El jalón de orejas de la Procuraduría al Gobierno por la puesta en marcha del Acuerdo de Paz

Justo cuando se cumplen cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, la Procuraduría emitió una comunicación de alerta dirigida al gobierno del presidente Iván Duque.

El organismo de control dice que la implementación del acuerdo ha sido desarticulada y, aunque se reconocen algunos avances, advierte que los principales problemas tienen que ver con la participación política, la planeación y la distribución de los recursos.

Por ejemplo, una de las principales preocupaciones es que para marzo de 2020 solo se había implementado el 60 por ciento de los compromisos acordados en el Plan Marco de Implementación (PMI) del acuerdo, pese a que esta tarea debía hacerse entre 2017 y 2019.

La Procuraduría afirma que “no se han diseñado todas las herramientas necesarias para hacer un seguimiento integral al proceso” y que el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) no presenta recursos invertidos ni acciones desarrolladas en los territorios.

“Para la Procuraduría es necesario que el Estado garantice la seguridad en los territorios para que la oferta social llegue a los municipios más afectados por el conflicto, lo que permitirá reducir las brechas económicas y sociales y lograr la transición de las economías ilícitas a lícitas”, dice el organismo de control.

Uno de los acuerdos que más preocupa es el de la participación política, debido al estancamiento que se evidencia con respecto al debate legislativo de los proyectos de ley que regularían lo acordado.

Entre los principales proyectos que se deberían aprobar se destacan los relacionados con la reforma política, la regulación de la protesta social y la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Así mismo, el ente de control destacó que se haya implementado el Estatuto de Oposición, el Consejo Nacional de Paz y que se hayan formalizado 475 Consejos Territoriales de Paz.

En el caso del punto relacionado a la reforma rural integral, la Procuraduría menciona que solo han sido adjudicadas 8.230 hectáreas, lo cual para ellos es “preocupante” porque el objetivo para 2027 es entregar 3 millones de hectáreas.

Sobre este punto también señala que del más de un millón de hectáreas que han sido ingresadas al Fondo de Tierras la mayoría presentan ocupaciones previas y “el 55 por ciento de los casos de formalización de predios ya avanzados corresponde a procesos previos a la firma del acuerdo”.

Así mismo, la Procuraduría reconoce que se han presentado avances por parte del Gobierno para garantizar la presencia del Estado en los territorios, pero que solo una de las 16 subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) cuenta con una hoja de ruta única.

En el caso del punto de reincorporación y garantías de seguridad, el Ministerio Público pidió que se avance en la acreditación de los excombatientes, se fortalezca el uso de tierras de manera productiva y se aumente la cobertura de proyectos aprobados, ya que hasta ahora solo el 35 por ciento de los excombatientes cuentan con uno.

Dijo también que se deben agilizar los tiempos de consolidación de los espacios territoriales y construir el Sistema Nacional de Reincorporación. También pidió que se implementen estrategias para reducir el riesgo de los excombatientes y que se fortalezca la Unidad Nacional de Protección (UNP) que para marzo de este año tenía 400 solicitudes en trámite pendientes.

En el caso de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la Procuraduría dice que solo se han atendido 99.097 familias de 56 municipios “y no a las más de 188.000 que firmaron acuerdos colectivos”, por lo que el 52 por ciento de quienes manifestaron su intención de ser parte del programa no están siendo incluidas.

El organismo de control también se refiere a la aspersión aérea con glifosato. Dice que esta debe ser precedida por una implementación de programas de sustitución de cultivos en los que se tenga en cuenta la participación de las comunidades y que esté incluido en la Reforma Rural Integral.

También reconoce el valor de tres entidades: la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Aunque también dice que se evidencian dificultades en la implementación del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Así mismo, hizo un llamado para que los actores del conflicto comparezcan ante estos organismos y cuenten toda la verdad.

Finalmente, con respecto a la financiación, dijo que hay falencias especialmente por la concentración de recursos en pocos proyectos de inversión. “Solo el 5 por ciento de los proyectos concentró el 60 por ciento de los recursos del presupuesto general destinado a la implementación del acuerdo”, menciona.