El juicio contra el hombre que mató a un perro de una patada

La hora del juicio

Carlos Alberto Mora enfrentó un juicio penal cuesta arriba. La preocupación por el bienestar animal está en boga en Colombia como en buena parte del mundo. El movimiento organizado en defensa de los animales nació hace más de 180 años; en decenas de países se han creado leyes anticrueldad y los animalistas más rabiosos plantean máximas del tipo: «La carne es un asesinato». No es fácil salir incólume de un juicio por patear dos perros. 

El médico inculpado por la Fiscalía de maltrato animal con sevicia estaba seguro que poder explicar lo ocurrido. Basó la defensa en tres cartas fundamentales: su testimonio, el de sus hijos, y en el concepto de un perito experto en el comportamiento de los canes según su raza.

Las cosas, sin embargo, no resultaron como las proyectó. La etapa previa al juicio estuvo llena de contratiempos, relevos de funcionarios y tecnicismos jurídicos. Así pasaron muchos meses. Luego llegó el momento en que tanto la Fiscalía como el acusado señalaron ante la jueza –Juzgado 28 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá– las evidencias y testimonios que usarían en el juicio. Desde ese momento empezaron los reveses para el médico, fue evidente que la togada sería severa con él y laxa con su contraparte. En varias oportunidades la jueza acusó a Mora de querer dilatar el proceso con falsas excusas para que los tiempos legales vencieran antes de llegar a un veredicto. “Son estrategias dilatorias, y no voy a caer en eso”, le advirtió. 

Mora, a través de su abogada defensora Sandra Liliana Ramón, solicitó que en el juicio fueran escuchados sus dos hijos, Emiliano y Samuel, para entonces de 5 y 7 años. Querían que como testigos presenciales contaran lo ocurrido el día en que se toparon con Blair y Benji, cuando se desató el lío en que ahora estaban envueltos. Pero la jueza se negó. No permitió la participación de los niños, adujo que sus testimonios serían “repetitivos” y que la abogada de Mora había cometido un error insalvable “toda vez que no se hizo la debida petición de un defensor de familia y un psicólogo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar”. 

Algunos documentos del proceso penal se refieren a la mascota Blair como la "víctima". Era una perra de raza Yorkshire de apenas 17 centímetros de altura. Foto: archivo particular. 

La abogada Ramón insistió. Dijo que se sobreentiende que todo testimonio debe ser recaudado como manda la ley y que no expresar esa obviedad no podía ser razón para negar los testimonios. Formuló apelación pero al cabo de unas semanas el juez de segunda instancia confirmó la negativa. Los niños no podrían participar del juicio. La segunda instancia señaló que permitir esos testimonios haría que los pequeños fueran “revictimizados”. La paradoja es que la defensa de Mora había planteado que era importante escuchar a los niños, y en particular a Emiliano, para que contara cómo fue atacado por el perro. Pero frente a eso la jueza 28 consideró: “Eso no es objeto de los hechos, toda vez que estos no son los hechos que se están investigando”. Según ese criterio, compartido por la Fiscalía, el niño no era víctima y el caso debía suscribirse al ataque que sufrieron los perros Benji y Blair, y que le ocasionó la muerte al primero y graves lesiones al segundo. El ataque de las mascotas a Emiliano y Samuel, no tenía caso.

Según la versión de Mora y la de su esposa Catalina Posso, sus hijos Emiliano y Samuel eran las verdaderas víctimas en todo el embrollo. Sus razones, aunque desatendidas, eran válidas. Desde este punto de vista lo ocurrido el 12 de julio de 2016 fue un desastroso desenlace del que Mora no era el único responsable.

La otra versión: un segundo ataque

El médico acusado sostiene que cuando pateó a los perros, “una sola patada le di a cada uno”, lo hizo como una reacción instantánea para proteger a los niños ante un nuevo ataque súbito de las mascotas: “Lo único que hice fue actuar para defender a mis hijos de un segundo ataque de los perros en el mismo día, ya que en el primer ataque el perro fue tan rápido que ni mi esposa ni mi hijo se pudieron defender”, explicó Mora.

