Que las Farc digan la verdad y respondan por sus crímenes

En las últimas horas, el exministro y redactor del Acuerdo de Paz, Álvaro Leyva, le pidió al líder de la Farc Rodrigo Londoño, Timochenko, aunque también incluyó a Mancuso, que sin contar lo sucedido no habrá paz en Colombia. Por eso les pidió que acudan a la Comisión de la Verdad para esclarecer todos los hechos.

El llamado del exministro no es el primero en ese sentido. A él se suman importantes personajes que estuvieron conversando durante varios años con los exguerrilleros y lograron que se aprobara el Acuerdo.

El expresidente Juan Manuel Santos dijo que si no esclarecen estos delitos “están jugando con candela” y que es esencial que se reconozcan en las instancias correspondientes para continuar su vida desde la legalidad.

“Deben ir ante la Justicia Especial de Paz y ahí hacer el reconocimiento y pedir perdón, porque si no lo hacen, pierden sus beneficios jurídicos”, aseguró el expresidente y nobel de paz.

Humberto de la Calle, quien se desempeñó como jefe negociador del Estado en los diálogos con las Farc, dijo que “es desacertado, es un mensaje muy malo, les hace daño a ellos mismos y a la Jurisdicción Especial para la Paz tratar de eludir esas responsabilidades; no es justamente una de las bases de lo que se acordó en el Teatro Colón”.

Una de las instancias creadas por el Acuerdo, y que ha sido objeto de críticas, ha sido la JEP. Sus detractores sostienen que las investigaciones no avanzan y piden acabarla para evitar impunidad.

Frank Pearl, quien formó parte del equipo negociador, le dijo a SEMANA: "Como alguien que se la jugó por más diez años para sacar adelante el Acuerdo de Paz, tengo el deber moral de exigirle a las Farc, y a todos los actores del conflicto, que digan la verdad sin tapujos. Negar los hechos que son evidentes y que ocurrieron en el conflicto es una afrenta a las víctimas y Colombia no está dispuesto a tolerar eso".

Frank Pearl fue uno de los negociadores del Acuerdo por parte del Estado.

Senadores que han apoyado el Acuerdo y que estuvieron muy cercanos al proceso también han pedido que se reconozcan estos delitos, pero también han hecho un llamado de la importancia de que otros actores también reconozcan sus faltas para lograr una verdadera reparación en Colombia.

"Así como las Farc tienen que reconocer sus delitos en la guerra, porque la guerra por supuesto genera muchas atrocidades, también lo tienen que hacer los militares que fueron financiados y que tienen mucho que decir sobre los terceros y también lo tienen que decir los agentes del Estado. Si no dicen la verdad, serán expulsados", dijo el senador Roy Barreras.

Iván Cepeda afirmó que “el reclutamiento de niños y niñas en los conflictos armados es un delito que quedó incluido en el acuerdo final, y sobre el que la sociedad colombiana espera plena verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”.

Uno de los mayores anhelos de quienes le apostaron a la paz es la verdad, la reparación y la no repetición de lo sucedido, hechos que todos los colombianos evidenciaron o vivieron de alguna manera y que no tiene ningún sentido que sean negados.

Lo que generó toda la discusión de nuevo fue que los líderes del partido Farc desconocieron estos hechos. La segunda vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, y Timochenko, negaron y desviaron el tema cuando se les preguntó por el reclutamiento de menores que se evidenció durante años como una práctica de este grupo en su época insurgente.

El hecho molestó sobremanera porque utilizar a los menores de edad para el conflicto es considerada una de las peores prácticas de la guerra y ha causado mucho dolor en el país.

Ramírez le dijo a SEMANA en su momento que “si hay una queja, algún informe sobre este tema, vamos a solucionarlo en la JEP; allá vamos a comparecer y cada vez que nos requieran estaremos acudiendo porque ese es nuestro compromiso (...) Todo lo que se presente irá a la JEP para ser juzgado y serán ellos quienes determinarán de qué somos responsables y cuál será la reparación”.

Sandra Ramírez fue escogida como segunda vicepresidenta del Senado.

La primera que reconoció este tipo de delitos fue Victoria Sandino, quien dijo en una comisión virtual del Congreso que "estos hechos se presentaron en la organización. No conozco a profundidad los hechos y estoy segura de que se presentaron porque estábamos en el marco del conflicto y tenían armas, y eran hombres machistas, patriarcales también".

La verdad aún parece lejana y las víctimas siguen esperando una reparación justa y mayor compromiso en la implementación de los acuerdos por parte de todos los actores involucrados.

La JEP dejó en firme el llamado a 14 exjefes de las Farc por los casos de reclutamiento infantil. Varios líderes exguerrilleros han tenido que comparecer en versión reservada. Esta semana, Pablo Catatumbo y Édgar López, “Pacho Chino”, tuvieron que presentarse ante la justicia transicional.

“Haremos presencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpliendo el compromiso adquirido como firmantes del Acuerdo de Paz, en respeto a la verdad de las víctimas, de cara al país, comprometidos con la reconciliación y con la convicción de que estos hechos dolorosos que afectaron la sociedad colombiana no deben volver a repetirse”, expresaron por medio de un comunicado antes de acudir.

Los colombianos esperan la verdad y poder superar los hechos de violencia que vieron y vivieron durante más de cincuenta años. El proceso ha sido lento, pero la confianza de quienes consideran que esta ha sido la mejor salida al conflicto respaldan que se pueda dar una transición a un país en paz.

El anhelo parece aún lejano cuando se evidencian conflictos con otros grupos armados o con la implementación del Acuerdo por parte del Estado. Esta semana también se conoció un informe que muestra que aún faltan varios puntos por implementar, y lo que más preocupa es la seguridad de los excombatientes que están siendo asesinados.

El pedido no solo ha sido de políticos, sino también de líderes de opinión. María Jimena Duzán escribió en una de sus más recientes columnas: "Como van las cosas, es probable que en un año y medio, cuando el país esté en plena campaña presidencial, en la JEP exista este escenario: cerca de 200 sentencias tramitadas en contra de la fuerza pública, pero ninguna en contra de las Farc. Semejante asimetría le serviría al uribismo de munición no solamente para ganar las elecciones, sino para confirmar su tesis de que la JEP fue hecha para garantizarle la impunidad a las Farc".

Vea la entrevista de María Jimena Duzán con la presidenta de la JEP Patricia Linares en SEMANA en Vivo: