El informe forense de las carpetas secretas

El pasado cuatro de mayo, tres días después que SEMANA reveló el espionaje de inteligencia militar a decenas de personas, entre ellos periodistas, ong, funcionarios del gobierno y militares, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana recibió un informe bomba. Cinco meses antes ella allanó el batallón de Ciberinteligencia -Bacib- una unidad clave del Ejército, en donde incautó decenas de usb, discos duros, computadores y celulares, entre otros. En esos dispositivos estaba parte de las pruebas de uno de los mayores escándalos de los últimos años.

Desde hace pocos días, la funcionaria está en el ojo de huracán por cuenta de los cuestionamientos que han recaído sobre ella por haber compulsado copia de las pruebas a la Fiscalía y Procuraduría sólo cuando estalló el escándalo. Por encima de esto, el informe contiene datos clave que, forensemente, ratifican lo denunciado por esta revista. Incluso va más allá.

En 62 páginas, el informe forense detalló los hallazgos de un allanamiento hecho al batallón el pasado 18 de diciembre. Diez discos duros, doce memorias USB, cinco equipos movibles, 8 SimCard, 210 DVD y 108 CD son algunos de los elementos electrónicos que dejan en evidencia actuaciones non sanctas en esta unidad militar, que ahora está bajo el escrutinio de la Fiscalía, la Corte y la Procuraduría. 

En otro informe -elaborado por la Dijín, que también apoyó a la Corte- se encontró algo que ya había sido revelado por SEMANA en el artículo Chuzadas sin Cuartel. Se trata de los chats entre integrantes del Batallón, en los cuales se ponen de acuerdo para borrar discos duros ante la inminencia de un allanamiento. Estos son algunos de los puntos claves de esa inspección ordenada por la Corte.

LOS CHATS: Los militares ya sabían que los iban a allanar y decidieron borrar y destruir las evidencias. Esta es una conversación de uno de los grupos de WhatsApp a las 8:04 de la mañana del viernes 13 de diciembre, poco antes de que llegara una comisión de la Inspección del Ejército. Sospecharon que también iba la Fiscalía, pero no fue así.

Casos Especiales

El informe confirma que hubo misiones de trabajo con objetivos que eran denominados como “blancos externos de las diferentes hipótesis de guerra”. Estas misiones incluyeron los “Casos Especiales” que contienen análisis a diferentes personalidades entre periodistas (nacionales y extranjeros), políticos y militares, así como ciudadanos del común.

“Los análisis presuntamente surgen de exámenes realizados a las reacciones en redes sociales, de los mencionados, a las publicaciones hechas por los medios de comunicación en temas específicos y de impacto nacional”, dice el documento elaborado por peritos de la Procuraduría, que actuaron como policía judicial en un apoyo solicitado por Lombana.

Estos “Casos Especiales” -dice el informe- estaban estructurados en un formato que contiene información personal, familiar y de publicaciones realizadas en redes sociales. También se habla de la revisión de buzones de los blancos asignados y refiere información de cuentas de Facebook.

El documento es clave porque, a partir del estudio de información técnica, subraya que la recolección de información sobre estos blancos “no estaban enmarcados en la misión”, como lo reveló SEMANA en el artículo las Carpetas Secretas. 

En contexto. 

Según el documento, en el marco de estos “Casos Especiales” se ubicaron misiones de trabajo “donde se plasman medidas de seguridad como realizar intervalos y saltos de red para disminuir el riesgo de ser detectados por agentes de la amenaza o por propios del Estado”.

El informe señala que, tras analizar las evidencias, se puede concluir que el batallón de Ciberinteligencia cuenta con capacidad para acceder a cuentas de correo electrónico. Esto no es un detalle menor. En enero, SEMANA publicó un informe llamado Chuzadas sin cuartel, en el que se reveló el detalle de seguimientos y chuzadas. Durante el allanamiento fueron interrogados varios varios capitanes y otros oficiales. Todos negaron haber cometido actos ilegales. Algunos fueron más allá y negaron tener acceso a cualquier herramienta informática, software o equipos. Afirmaron que escasamente se dedicaban a recolectar “información abierta”, es decir, lo que encuentran en internet y redes sociales.

Cómo espiaban

El documento advierte que no todas  las misiones de esta unidad militar estuvieron enmarcadas en una misión específica. Es decir, junto con misiones que sí eran legales y legítimas, también se desarrollaron otras por fuera de la ley, las cuales se determinaban dependiendo de lo que “considere el comandante y su plana mayor” . Para esto usaron varias herramientas informáticas que fueron encontradas en el allanamiento y que están descritas en el informe que tuvo durante meses la corte.

El informe consigna la existencia de diferentes formatos en los que se manifiestan los planes y necesidad de BACIB. También justifican las consecución de los mismos. Es el caso, por ejemplo, de la compra del Hombre Invisible, una herramienta informática para acceder a llamadas, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp. Un brochure completo de este software fue hallado en correos electrónicos del año 2018.

Cabe recordar que SEMANA reveló el contrato de compra de esta plataforma por parte del Comando de Apoyo de inteligencia militar (Caimi) a una empresa española representada en Colombia por un antigu oficial de la Armada Nacional. Fuentes aseguran que el proceso de compra se hizo a dedo.

Además, también se señala la existencia de otras herramientas como Proyecto Sable, un software que permite a través de procedimientos intrusivos recolectar información de sistemas informáticos de manera anónima.  O herramientas para el control de teléfonos Android. “Cuentan con herramientas para engañar y recolectar los datos comprometidos del adversario mediante la implementación de páginas web de acuerdo a las necesidades de la operación”, afirma el informe.

También existe el Proyecto Singapur y Panzer, herramientas de intrusión en los sistemas informáticos donde se instale, al igual que Perseo y Teseo. El informe asegura que mediante estas últimas se tuvo el listado de IMEI de teléfonos monitoreados. Esto es fundamental para realizar interceptaciones telefónicas. El documento no aclara quiénes pudieron ser víctimas de estas actividades, que esa unidad militar no podía realizar de forma legal.

El informe señala, igualmente, que se encontraron fotos de los pasaportes del expresidente Ernesto Samper Pizano. También figuran las imágenes de los pasaportes de Mateo Alejandro Córdoba y Lina María Mejía Torres, dos colaboradores del expresidente en la ONG Vivamos Humanos. 

También aparecen los pasaportes del ciudadano español Joaquín Gutiérrez García y la ciudadana argentina Cristina Alejandra Fahile. Y el pasaporte de Naciones Unidas de Antonio Pancorbo de Rato, al parecer un funcionario del Fondo Monetario Internacional.