Los padres de Emiliano y Samuel insisten que en reiteradas ocasiones le pidieron a su vecina Silvia y a la hija de esta, Juliana, que sacara a los perros con collar. Además que debían controlarlos porque los animales tenían la manía de arrojarse contra los niños. Mora incluso le dijo a la Fiscalía que aunque la raza de los canes no era peligrosa otros vecinos habían tenido problemas con los perros porque estos lanzaban a morder. Y puso por ejemplo el caso del señor Mogollón, del tercer piso. Más adelante, cuando Silvia pasó al estrado y su contraparte le preguntó si los vecinos, el administrador o los vigilantes le habían pedido que paseara a los perros con correas, ella admitió: “Sí, todo mundo”.

Sobre el primer ataque la madre de los niños dijo: “El 13 de julio a las tres de la tarde recogí a mi hijo Emiliano. Íbamos entrando al edificio cuando uno de los perros corrió, rodeó al niño y lo mordió en la pierna izquierda. Me asomé al corredor y venía Juliana con otro niño, chateando en el celular. Se acercó y me preguntó qué pasó. ‘Pues que su perro mordió a mi hijo’, le respondí. Emiliano tenía una mordida. Llamé a Silvia, la mamá, pero no contestó. Después respondió el chat: puso cara de asombro, y luego no llamó. Luego llamé a mi esposo, y le dije que el perro de Silvia había mordido al niño”. 

Carlos Mora asegura que el episodio de la mordedura del perro a Emiliano era lo único que tenía en la mente, cuando un poco más tarde, pasadas las siete de la noche, vio que el ágil e incisivo Blair atacó una vez más a sus niños. “Un perro de ese tamaño para un adulto puede ser pequeño, pero para un niño que apenas mide un metro, es grande. Y como eran dos animales que venían atacando y ladrando a mis hijos y ese día uno ya había mordido a mi hijo. Vi un peligro inminente y actué con la necesidad de proteger la integridad física de mis dos hijos de 4 y 5 años”, explicó.

Mientras que la Fiscalía consideró que Mora debía pagar el delito de maltrato animal agravado porque la conducta se cometió con sevicia y en presencia de menores, el acusado insistía en que su única intención fue proteger a los niños y evitar una lesión mayor a la ocurrida horas antes. Frente a la pregunta de si antes había maltratado a los perros de su vecina, el acusado respondió: “Nunca, ni siquiera con palabras. Los perros no tenían la culpa. La culpa es de la dueña por irresponsable y por no cumplir con las normas de convivencia y con la ley de tenencia animal que obliga a tener los perros con collar”. 

Blair, como se observa, fue objeto de devoción. Le hiciceron una especie de altar con velas, flores y recordatorio. Foto: archivo particular.

Los descargos del médico y su esposa, por supuesto, nunca fueron virales en las redes sociales. Tampoco lo fue ninguna etapa del juicio. Entre los centenares de folios que hoy conforman el expediente hay un breve documento que fue desestimado: el certificado de la clínica que le prestó atención médica al paciente Emiliano de “4 años y un mes de edad” quien acudió con sus padres horas después de haber sido atacado por un perro. Allí se lee: “Paciente quien a las tres de la tarde sufre mordedura de perro en región poplitea izquierda pequeña, no sangrado activo, no salida de secreción, no provocado. Perro observable de la vecina. No fiebre. Refiere perro vacunado, pero no se cuenta con carné de vacunación”.  Los pediatras expidieron una incapacidad médica por tres días ya que Emiliano “cursa prekinder”.  

“La juez es animalista”

Los impases en las etapas preparatorias del juicio hicieron que la relación entre el acusado y la jueza fuera más agria. En múltiples audiencias Mora fue requerido por la togada para “sentarse bien”, “adecuar su postura” e incluso, una vez empezaron a desfilar los testigos de la Fiscalía por el estrado, la jueza le ordenó al médico no mirarlos a la cara porque podría intimidarlos. El trato por parte de la jueza, estricto para con Mora y su defensa, contrastó con las maneras amables que tuvo para con las víctimas. 

Cuando Silvia y Juliana, madre e hija, subieron al estrado para dar su testimonio hubo un momento de shock y fue necesario decretar un receso para que ellas secaran sus lágrimas y recuperaran la calma. “Para nosotras –dijo Silvia– Blair era una hija, y era la reina de la casa. Todavía nos afecta, saber que murió de esa forma tan cruel. Fue muy duro”. Luego, cuando la jueza retomó las preguntas a Juliana cambió el distante ‘usted’ por cálidos ‘tú’. Y más adelante llamó al orden a la abogada de Mora porque supuestamente estaba “acostada sobre la mesa”.

