que esto puede desatar problemas serios como los suicidios, las balas perdidas o los tiroteos en los que mueren inocentes, como ocurre en Estados Unidos. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El que se va a suicidar se suicida, con o sin arma, no creo que eso sea un óbice. Creo que ese es otro problema distinto a tener acceso al porte. No veo cómo se mezcla”, responde Cabal.

Uno de los principales argumentos de la congresista, y de quienes apoyan una regulación, es que el delincuente, al saber que las personas pueden estar armadas, va a dudar si comete el delito. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que esta relación no es del todo cierta.

En Estados Unidos, entre 2000 y 2010, más de 20 estados aprobaron una ley conocida con el nombre de Castle Doctrine, que permite el porte de armas por parte de los ciudadanos. El principal argumento fue la defensa personal contra la criminalidad. “Los resultados indican que las armas no disuaden el robo o el asalto con agravantes. En contraste, conducen a un aumento neto estadísticamente significativo de 8 por ciento en el número de asesinatos reportados y homicidios no negligentes”, fue la conclusión del estudio de los investigadores Cheng Cheng y Mark Hoekstra para la Universidad de Wisconsin, en 2013.

En Colombia hay pocos estudios sobre el tema. Uno de los más recientes fue publicado en 2010 por los economistas Katherine Aguirre y Jorge Restrepo. Allí señalan que se debería establecer un nuevo marco regulatorio, ya que los niveles de violencia por cuenta de las armas son elevados. En el estudio también se reflejaron otros problemas, entre ellos, que una de las poblaciones más afectadas con la violencia armada son los jóvenes, especialmente a partir de los 14 años de edad.

En el lado opuesto, el economista John Lott ha dicho que mientras más ciudadanía armada haya se reducirá en mayor medida la criminalidad. Sin embargo, sus estudios han sido fuertemente controvertidos con otras investigaciones más recientes.

La senadora del Centro Democrático también presenta algunas evidencias en su proyecto. Según dice, el Índice de Paz Global establece que los países más seguros son los que tienen los mayores indicadores de posesión de armas de fuego, como Islandia, Nueva Zelanda o Portugal. También referencia en el caso latinoamericano a Isaac Brawerman, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas, quien dice que han estudiado las leyes de armas en otros países del mundo, y los índices de violencia se disparan en donde se prohibió el derecho a portarlas, una tesis similar a la de Lott.

“Legalizar la tenencia de las armas solo aumenta la violencia. Estados Unidos, que permite dicha tenencia, tiene 5,5 homicidios por 100.000 habitantes, de lejos la tasa más alta de los países avanzados. Mientras que Canadá, al lado, donde se prohíbe la tenencia, es de 1,8. Por el contrario, hay que sancionar más efectiva y drásticamente la posesión ilegal de armas”, dijo el exalcalde Enrique Peñalosa en medio del debate. En Canadá se tomó la decisión de prohibir la comercialización y el uso de miles de tipos de armas de fuego luego de que se presentó un tiroteo que dejó 22 muertos el año pasado.

El concejal de Bogotá Julián Espinosa denunció el jueves que luego de dar un debate sobre este tema en televisión, fue amenazado en redes sociales. Un usuario a favor de la regulación le dijo, con palabras soeces, que lo iba a matar con un arma de fuego por sus declaraciones. “Mi mayor preocupación es la integridad de mi familia”, dijo Espinosa.

El proyecto en el Congreso no tiene mucho respaldo, pero Cabal asegura que en voz baja varios de sus colegas apoyan la iniciativa. Aun así, el senador Rodrigo Lara ya presentó una propuesta para contrarrestar la idea de Cabal.

El debate se da en medio de la creciente inseguridad que se vive particularmente en Bogotá. Pero cualquier solución no puede abrir la puerta para que aumenten las muertes violentas ni que se fomente la justicia por mano propia. Lo que se necesita, en el caso de la capital del país, es un trabajo más articulado de la Alcaldía con la Policía para combatir la delincuencia.