El megalío del IDU por el lote de DMG: un nuevo capítulo de la crónica de una expropiación irregular

Son 14 mil millones de pesos los que están en juego en una trascendental audiencia de conciliación que se celebrará el próximo 17 de mayo, a partir de las 11:30 de la mañana, en la sede de la Procuraduría General. Con esta diligencia se escribirá un nuevo capítulo en medio de la larga y compleja disputa por una parte del megalote ubicado en la calle 192 con Autopista Norte, en Bogotá.

SEMANA revela detalles inéditos del proceso que enfrenta a la sociedad Colbank S.A. - Inversiones López Piñeros Ltda., con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Los demandantes esperan que tras la audiencia de conciliación se cierre esta historia de una vez por todas. De no llegar a un acuerdo, se pasará a un juicio que, además de extenso, triplicará las cifras.

Quince años después de la intervención de la pirámide DMG por parte del Gobierno todo lo que está a su alrededor se ha convertido en una verdadera papa caliente para todo aquel que ha intentado tocarla.

La extinción de dominio que se hizo en contra del lote donde DMG realizaba varias de las actividades de promoción, entretenimiento y entrega de beneficios con sus clientes, y que iba a ser utilizada para reparar a los miles de víctimas que dejó la caída de esta captadora de dinero, se encuentra hoy en un complejo limbo jurídico entre Colbank-Inverlópez y el IDU que, como se reclama en la demanda, “expropió ilegalmente” en contubernio con la Superintendencia de Sociedades.

Todo esto pese a las advertencias de los reclamantes en las acciones judiciales. “De manera fraudulenta”, advierte la demanda, la Superintendencia “procede a inventarse una extinción de dominio a favor de un particular (...) sin que existiera la sentencia de juez competente que ordenara dicha extinción de dominio”.

Todo esto por la seguidilla de irregularidades y negligencias que se presentaron en 2013 cuando, durante la Alcaldía de Gustavo Petro, y por motivos de fuerza mayor, se requirió la construcción de dos nuevas estaciones de TransMilenio en la Autopista Norte. De un plumazo, el IDU decidió que 1.058 metros del predio de Las Mercedes, iban a ser utilizados para la construcción de un puente peatonal que conectara a la estación Terminal.

El punto clave de la reclamación por parte de los demandantes es que se presentaron varias irregularidades en la entrega del predio y el valor cancelado por el IDU a la agente liquidadora de DMG. Por esto se pidió revisar “el título de depósito judicial” que aparece en los documentos.

Por eso, en las demandas y denuncias conocidas en su totalidad por SEMANA se cuestionó la actitud y mala fe de la agente interventora de DMG, considerando que incurrió en “falsedades” durante la liquidación de la pirámide, para así “robarse este inmueble” que tiene una extensión de 1.558,33 metros cuadrados.

Los reclamantes le piden al IDU una reparación por los daños emergentes (3.174 millones de pesos por el valor comercial del terreno); el lucro cesante (8.380 millones de pesos por concepto de lo dejado de percibir como frutos civiles por más de ocho años), y los daños morales (mil millones de pesos por la “depresión emocional” que sufrieron los propietarios al ver cómo los despojaron ilegalmente de su propiedad sin ningún tipo de indemnización y además se le pagó a un tercero, producto de una falsa extinción de dominio que dañó el buen nombre de los propietarios y los socios).

“En contraprestación de esas sumas de dinero, los convocantes procederán a legalizar y suscribir la escritura pública respectiva de renunciar a cualquier acción indemnizatoria”, señala una de las peticiones de la conciliación propuesta por la sociedad inversora Colbank e Inverlópez.

De esta forma se quiere evitar extender el litigio y promover el colapsado sistema judicial de Colombia con un caso que se pudo haber evitado si se hubiera aplicado desde la ley y los principios básicos del Derecho, que señalaban que no se podía aplicar una extinción de dominio a una sociedad como DMG, que había sido intervenida por el Gobierno y no tenía con qué responder.

Esta seguidilla de irregularidades motivó la presentación de una denuncia penal en contra de la agente liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, la cual se encuentra actualmente en la Fiscalía 55 Seccional de Bogotá.

En la denuncia presentada por los representantes de Colbank se cuestiona la idoneidad y capacidad de María Mercedes Perry como agente liquidadora, recordando que en más de una oportunidad su nombre ha sido fuertemente cuestionado por los procedimientos que ha adelantado. “Tiene activas más de 24 indagaciones”, como lo manifestó en la audiencia celebrada el pasado 31 de enero el magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, Jorge Eliécer Gaitán Peña citando un informe allegado a su despacho por la Fiscalía General en medio del proceso disciplinario con radicado 2022-006675.

Como dato en color, en un documento conocido por SEMANA, la Superintendencia de Sociedades le realizó una invitación especial a Colbank S.A. al evento “1.000 empresarios éticos”, pese a que en más de una oportunidad han cuestionado la lealtad de la empresa.