Nación
“El ICBF no está desfinanciado”, director (e) Gustavo Martínez
Sin embargo, admitió que algunos proyectos como la renovación de equipos en las unidades de servicio se verían afectados con la reducción en el Presupuesto General de la Nación.
El director (e) del Instituto de Bienestar Familiar, Gustavo Martínez Perdomo, aseguró que los servicios de esa entidad no están en riesgo pese a la reducción en las partidas incluidas en el proyecto del Presupuesto General de la Nación que estudia el Congreso de la República.
El funcionario dijo ante la Comisión VII de la Cámara de Representantes que esa entidad no se encuentra desfinanciada y que, incluso, para 2023 su presupuesto incrementó.
Sin embargo, el funcionario hizo un llamado para que se asignen otros 461.000 millones de pesos al presupuesto del próximo año, que permitirán fortalecer los servicios para la atención a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias.
Indicó que los servicios que brinda el ICBF no están en riesgo con el presupuesto que le fue asignado por 8,5 billones de pesos para 2023, pero como se hace todos los años, se realiza la gestión para la consecución de recursos adicionales que permitan garantizar el bienestar y protección de la población más vulnerable.
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“El Instituto, iniciando la consolidación del anteproyecto de presupuesto que fue presentado al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Hacienda, solicitó 8,9 billones de pesos. Este trámite se concluyó de acuerdo los tiempos establecidos en la normatividad vigente a 31 de mayo”, señaló.
Explicó que, posteriormente, el DNP les notificó que el presupuesto asignado fue de 8,5 billones de pesos frente a los 8,9 billones que había solicitado la entidad.
“Evidentemente, acá hay una diferencia que se había planeado para algunas actividades que son fundamentales para poder mejorar y fortalecer algunos servicios del instituto”, dijo.
El funcionario insistió en que pese a esa reducción no se ponen en riesgo los servicios de la entidad, tras advertir que se harán las gestiones para que las partidas no aprobadas sean incluidas en el proyecto que debate el legislativo.
“No significa lo anterior que esos 460 mil millones de pesos que no se asignaron en un primer momento no se puedan conseguir o que se ponga en riesgo los servicios del instituto”, enfatizó.
Programas pendientes
Martínez Perdomo indicó que con esos recursos se adelantarían algunos programas, como ampliación de cobertura en la dirección de familias y comunidades y en la dirección de infancia, en el fortalecimiento de la infraestructura de la entidad para mantenimiento y en la reposición de las dotaciones que da el instituto a las unidades de servicio en primera infancia.
“Esas dotaciones deben actualizarse cada cierto tiempo y hace un poco más de cinco años no hemos podido, como instituto, hacer esta renovación de equipos de las diferentes unidades de servicio”, explicó.
Añadió que “esos equipos básicamente son todo el menaje de una cocina, todos los electrodomésticos y todo lo que tiene que ver con mesas, sillas para los niños que van a los jardines y a todas las unidades de servicio”.
“Entonces ese recurso es fundamental para hacer una renovación que requiere y que garantizaría una mejor prestación del servicio y una garantía a todos los derechos de los niños”, puntualizó.
El proyecto de presupuesto avanza en el Congreso de la República y el gobierno del presidente Gustavo Petro espera que este se aumentará en al menos diez billones de pesos, ocho billones de los cuales serían para el rubro de inversión.
Aunque la iniciativa fue presentada por la anterior administración, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, espera que pueda ser modificado, ya que la inversión, que es una de las prioritarias para sacar adelante el programa propuesto por el nuevo gobierno, fue reducido en 10 % en comparación con la vigencia actual (2022).
Las modificaciones a la iniciativa deben ser presentadas al Congreso de la República antes del 15 de septiembre.
Según Ocampo, los recursos previstos no alcanzan para las tareas que tienen pendientes en el gobierno de Petro. La primera de ellas es la seguridad alimentaria, la cual se da la mano con la segunda, que es la del fomento a la producción agropecuaria.