El jalón de orejas de la Procuraduría a nueve gobernadores y 22 alcaldes por demoras en alimentación de niños

La Procuraduría General de la Nación sigue poniendo la lupa al cumplimiento de las entidades territoriales frente a al cumplimiento de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) que, pese a la pandemia y la virtualidad académica, debe entregarse a los menores. Por eso llamó la atención de 31 funcionarios entre alcaldes y gobernadores por demoras en la entrega.

A través de una comunicación, el Ministerio Público exhortó a nueve gobernadores y 22 alcaldes que no han reportado la fecha de inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en sus territorios, a cumplir con la prestación del servicio a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

El requerimiento enviado a 31 Entidades Territoriales Certificadas, cobija entre ellas las gobernaciones de Amazonas, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Nariño, Sucre y Tolima, y a las alcaldías de Barrancabermeja, Buenaventura, Cali, Ibagué, Valledupar, Villavicencio, entre otras. El órgano de control pidió informar sobre la fecha proyectada para iniciar la entrega de raciones.

Advierte la Procuraduría que: “En el caso de que aún no hayan empezado con el programa, la Procuraduría solicitó precisar las razones de los retrasos en la información que deben reportar a la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, así como las gestiones que se adelantan para garantizar la oportuna prestación del PAE”.

La PGN deja claro que, entre otras cosas, es obligación de las autoridades competentes respetar, proteger y cumplir los componentes mínimos que conforman el derecho fundamental a la educación, para lo cual el PAE es un requisito en la garantía del acceso a este derecho.

El Ministerio Público advierte que continuará “adelantando estricta vigilancia al Programa de Alimentación Escolar con el propósito de que las autoridades responsables cumplan adecuada y oportunamente con la prestación del servicio en los términos en que lo exige la ley, y se garanticen así, los derechos a la salud, alimentación equilibrada y educación de los niños, las niñas y los jóvenes beneficiarios”.

Hace unos meses, se había informado que la Contraloría General lanzó 30 alertas ante presuntos sobrecostos por $34.856 millones en contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la pandemia. Por lo tanto, la entidad dio apertura a cuatro indagaciones preliminares por $6.074 millones.

De acuerdo con Ricardo Montaña Castelblanco, supervisor de Seguimiento al PAE en la Contraloría, los riesgos hallados por esta entidad durante esta etapa inicial procedían de la revisión y análisis de 106 contratos en 34 entidades territoriales, por más de $570.000 millones.

Las cuatro indagaciones preliminares iniciadas involucran la contratación en los municipios de Chía, Cundinamarca ($3.771 millones); Medellín, Antioquia ($2.224 millones); Zipaquirá, Cundinamarca ($43 millones); y Arboletes, Antioquia ($34 millones).