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El informe que la JEP publicó con su visión del paro nacional
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP presentó en dicho informe un panorama de lo que dicho tribunal percibió en el marco de las movilizaciones.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP aseguró, a través de un informe, que el desarrollo prolongado de la protesta social en el marco del paro nacional y la forma cómo se ha respondido a las situaciones generadas por la movilización en las calles ha afectado el trabajo del Sistema Integral para la Paz (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas).
En un informe que refiere en múltiples oportunidades a las garantías de los manifestantes, el organismo señaló. “El paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la JEP y de los demás componentes del Sistema Integral para la Paz. Esta es la conclusión a la que llegó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en su informe más reciente de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los derechos humanos en Colombia. De acuerdo con este reporte, la situación es preocupante, ya que entre el 28 de abril y el 30 de mayo de 2021 aumentaron los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz, si se comparan las cifras con el mismo periodo de los años 2017, 2018, 2019 y 2020″.
“En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, dice el informe de la UIA.
Además, en el marco de las manifestaciones del paro nacional, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz señaló que cuenta con un registro de 16 afectaciones dirigidas en contra de organizaciones intervinientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Estas son el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Pueblo Awá, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y los Pueblos Indígenas del Norte del Cauca.
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De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Riesgos, las más afectadas son el CRIC (8) y el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (3). Los hechos se han presentado en siete departamentos del país y se han concentrado en el Valle del Cauca (5), Cauca (2) y Bogotá (2). Igualmente, este informe advierte el surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social. “Con ocasión del paro nacional, hay evidencias en por lo menos 27 ciudades, sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, reveló este reporte, que hace más énfasis en los marchantes y sus garantías que en la fuerza pública.
Asimismo, el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la UIA identificó 12 casos de violencia sexual que afectan a manifestantes y uno que afectó a una mujer policía en el transcurso del paro nacional. Para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP esta situación es alarmante, ya que, con ocasión a su participación en el paro nacional, “es probable que varias organizaciones intervinientes ante el Sistema Integral para la Paz incrementen su situación de riesgo de seguridad, por lo que se estarían presentando amenazas que tienen el potencial de obstruir su participación efectiva en los procesos que desarrollen las entidades del Sistema en el futuro”.
Finalmente, este reporte entregado por la UIA también señala que, en términos de frecuencia, Colombia ha sido el segundo país con una tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo (un muerto cada 36 horas), y que el paro nacional de 2021 tiene las cifras más altas de muertes violentas de personas que han participado en escenarios de protesta social en los últimos 44 años.
El informe completo, que apunta a suscitar controversia dado que refiere más a los marchantes, a sus garantías, y prácticamente no aborda los hechos de vandalismo o no los relaciona con ello, también refiere mucho menos a la fuerza pública y sus garantías, es este:
