El ICBF responde a demoras en alimentación para la infancia de La Guajira: “No se han detenido los programas”

SEMANA: Hay madres que aseguran que no han recibido las ayudas del ICBF desde el 14 de diciembre. De los 95.000 niños que atiende el Instituto en la región, ¿cuántos han sido atendidos en 2024?

Astrid Cáceres (A. C.): El año pasado aseguramos que con vigencias futuras podíamos mantener el programa de Hogares Comunitarios, porque son los niños más vulnerables y los 604 hogares están atendidos desde las primeras semanas de enero.

SEMANA: ¿Cuántos tiempos de comida tienen esos Hogares Comunitarios?

A. C.: Los hogares y las madres atienden entre 16 y 20 niños con los tres tiempos de comida. Además de esta, tenemos otras modalidades como los Centros de Recuperación Nutricional y las Unidades Móviles que se han mantenido activas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en este período se contratan los grandes servicios de primera infancia, que no son los únicos servicios, y esos grandes contratos de primera infancia usualmente arrancan en las dos primeras semanas de febrero. Pero no es que se detengan todos los programas.

SEMANA: En números, ¿eso quiere decir que cuántos niños ya han sido atendidos en 2024?

A. C.: A través de lo que es primera infancia en la zona Guajira más crítica 20.000 familias, porque ya no hablamos solo de los niños, sino también de sus familias. A través de hogares comunitarios, estamos hablando de 8.000 niños y de otras iniciativas unos 2.000 niños. Además, con las Unidades Móviles cada vez es diferente la cifra porque se va reportando cada día.

SEMANA: Eso quiere decir que si tomamos los 95.000 que son el público objetivo, ¿podemos decir que ya hay 30.000 niños recibiendo atención en este 2024?

A. C.: Sí. Y el otro escenario es que este lunes ya salen a firma 37.000 familias más con 1.000 comunidades más. Ese día abrimos invitaciones a las fundaciones.

SEMANA: El Instituto hablaba de tres fases de contratos. ¿Cuál es la que inicia el lunes?

A. C.: Es la tercera. Nuestra idea no es contratar solo fundaciones que trabajen con niños, sino con comunidades completas en La Guajira. Ahora en la última fase sí entran las asociaciones externas. Entonces lo que se está extrañando es la forma en que contratábamos, supuestamente rápido, pero de licitación cerrada.

Dentro de los cambios de contratación hicimos que la participación sea pública en Secop porque antes se hacía una invitación cerrada a determinados operadores a través de un proceso cerrado. Ahora las invitaciones son públicas y se pueden presentar las propias asociaciones guajiras.

SEMANA: ¿La decisión anunciada por el Gobierno desde el año pasado de cambiar la modalidad contratación fue la que generó las demoras que denuncian las comunidades para la llegada de programas de alimentos?

A. C.: No, porque nosotros empezamos a contratar desde el año pasado. La demora tiene que ver con la participación ciudadana en el control porque nos han llegado cualquier cantidad de denuncias o de que se falsificaron documentos, o de que se disfrazaron, y las hemos estudiado a fondo. Tenemos un equipo con control de Procuraduría que nos permite verificar esas denuncias. Entonces, hasta que ya recibimos la última, pudimos hacer una verificación.

SEMANA: Las personas de La Guajira están ansiosas por las fechas en las que llegarán los programas. ¿Para qué fecha estas 95.000 familias van a recibir los apoyos que tenían habitualmente?

A. C.: Nosotros esperamos tener ya lo último que falta, porque esto no ha parado. Esto ha sido una máquina, bueno, incluso, ahí tengo que contar un apartado también. Esta máquina termina todo esto el 15 de febrero, lo que es administrativo y jurídico. Y ya arranca, pues, en forma con todo lo que nos hiciera falta. Debo apuntar que esperábamos tener algunas cosas rápidamente, pero encontramos una resistencia por procesos de ‘microcorrupción’ de manejos económicos de las mismas comunidades o de funcionarios a los que tuvimos que abrirles investigaciones.

SEMANA: ¿Esto tiene que ver con la salida de los directores regionales?

A. C.: No. La intervención tiene que ver con que quitamos la ordenación del gasto, las uniones de Bogotá y el control jurídico de Bogotá. Porque aquí se nos demoraron muchas cosas porque pagaban, por agilizar un papel, o porque simplemente no querían que saliera la nueva forma de contratación con invitaciones públicas, entre otras cosas.