¿El hacker Sepúlveda trabajaba para la Policía?

Desde su captura a mediados del 2014, la participación de Andrés Sepúlveda en la pugna por la Presidencia y en el proceso de paz ha pasado por todos los matices. Primero, fue presentado como asesor de publicidad de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, después, como un hacker contratado para entorpecer el proceso de paz, y ahora es señalado como ejecutor de labores de inteligencia de la Policía.

Así lo dijeron dos testigos entrevistados por la Corte Suprema de Justicia, dentro de la indagación previa que enfrenta el expresidente senador opositor Álvaro Uribe Vélez por la supuesta interceptación a las comunicaciones electrónicas de los negociadores de La Habana (Cuba).

Las diligencias, que estuvieron a cargo de la magistrada auxiliar Sandra Lucía Yepes, se produjeron entre el 15 y el 20 de mayo del 2015. Los declarantes explicaron cómo, casi que por azar, llegaron a conocer de la supuesta filtración de la información que manejaban los negociadores de paz y relataron la manera como intervenía el supuesto ‘hacker’ Sepúlveda.

El primero en pasar al banquillo fue el agente de inteligencia Wilson Leonardo Torres, que había logrado destacarse en tareas de contrainteligencia cuando era suboficial activo del Ejército.

Por eso, desde el 2013 sus superiores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) le asignaron la misión de establecer posibles enlaces políticos de las FARC y el ELN en organizaciones civiles y universidades. Lo haría, principalmente, a través de entrevistas a desmovilizados.

En cumplimiento de esa misión conoció a Andrés Sepúlveda. Lo hizo porque el sargento segundo Rodríguez, enlace de la Brigada 12, se refirió al ‘hacker’ como un ingeniero de la Policía que tenía información importante sobre el Partido Comunista Clandestino (PC3) en Bogotá, del que se dice es el principal brazo político de las FARC.

La primera vez que se reunió con este supuesto hacker, se vieron en el Café Jurídico, en el centro de Bogotá. Según él, Sepúlveda le habló de una guerrillera con el alias de la ‘Negra’, que sería el enlace entre el frente 14 de las FARC y el PC3 en la capital.

Además, el experto informático le mostró información sobre el paro agrario que por ese entonces estaban protagonizando algunos campesinos en las carreteras del país. Al final, dijo en el testimonio, él le pidió una colaboración económica para movilizarse, por lo que decidió entregarle 50.000 pesos.

En un segundo encuentro que tuvo lugar en el mismo sitio concretaron una reunión con la presunta insurgente -la ‘Negra’- en la plazoleta de la Universidad del Rosario. Una vez se produjo el diálogo, ella misma dijo ser ejecutora de una misión en la que recogería unos camuflados.

Supuestamente, había recibido órdenes de recogerlos en Bosa para llevarlos a Florencia (Caquetá). La información parecía tan valiosa, que dio lugar a un operativo en la terminal de transportes de la capital, pero la supuesta líder rebelde nunca llegó, lo que hizo infructuosa la filtración de la información.

A pesar de ese paso en falso, siguieron los contactos en los que parecía hacerse evidente que su nueva fuente si era Policía. Sepúlveda volvió a llamarlo a partir de febrero del 2014, según afirmó Torres.

Dijo que por esa época conoció su oficina en el Parque de la 93, en la que trabajaban 15 o 16 personas, incluidas Rafael Revert, un ciudadano español que llegó al caso por casualidad y terminó develando el escándalo.

En uno de esos encuentros, dijo, su fuente le dejó saber que tenía información proveniente del proceso de paz de La Habana. Ahí le enseñó correos que habrían sido interceptados a los negociadores en los que aparecía una fotografía de un supuesto guerrillero identificado como ‘Boris‘.

La información, que parece haber sido verídica, ya había llegado antes a oídos del DNI. Eso llevó a pensar a los superiores de Torres que Sepúlveda era un traficante de información. Ahí le ordenaron cortar contacto con él, meses antes de la captura del supuesto experto infirmático y la suya, por espionaje, cohecho propio y violación de datos personales.

El otro enlace

Un segundo agente de inteligencia fue entrevistado por la Corte Suprema. Como el anterior, relacionó a Andrés Sepúlveda con tareas de inteligencia asignadas por la Policía.

En medio de denuncias por serias amenazas contra su vida (de ahí que nos abstengamos de recordar su identidad), el testigo dejó ver que llegó a esta historia por caprichos del azar. Dice que conoció al hacker en el 2011, cuando lo invitó a hacer parte de un conversatorio sobre seguridad de datos.

Dijo que en febrero del 2014 el propio Sepúlveda dijo trabajar en actividades de inteligencia de la Policía y le enseñó todo un catálogo de información sobre las FARC y hasta le ofreció trabajo. Ahí salió a la luz el nombre del españlo Rafael Revert, quien fue la persona que el declarante le recomendó al hacker para que laborara con él.

Sin quererlo, el amigo del declarante terminó destapando el escándalo. Al darse cuenta de que Sepúlveda no sólo se encargaba de catapultar a Óscar Iván Zuluaga en las encuestas de cara a la Presidencia, temió que la información delicada que tenía el supuesto hacker sobre la guerrilla y los negociadores de paz lo metieran en problemas con la justicia.

El testigo dijo que desde el principio su amigo quiso denunciar al supuesto experto informático. Aunque se inhibió de acudir a la Policía por los vínculos aparentemente verificables de Sepúlveda con esa entidad, decidió recopilar videos, discos duros e infinidad de bases de datos sobre las FARC que se almacenaban en la oficina, para explicarle a la Fiscalía lo que en realidad estaba ocurriendo.

Ahora que estos dos declarantes han coincidido en afirmar que órganos de inteligencia militar habían identificado a Sepúlveda como integrante o colaborador de la Policía, la buena noticia para el senador Álvaro Uribe es que ninguno de ellos lo identifica como cómplice de este supuesto intento por torpedear el proceso de paz.

A partir de estos y otros elementos de prueba, la Corte Suprema deberá decidir en los próximos días si abre o no una investigación penal formal contra el congresista a quien algunos de sus contradictores señalaron de ser el probable gestor del complot, habida cuenta de la información de reserva del proceso a la que parecía tener acceso.