Mora tuvo un pálpito. Sintió que algo estaba mal y que perdería el juicio si no lo descubría a tiempo. Fue cuando decidió contratar a un grupo de detectives privados que se sumarían a su equipo de defensa. Se trató del “Grupo de Investigaciones Especializado Juan Miguel Angarita”, una oficina de expertos en criminalística.  Estos analizaron los avances del caso y emprendieron varias pesquisas. Al cabo de un tiempo le entregaron a Mora un informe de 30 páginas con interesantes hallazgos.   

El médico decidió jugarse el todo por el todo con esa carta reveladora. Estaba tan convencido que decidió apartar a su abogada por un momento, tomar la palabra y plantear él mismo el asunto. “Señoría este acusado de la manera más respetuosa –dijo– formula recusación en contra suya”. Mora empezó a dar lectura a un documento con el que esperaba sacar del caso a la jueza y que el proceso fuera sumido por otro juzgador.

Primero leyó las consideraciones de ley que lo habilitaban para recusar como único camino cierto a fin de tener un juicio con garantías. Y poco a poco se fue aproximando a la candela. “Señora juez, este acusado se siente ya condenado por su despacho. He visto con profunda preocupación, tristeza e impotencia la manera que usted ha manejado el proceso siempre en contravía de mis intereses”, dijo. Hizo un recuento extenso de lo que en su criterio había sido un trato desigual: la negativa reiterada a cuanta petición hacía y la admisión amplia de todo lo que solicitaba su contraparte. 

Antes de acometer al punto más sensible, Mora intentó un par de lisonjas dirigidas al juez de segunda instancia que al final sería quien resolviera la recusación. “Para este acusado, creyente en la imparcialidad de la justicia, es preocupante y triste sentirme precondenado”, dijo. Acto seguido volvió a la carga con cuestionamientos a la jueza porque todo lo que hacía la molestaba. “Que si hablamos, que si nos sentamos mal, le confieso que no sé cómo sentarme, su señoría. No sé a dónde mirar o qué hacer mientras estoy en las diligencias…”. Y ya sin más se lanzó a la carga: “Señora juez, he tenido que soportar un alud mediático muy fuerte por este caso y tenía la idea de que podría defenderme en un juicio justo e imparcial, como es mi derecho. Sin embargo debo decir que gracias a información obtenida por un equipo de investigadores ahora entiendo las razones de la jueza que preside la audiencia. Si me lo permite voy a leer dicho informe”.

Luego enunció el nombre completo de la juez 28 de conocimiento y explicó que los investigadores habían hecho un estudio del Facebook de la togada encontrando noticias, fotos y videos “varias publicaciones con tendencia netamente animalista”. Señaló que en el muro de la jueza había al menos 28 publicaciones recientes en que ella compartía ese tipo de contenido. El acusado exhibió y explicó uno a uno los pósteres recopilados en la red social. Señaló, por ejemplo, una publicación compartida por la jueza sobre la temática del maltrato animal. Dijo que había otra sobre las consecuencias que traen los pesticidas para las abejas, otra en la que se asegura que ‘tener un gato en casa es la solución a todos los problemas’. Una más que, con ilustraciones, señalaba: “Cuatro acciones que dicen mucho sobre una persona 1) Cómo trata a un mesero. 2) Cómo trata a un niño 3) Cómo trata a un anciano 4) Cómo trata un animal”. Y otra con imágenes de todo tipo de mascotas y la consigna de que son ‘pastillas para la felicidad’.

Concluida una larga y minuciosa exposición de ejemplos, Mora fue a la esencia del argumento. Señaló que el animalismo es una ideología que propende por reconocer para los animales los mismos derechos que a un ser humano, y cuya vida debe ser respetada de la misma manera que la vida de cualquier otro, hombre o mujer. Recalcó que los animalistas no se limitan, como muchos creen, a defender a caballos, gatos, perros o vacas sino que van más allá porque un verdadero animalista sostiene que toda ser, todo animal no humano, debe ser ante cualquier circunstancia respetado en tanto ser vivo.

Mora, lleno de confianza y por un momento desatado del miedo, cerró la recusación en estos términos: 

«Como puede verse en las distintas publicaciones, la señora juez es animalista, pues más de 28 veces en el último año compartió publicaciones de este tipo. Su criterio está completamente parcializado. Su amor hacia los animales no le ha permitido ser imparcial en este caso donde se me investiga por el delito de maltrato animal. Sobra decir que las publicaciones son de una red social pública, en donde cualquier ciudadano sin permiso de autoridad puede acceder. Expreso el temor que tengo porque estoy seguro que estoy pre-condenado. De manera respetuosa, señora juez, le solicito se aparte del caso». 

