Judicial
El Hombre Marlboro intentó tumbar en Estados Unidos la condena por narcotráfico. ¿Qué le respondieron las autoridades?
Samuel Santander Lopesierra anunció recientemente su candidatura a la Alcaldía de Maicao, en La Guajira. La legislación colombiana impide que alguien con antecedentes judiciales pueda aspirar a un cargo de elección popular.
En los últimos meses volvió a aparecer en la escena pública nacional el nombre de Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, más conocido como El Hombre Marlboro, quien cumplió una larga condena por tráfico de drogas en los Estados Unidos, y anunció con bombos y platillos su aspiración a la Alcaldía de Maicao, en La Guajira, para las elecciones que se adelantarán en el mes de octubre.
Pese a sus antecedentes judiciales, Lopesierra, de 63 años de edad, cuenta con un considerable apoyo en sus aspiraciones políticas. La candidatura fue lanzada al mismo tiempo que se le llamaba para que declarara en la investigación penal y disciplinaria que se adelanta en contra del actual diputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos.
Como lo reveló Day Vásquez en entrevista exclusiva con SEMANA, el Hombre Marlboro —quien irónicamente también fue mencionado en el proceso 8.000 durante la presidencia de Ernesto Samper— habría entregado 600 millones de pesos en efectivo a Petro Burgos a mediados del año 2022. Sin embargo, este dinero nunca habría llegado a las arcas de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Mientras Lopesierra continúa con su campaña política, el interrogante sobre la validez de su candidatura sigue vigente. La Constitución Política y la ley señalan claramente que una persona con antecedentes judiciales por delitos relacionados con el tráfico de drogas no pueden presentarse a cargos de elección popular.
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Recientemente se conoció que estando cumpliendo su sentencia de 25 años de prisión por narcotráfico, presentó un recurso para anular el proceso alegando una violación al debido proceso por demoras en la etapa de juicio y una privación injusta de su libertad.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia concluyó que no se había presentado la vulneración alegada y rechazó los argumentos expuestos. En el análisis de la petición también se manifestó en que no se comprobó que el juez que estuvo al frente de sus procesos emitiera algún tipo de presión sobre los miembros del jurado para que llegaran a un veredicto unánime de culpabilidad.
En la actualidad, el despacho del magistrado Álvaro Hernán Prada del Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia una demanda presentada contra el aval que recibió Lopesierra y su Movimiento Alternativo Independiente (MAI) y por medio del cual inscribió ante la Registraduría su candidatura con 63.825 firmas.
Varias voces conocedoras coinciden en que lo más probable es que Lopesierra esté inhabilitado para aspirar a cargos de elección popular y que es poco probable que su nombre esté en el tarjetón en el mes de octubre.
Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, explicó en SEMANA las razones por las que puede caerse la candidatura del exnarcotraficante.
“El artículo 122 de la Constitución establece que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con el narcotráfico en Colombia o en el exterior. Lo que dice la Constitución es claro”, expresó el exmagistrado en conversación con este medio.
Sin embargo, los abogados de Lopesierra pueden revisar si existe un acuerdo bilateral que dé vigencia a las sentencias de Estados Unidos, con el fin de probar si tiene efectos jurídicos en Colombia.
“A pesar de esto, la norma constitucional es clara. Una persona condenada a cierto tipo de delitos, entre ellos el narcotráfico, no puede aspirar a un cargo de elección popular en Colombia y tampoco inscribirse”, agregó el exmagistrado Novoa.
El CNE, según Novoa, entrará a revisar la inscripción de su candidatura cuando se cierre el periodo de inscripciones, el próximo 29 de julio. “Viene una etapa habilitada para la revocatoria de la inscripción de candidaturas cuando están inhabilitados, donde habrá discusión sobre el tema”, dijo.
