Ordenan libertad de Alessandro Corridori, cerebro del descalabro de Interbolsa

Un juez de Bogotá dejó en libertad al italiano Alessandro Corridori, señalado de ser el máximo responsable del descalabro de la comisionista Interbolsa. En la misma decisión quedaron en libertad Carlos Arturo Neira, representante legal de P&P Investment, y la empresaria Claudia Jaramillo.

La juez 10 de Conocimiento, Teresita Barrera, acogió la argumentación de los abogados de los implicados, puesto que pasaron más de 120 días desde que los tres fueron privados de su libertad sin que se iniciara el juicio en su contra.

Estas personas fueron imputadas por la Fiscalía por los delitos de abuso de confianza, administración desleal y manipulación de acciones.

Fuentes del Inpec aseguran que la libertad de dos de los implicados (Corridori y Neira) se daría este jueves, dado que la autorización no ha llegado a la cárcel La Picota, donde están recluidos.

En el caso de Alessandro Corridori, la Fiscalía lo investiga por la manipulación de las acciones de Fabricato -firma de la que era accionista mayoritario- y por el desvío de millonarios recursos de los inversionistas al Fondo Premium, dinero que terminó en sus manos a través de créditos impagos.

Su esposa, Claudia Jaramillo, tiene detención domiciliaria, trabajó en la comisionista Interbolsa por más de siete años y se habría prestado para ejecutar algunas de las irregularidades que luego se hallaron en esa firma financiera.

El pasado 20 de marzo, la defensa de los señalados habían hecho un primer intento para conseguir su libertad. Pero un juez de Bogotá la negó bajo el argumento de que no habían pasado los 120 días desde la audiencia de acusación para que se diera inicio al juicio oral.

¿Quién es la jueza que ordenó su libertad? Se trata de Teresita Barrero, la misma que en junio del 2014 dejó en libertad al 'hacker' Andrés Sepúlveda. En ese entonces, anuló la imputación de la Fiscalía en contra del experto informático y, por ello, determinó revocarle la medida de aseguramiento.

Ese caso, en su momento causó polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, pidió que se investigara la conducta de la juez por la conducta de prevaricato.

Para la togada, el anuncio del fiscal general de investigarla por el delito de prevaricato por acción no sólo la afecta a ella, sino a todos los funcionarios que imparten justicia en el país "porque cuando no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman, el mensaje que se envía es que cometió un delito".