De nada le sirvió. La jueza dio la palabra a la fiscal y luego a la abogada de Silvia y Juliana. Ambas rechazaron la recusación y pidieron que la jueza se mantuviera al frente del caso. La opinión de la Procuraduría no se conoció por ausente. Al final la togada no aceptó el recurso. Rechazó ser catalogada como animalista y argumentó que una jueza, por ejemplo, amante de los niños no podía ser señalada de “humanista” y en virtud de ello apartada de un caso. 

La jueza consideró que se trataba de otra maniobra de dilación para obstruir la justicia y ordenó una investigación contra la defensa de Mora. Pero eso no fue todo. Preguntó quién había impartido orden a los investigadores privados para auscultar su Facebook. El acusado explicó que había sido él mismo dentro de su derecho a la defensa. “Si bien es cierto, las redes sociales son públicas, para uno poder usar una foto debe pedir permiso”. Punto seguido y preguntó “¿Pedir permiso a quién?”. Y ella misma se respondió: “A mí”. El punto tenía que ver con que en las impresiones que había hecho Mora para documentar las publicaciones de la jueza en Facebook aparecía diminutas fotos de la usuaria. Según la togada eso era una violación a su intimidad y la ponían en peligro, no solo a ella sino también a otros funcionarios de su despacho que también salían en las fotos.

Evidentemente molesta, la jueza también negó haber tenido un rasero especial para la Fiscalía y explicó que si en varias oportunidades le había ordenado “sentarse bien” al acusado o a su abogada, no había sido por un capricho sino en razón de una ordenanza del Consejo Superior de la Judicatura que así lo estipula. 

Todo resultó un desastre para Mora. Más adelante un juez de segunda instancia resolvió de fondo la recusación. Este dijo que le resultaba censurable que un administrador de justicia fuera atacado por sus creencias, posturas políticas y religiosas, y señaló que si bien la jueza de conocimiento “en su vida social se haya unido a grupos con tendencia animalista, para las presentes diligencias dicha situación no constituye un acto de prejuzgamiento”. La decisión, en síntesis, fue que el criterio de la jueza no estaba comprometido y podía seguir adelante para decidir de fondo el caso. 

Así fue. El caso continuó. Y la jueza 28 siguió impartiendo justicia según su criterio. Una escena de comedia tuvo lugar cuando pasó al estrado la señora María Teresa Delgado, la empleada del servicio que llevaba a los perros cuando ocurrieron los hechos. La Fiscalía le preguntó su edad y la mujer dijo “como 65”. Desde esa respuesta fue claro que tenía problemas con su memoria más elemental. Sin embargo, con paciencia y empeño se logró escuchar su testimonio en audiencia. Al final, cuando la jueza trató de hacer que identificara al hombre que había pateado los perros fue necesario orientarla como solo se ven en ciertas obras de teatro patéticas:

Jueza: Señora María Teresa usted ha indicado que el acusado... Que se encuentra en sala y le voy a pedir que levante su mirada. Señora María Teresa, mire hacia allá, de las personas que están acá en las sillas, ¿conoce a alguno de ellos? 

Testigo: Al señor.

Jueza: El que está… ¿cómo está vestido, indíquenos cómo está vestido?

Testigo: ¿Que cómo está vestido?

Jueza: Hoy cómo está vestido el señor, o sea, el que agredió ese día a los los perritos. Díganos cómo está vestido y si está presente acá en la sala.

Testigo: Está de negro

Jueza: ¿Y está acá en la sala?”

Testigo: Sí señora.

Jueza: Es el único hombre porque únicamente acá hay tres mujeres…

Testigo: Sí señora.

Jueza: ¿Es el señor que está acá? ¿Es el mismo?

Testigo: Sí señora

Jueza: Esta funcionaria deja constancia que en aras de darle certeza a la prueba que se está debatiendo acá, se ha identificado por medio de la testigo que hoy nos acompaña al presunto agresor de las dos mascotas que fueron vulneradas y lesionadas el día de los hechos. Gracias. 

Otra escena tragicómica se dio cuando le llegó el turno de declarar a la esposa de Mora. La mujer, ama de casa de 35 años y abogada de profesión, fue duramente cuestionada por la juez. Su interrogatorio estuvo lleno de tensiones y choques con la togada pues Catalina Posso insistía en querer narrar cómo su hijo había sido atacado en dos oportunidades por el perro Blair. Eso incomodó. Al final la funcionaria la interrumpió:  

Jueza: ¿Y usted llevó al niño a la URI? ¿Existe alguna denuncia por estos hechos?

Catalina Posso: Sí, yo puse la denuncia por lesiones personales. Y en dos ocasiones me reuní con mi vecina Silvia. El número del radicado es…

Cuando la madre del menor se disponía a leer el número oficial del documento, la jueza la interrumpió nuevamente. Dijo que ese elemento no había sido debidamente incorporado en el proceso y por tanto era a lugar traerlo a colación. Catalina, entre desconcertada y frustrada dijo: “Señora jueza, con todo respeto, yo sí quisiera que quedara grabado en el registro de audio y que se conozca que sí hubo una denuncia por el delito de lesiones personales en contra de Silvia. Que de hecho esa denuncia fue radicada el día siguiente de los hechos. Lo considero, como madre de la víctima, porque mi hijo es una víctima”. Pero la jueza no cedió. Todo lo contrario, reafirmó el tono de su voz y nuevamente impuso su autoridad: “Señora, acá no están investigando las lesiones personales de ningún menor de edad. Usted se limita a contestar lo que le pregunte”. Y la madre, impotente: “Bueno, sí señora”.

Una vez concluyó el testimonio de Catalina, le correspondió el turno a Nélson Baquero Castillo, experto en conducta canina. Este perito era parte de las cartas de defensa del acusado. A través de su relato Mora quería ilustrar a la juez sobre las características de los Yorkshire, la raza del desaparecido perro Blair. El etólogo señaló que dicha raza provenía de Europa y que originalmente fue desarrollada para la cacería de roedores. Explicó que podían ir en persecución de una presa y morderla, a diferencia de un “pastoreador” que cuida y ladra pero no va al ataque. 

“Según su conducta y educación pueden ser muy nerviosos, amistosos o de tendencia agresiva”, dijo Baquiero y aclaró que “el nervioso puede puede llegar al punto de reacción y atacar por instinto”. El experto señaló que era común encontrar en ese tipo de animales ejemplares con el síndrome de Napoleón. Es decir, perros de corta estatura pero aún así de gran poder, activos, rápidos, celosos y con el instinto de salir a defender su territorio y a sus amos. Remató señalando que son perros que generan problemas de convivencia y por tanto no es una raza recomendada para niños. 

Pero la jueza decidió no tener en cuenta nada de lo dicho por este experto. Tras escucharlo lo descalificó porque no tenía un título profesional que lo avalara como auténtico experto en el comportamiento de los animales. Para la funcionaria no era válido que el perito se hubiera formado, décadas atrás en España cuando la etología no era una carrera universitaria, y que tuviera una larga experiencia en el oficio. Para la funcionaria nada significó que el experto fuera un gran adiestrador, reconocido dentro y fuera del país como “El encantador de perros”, y que cualquiera puede ver parte de su trabajo en YouTube.

La conclusión del caso no podía ser otra. Justo después que la jueza escuchó los testimonios de cierre de Catalina Posso y del descalificado experto, anunció el veredicto condenatorio contra Carlos Alberto Mora Alape, e hizo lectura del texto decisorio. Quedó claro que las últimas intervenciones eran solo un formalismo a agotar, sin posibilidad en el incidir en el veredicto. El médico Mora fue condenado a una pena de 2,4  años de prisión, y multa de 15 millones de pesos.  

Sobre el primer ataque, la jueza consideró que Juliana había actuado correctamente al ofrecer excusas y le restó gravedad a la mordida señalando que solo había significado “un rasguño” para el niño. Y acerca de la versión de la madre dijo que no era creíble. 

La pregunta clave de todo es si hubo un segundo ataque que no afectó a los menores por la intervención del padre, o si este al encontrarse con las mascotas decidió cobrar venganza. La jueza concluyó lo segundo. Dijo que Mora hizo justicia por mano propia y admitió que hay que cuidar a los niños (“yo también soy madre”) pero sin darles ejemplos de violencia sino con “mesura”. La jueza dijo que los perros no eran una jauría o una manada y por tanto el proceder del médico había sido una retaliación desmedida que mató a Blair y dejó a Benji con problemas hepáticos e incontinencia. Carlos Mora anunció que interpondría apelación. Consideró que ya no podría irle más mal.